SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2022-S2

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2022-S2

Sucre, 18 de mayo de 2022

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator:   MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

Acción de amparo constitucional

Expediente:                40428-2021-81-AAC

Departamento:           La Paz

En revisión la Resolución 004/2021 de 12 de mayo, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcial Silvestre Flores contra Rodolfo Mamani Tola, Secretario General del Sindicato de Transportes Mixto 26 de julio de Patacamaya del departamento de La Paz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de mayo de 2021, cursante de fs. 6 a 18 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 30 de abril de 2021, mediante nota dirigida ante el Sindicato Mixto de Transportes 26 de julio de Patacamaya del departamento de La Paz, requirió un informe detallado de los nombres completos de socios propietarios o choferes del sector taxis que -según afirma- el 14 del citado mes y año, se encontraban “…OBSTACULIZANDO la casa de justicia de Patacamaya…” (sic) que viene conociendo su denuncia por delito de violación a su hija menor de edad. El mismo día solicitó ante dicha instancia que se le extienda hoja de ruta, en su calidad de afiliado y socio propietario dentro del mencionado sindicato. Haciendo conocer que fue privado de dicho documento afectando -sin razón- su derecho al trabajo.

Ambas peticiones, fueron de conocimiento del ahora demandado y acusa que hasta la fecha de presentación de su acción tutelar no obtuvo respuesta alguna, inclusive tras presentar una nueva nota de 5 de mayo del mismo año solicitando un pronunciamiento. No obstante dicha misiva tampoco fue atendida, lesionando sus derechos constitucionales. Agregó que en el citado Sindicato, no concurre control, celeridad, transparencia, formalidad, honestidad, lealtad, respeto y solidaridad, especialmente en el sector taxis. Finalmente indicó que acudió ante la máxima autoridad del sindicato; por lo que, no existían más vías para agotar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la petición y por conexitud a la propiedad, al trabajo, a la alimentación; y, a la vida; citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia ordenar se brinde una respuesta formal, oportuna y “afirmativa” a sus peticiones. Sea con costos.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de mayo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y, agregó que: a) Evidentemente se lesionó su derecho a la petición, entendido conforme fue determinado por la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, que ubicó al derecho mencionado dentro de la categoría de derechos civiles que -por lo mismo- “parten” de la dignidad de la persona; b) Transcurridos seis días después de la presentación de la acción de defensa, solicitó un pronunciamiento aclarando que no había obtenido respuesta. Sin embargo tampoco fue atendido, existiendo como prueba de ello la documentación presentada; y, c) Requirió que se tome en cuenta que actuó en representación de su hija menor de edad para instaurar contra ciertos miembros del indicado sindicato, un proceso de investigación penal por la presunta comisión del delito de violación niño, niña o adolescente.

I.2.2. Informe del demandado

Rodolfo Mamani Tola, Secretario General del Sindicato de Transportes Mixto 26 de julio de Patacamaya del departamento de La Paz, por memorial presentado el 12 de mayo de 2021, cursante a fs. 24, solicitó la suspensión de la audiencia en razón de un problema suscitado -según afirmó- “…EN KONANI CON LOS AFILIADOS…” (sic).

I.2.3. Informe de la tercera interesada

Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 21.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Luribay del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 004/2021 de 12 de mayo, cursante de fs. 27 a 29, concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Sindicato de Transportes Mixto 26 de julio de Patacamaya del departamento de La Paz, mediante el demandado emita respuesta debidamente fundamentada conforme a la petición contenida en los tres oficios de 30 de abril y 5 de mayo de 2021. En cuanto a las costas procesales no correspondía manifestarse al respecto al haberse demandado a una persona colectiva y considerando la pandemia que se estaba atravesando y desestabilizó a varias instituciones; bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de antecedentes se advirtió que el accionante presentó los mencionados oficios planteando sus peticiones ante el hoy demandado; sin embargo, no existe pronunciamiento alguno; 2) En el caso de análisis no era posible referirse al principio de subsidiariedad pues no se cumplió con dar respuesta a las peticiones. Sin que este entendimiento puede generar un precedente vinculante que no sea aplicable al caso; y, 3) El derecho a la petición implicaba la facultad de obtener una pronta resolución y respuesta oportuna; por lo que, que en el caso, no pudo ser alcanzada lo que evidencia que al no brindar una respuesta, sea negativa o positiva a la solicitud, vulnerando su derecho del impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  El 30 de abril de 2021, por nota dirigida a Rodolfo Mamani Tola, Secretario General del Sindicato de Transportes Mixto 26 de julio de Patacamaya del departamento de La Paz; Marcial Silvestre Flores -hoy accionante- requirió que se extienda hoja de ruta para que pueda trabajar como afiliado y socio propietario activo del sector taxis del referido Sindicato (fs. 1).

II.2. El 30 de abril de 2021, a través de la nota dirigida a Rodolfo Mamani Tola, Secretario General del Sindicato precitado; el demandante de tutela solicitó que se le informe con detalle los nombres completos de los socios propietarios y/o choferes del sector taxis que obstaculizaron el normal desarrollo de la audiencia cautelar de 14 del mismo mes y año, que se llevó a cabo en la casa de justicia de Patacamaya del departamento de La Paz (fs. 2).

II.3.  El 5 de mayo de 2021, por escrito dirigido a Rodolfo Mamani Tola, Secretario General del Sindicato de Transportes Mixto 26 de julio de Patacamaya del departamento de La Paz; el impetrante de tutela informó que no existía respuesta a sus dos notas -descritas anteriormente-; por lo que, reiteró encontrarse a la espera de algún pronunciamiento al amparo del art. 24 de la CPE (fs. 3).

II.4.  Cursan Informes de “mayo de 2021” que refieren “Dando cumplimiento a la petición escrita por parte del Señor MARCIAL SILVESTRE FLORES” (sic) y hacen alusión a la hoja de ruta e información sobre lo acaecido en 14 de abril de 2021, ambos datos requeridos por el accionante a través de sus notas (fs. 30 a 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante consideró lesionados sus derechos a la petición y por conexitud a la propiedad, al trabajo, a la alimentación; y, a la vida, mediante dos notas de 30 de abril de 2021, solicitó al ahora demandado, un informe y la habilitación de su hoja de ruta como socio del Sindicato de Transportes Mixto 26 de julio de Patacamaya del departamento de La Paz; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna no obstante a que el 5 de mayo de ese año, reiteró de forma escrita sus peticiones; sin que a la fecha de presentación de su acción tutelar, exista pronunciamiento alguno.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  Sobre el derecho de petición. Jurisprudencia reiterada

El art. 24 de la CPE, consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Es menester referir que la petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, pues a través del derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales como el derecho de acceso a la información (por citar alguno); de forma que, resulta imprescindible la adopción de medidas que aseguren su ejercicio con base en el contenido de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.

Acorde a lo señalado la jurisprudencia ha regulado aspectos concernientes al derecho fundamental de petición, estableciendo que con el objeto de que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: “…1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y, 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”, así lo entendió la SC 1434/2011-R de 10 de octubre, entre otras.

Por su parte, en relación al contenido del mencionado derecho, la SCP 0366/2018-S2 de 24 de julio, a partir de una sistematización jurisprudencial sobre el contenido y alcance del derecho a la petición, haciendo mención a la SC 0218/07-R de 20 de marzo, determina que: “…el núcleo esencial del derecho de petición comprende el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma. Por su parte, la SC 843/2002-R de 19 de julio estableció que dicho derecho incluye que la respuesta le sea debidamente comunicada o notificada” (las negrillas fueron añadidas). Prosiguiendo su análisis, la última Sentencia mencionada, señaló que: “…En resumen las autoridades vulneran el derecho a petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado.

(…)

 

De las normas y jurisprudencia citada, se concluye que el derecho de petición, es una facultad o potestad que tiene toda persona para obtener una respuesta oportuna, clara y completa sobre el asunto impetrado, de modo que el solicitante conozca la respuesta positiva o los motivos de la negativa a su petición’” (las negrillas y subrayado fueron añadidas).

En ese contexto, la SCP 0273/2012 de 4 de junio, señala que: “Respecto al núcleo esencial del derecho a la petición, conforme a las SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R, reiteradas por la SCP 0085/2012, mínimamente comprende los siguientes contenidos: a) La petición de manera individual o colectiva, escrita o verbal aspecto que alcanza a autoridades públicas incluso incompetente pues '…ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario…' (SC 1995/2010-R de 26 octubre), órganos jurisdiccionales (SSCC 1136/2010-R y 0560/2010-R) o a particulares (SCP 0085/2012); y, b) La obtención de una respuesta, ya sea favorable o desfavorable, aun exista equivocación en el planteamiento de la petición (SC 0326/2010-R de 15 de junio), debiendo en su caso indicarse al peticionante la instancia o autoridad competente para considerar su solicitud (SC 1431/2010-R de 27 de septiembre). Por otra parte y en este punto debe considerarse el art. 5.I de la CPE, que reconoce la oficialidad de treinta y seis idiomas y que ante una petición escrita, la respuesta también debe ser escrita (SC 2475/2010-R de 19 de noviembre); c) La prontitud y oportunidad de la respuesta (SSCC 2113/2010-R y 1674/2010-R) debiendo notificarse oportunamente con la misma al peticionante (SC 0207/2010-R de 24 de mayo); y, d) La respuesta al fondo de la petición de forma que resulte pertinente, debiendo efectuarla de manera fundamentada (SSCC 0376/2010-R y 1860/2010-R) por lo que no se satisface dicho derecho con respuestas ambiguas o genéricas (SC 0130/2010-R de 17 de mayo) ” (énfasis añadidos).

III.2. El derecho a la petición y el principio de subsidiariedad. Jurisprudencia reiterada.

Por la problemática que nos ocupa, resulta prudente establecer que la SC 0835/2005-R de 25 de julio, dispone la auto restricción de la justicia constitucional para pronunciarse sobre otros derechos, refiriendo que: “…cuando se denuncia la lesión de varios derechos fundamentales o garantías constitucionales, por el principio de subsidiariedad que rige al recurso de amparo, la jurisdicción constitucional debe resolver previamente el derecho de petición cuando de su tutela dependa que el recurrente pueda obtener una respuesta por parte de las autoridades recurridas que resuelvan lo demandado en el recurso de amparo, que de perjudicarle podrá impugnar esa decisión, acudiendo a las instancias ordinarias previstas por Ley, que son las primeras llamadas a tutelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, abriéndose el ámbito de protección del amparo siempre que se hubieren agotado las vías llamadas por Ley; puesto que, al existir una solicitud pendiente de resolución, este Tribunal no puede pronunciarse sobre el particular, por cuanto serán las autoridades recurridas, las que respondan a los reclamos realizados por la actora” (las negrillas fueron añadidas).

Razonamiento que ha sido reiterado de forma uniforme por el Tribunal Constitucional de transición en la SC 1481/2011-R de 10 de octubre; y, por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0629/2012, 0898/2019-S1 y 0745/2020-S3 por mencionar algunas. 

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante acusó la lesión de sus derechos a la petición y por conexitud a la propiedad, al trabajo, a la alimentación; y, a la vida; toda vez que, el 30 de abril de 2021, mediante dos notas dirigidas al hoy demandado en su calidad de Secretario del Sindicato Mixto de Transportes 26 de julio de Patacamaya del departamento de La Paz, requirió: i) Un informe detallado de los nombres completos de socios propietarios y/o choferes del sector taxis que -según afirma- el 14 del mismo mes y año se encontraban obstaculizando el juzgado de Patacamaya que viene conociendo su denuncia por delito de violación a su hija menor de edad; y, ii) Que se le extienda hoja de ruta, en su calidad de afiliado y socio propietario dentro del mencionado sindicato. Haciendo conocer que se le había privado de dicho documento afectando sin razón su derecho al trabajo (Conclusiones III.1 y III.2).

Posteriormente, el 5 de mayo del mismo año, presentó una nueva nota que denotó la inexistencia de pronunciamiento respecto a sus anteriores peticiones (Conclusión III.3). Todas las misivas, fueron de conocimiento del ahora demandado y acusa que hasta la fecha de presentación de su acción tutelar no obtuvo respuesta alguna; por lo que, acusa la lesión de sus derechos.

En esos antecedentes y de conformidad a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos para que este Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de fondo acerca de la vulneración del derecho a la petición por cuanto existen solicitudes concretas y escritas (Conclusiones II.1 a II.3) dirigidas al ahora demandado sin que objetivamente se haya evidenciado -a partir del minucioso análisis de los antecedentes que informan del caso- la existencia de alguna respuesta notificada al impetrante de tutela.

Bajo tales razonamientos, conforme al aludido fundamento, el derecho a la petición exige para su cumplimiento que el hoy demandado dé una respuesta clara, precisa, completa y congruente. Sin embargo, conviene aclarar que como se ha descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la protección del derecho a la petición alcanza a su núcleo que puede ser satisfecho mediante la obtención de una respuesta, ya sea favorable o desfavorable.

Aspecto que, conforme se estableció precedentemente, no ocurrió hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, pues no se evidencia que el demandado haya emitido pronunciamiento alguno respecto a las peticiones contenidas en las notas de 30 de abril de 2021, y 5 del mismo mes y año, hasta el momento de realización de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar; por lo que, se ha lesionado el derecho.

En tal sentido, si bien con posterioridad se presentaron dos informes (Conclusión II.4) que aparentemente se emiten a consecuencia de las peticiones objeto de análisis. Sin embargo, no se advierte que los mismos hubieran sido puestos a conocimiento del accionante. Bajo tales razonamientos, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el derecho a la petición, exige para su cumplimiento, que se brinde una respuesta; empero, no cualquiera que permita simplemente cumplir con la formalidad; sino una que, de manera clara, precisa, completa y congruente, resuelva lo peticionado y que sea comunicada al peticionante de tutela. Sin embargo, de la revisión minuciosa de los antecedentes que informan del caso, no se evidencia que las autoridades demandadas hubieran emitido pronunciamiento alguno respecto al requerimiento de revocar la medida de inhabilitación; es decir, no contestaron de forma positiva o negativa a la solicitud. Adicionalmente, se tiene conforme al informe que los demandados presentaron en audiencia, que si bien -respondiendo a la pregunta de la Sala Constitucional- estos refirieron que aparentemente existe un pronunciamiento respecto a la petición; empero, no fue notificado aún. Por lo antedicho, se tiene que la sola existencia de un pronunciamiento, no satisface el contenido mínimo del derecho a la petición, pues al no haberse comunicado la respuesta al peticionante, se lesiona el núcleo esencial del derecho a la petición, al no atender lo requerido por Marcial Silvestre Flores.

Especialmente, considerando que el demandado al encontrarse frente a la existencia de peticiones escritas, debió haber emitido un pronunciamiento; sin embargo, al no existir uno, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados con base en el art. 24 de la CPE y los entendimientos jurisprudenciales descritos; se tiene que, el demandado ha vulnerado el derecho a la petición del accionante al no haberse pronunciado específica, concreta, ni fundadamente sobre las solicitudes -contenidas en las dos notas de 30 de abril de 2021 y la de 5 de mayo de ese año-; o en su defecto, explicar las razones para no hacerlo. Consecuentemente, corresponderá concederse la tutela.

Respecto a los demás derechos invocados, corresponde aclarar que su lesión a decir del accionante, se produjo como consecuencia de la falta de respuesta a sus peticiones; es decir, que la lesión de los derechos a la propiedad, al trabajo, a la alimentación; y, a la vida, tienen la misma base fáctica contenida en las peticiones que no fueron atendidas (especialmente en la misiva relacionada con la solicitud de proporcionarle hoja de ruta a efectos de poder trabajar); por lo que, las respuestas brindadas atenderán las presuntas conculcaciones denunciadas. Consiguientemente, no es factible emitir un pronunciamiento, en observancia del principio de subsidiariedad característico de esta acción de defensa, correspondiendo según se expuso en el Fundamento Jurídico II.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que la jurisdicción constitucional resuelva previamente el derecho de petición de cuya tutela en el caso de análisis, depende que el accionante obtenga un pronunciamiento que atienda la supuesta conculcación de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al trabajo; por lo tanto, corresponde denegar la tutela impetrada en este punto.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.

Por tanto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 004/2021 de 12 de mayo, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Luribay del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente sobre el derecho a la petición, disponiendo que el demandado haga conocer las respuestas (sean negativas o positivas) otorgadas a cada una de las peticiones del accionante en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, si es que no se hizo conocer aún; y, sea conforme a los fundamentos y requerimientos jurisprudenciales señalados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2°  DENEGAR la tutela en relación a los demás derechos invocados, conforme a la fundamentación precedentemente desarrollada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA