SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0541/2022-S2

     I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de junio de 2021, cursante de fs. 25 a 44 vta., la accionante expresó lo siguiente:

    I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 30 de octubre de 2006, luego de haber vencido el examen de competencia y concurso de méritos para acceder a la carrera fiscal, ingresó al Ministerio Público para ejercer funciones como Fiscal de Materia en la Fiscalía Departamental de Cochabamba; sin embargo, el 27 de abril de 2018, fue notificada con la Resolución FGE/RJGP/DAJ 109/2018 de 24 de igual mes, que le impuso la suspensión de sus funciones, sin goce de haberes y sin límite temporal debido a la instauración de un proceso penal en su contra, decisión que fue objeto de recurso revocatorio por su parte, siendo resuelto por el demandado Fiscal General del Estado mediante Resolución FGE/RJGP/DAJ 115/2018 de 7 de mayo, que ratificó el fallo recurrido, aclarando que la determinación de suspensión no devino de ningún proceso administrativo, sino de la aplicación del art. 30.35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), contra la que interpuso recurso jerárquico que llegó a formular una acción de amparo constitucional por falta de motivación de la disposición emitida; dictándose en consecuencia, la Resolución 06/2018 -lo correcto es 07/2018- de 30 de octubre, que motivó el pronunciamiento de la Resolución FGE/FJLP/DAJ 027/2018 de 5 de noviembre, por la cual la mencionada autoridad fiscal demandada declaró la improcedencia del mismo, manteniendo la suspensión dispuesta.

Refirió que, ante la necesidad de contar con un ingreso económico puesto que la suspensión le impedía realice alguna otra actividad, planteó recurso de apelación restringida contra la sentencia del proceso penal, llegando a transcurrir cuatro años desde su interposición, ocasionando la presentación de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, que mereció el Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que la declaró fundada, disponiendo el archivo de obrados.

Mediante nota de 5 de noviembre de 2020, adjuntando la precedente decisión judicial, solicitó al Fiscal General del Estado deje sin efecto las Resoluciones FGE/RJGP/DAJ 109/2018, FGE/RJGP/DAJ 115/2018 y FGE/FJLP/DAJ 027/2018, disponiendo la restitución a su fuente laboral como Fiscal de Materia, que mereció el Proveído FGE/JLP/DAJ 024/2020 de 13 de noviembre, señalando que de conformidad al art. 123.II de la LOMP, los Fiscales de Materia que sean procesados penalmente, serán restituidos a sus funciones cuando la sentencia ejecutoriada sea absolutoria, y no como en este caso que esta referida a la extinción de la acción penal, supuesto no previsto en dicha Ley, respuesta ante la que reiteró su petición de restitución por Nota de 24 de noviembre del año precitado, siendo respondida por Proveído FGE/JLP/DAJ 025/2020 de 30 de noviembre, desestimando su pedido debiendo estar a lo determinado en el Proveído FGE/JLP/DAJ 024/2020.

Contra dicha determinación, planteó recurso de revocatoria argumentando que la suspensión de funciones sustentada en el art. 30.35 de la LOMP, al cesar la causal de su aplicación debe quedar sin efecto lo dispuesto, lo contrario implicaría lesión flagrante a sus derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, y en específico en relación al principio de legalidad, en sentido que el art. 123.II de la citada Ley, debe ser entendido en el contexto integral de la norma y no solo en relación a su párrafo segundo, siendo resuelto por Proveído FGE/JLP/DAJ 032/2020 de 22 de diciembre de “‘…NO HA LUGAR a la solicitud de revocatoria total…’” (sic), manteniendo incólume las vulneraciones contenidas en anteriores resoluciones, argumentando que la suspensión de funciones es una medida precautoria o cautelar, que tiene por objeto asegurar el resultado del proceso; además “…que el art. 123 de LOMP disciplina los casos de restitución a sus funciones de las y los fiscales que fueran suspendidos del ejercicio de las mismas” (sic), argumento incongruente al haber dejado claro el demandado en la Resolución FGE/FJLP/DAJ 027/2018, que la suspensión referida era ajena al Régimen Disciplinario de los Fiscales de Materia.

Expresó que, presentó renuncia al cargo de Fiscal de Materia mediante Nota de 17 de febrero de 2021, la que no constituyó acto libre ni expresamente consentido de acuerdo al art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); circunstancia que, hace inviable su reincorporación a la fuente laboral de la que fue suspendida arbitrariamente; solicitando por ello, se disponga la reparación de los daños que las determinaciones vulneratorias de derechos fundamentales le ocasionaron, desde la imposición de la medida hasta la fecha de aceptación de su renuncia de 22 de igual mes y año, a cuyo fin de cuantificación del daño, peticionó se tenga como parámetro la falta de percepción de haberes en el periodo señalado y de los consiguientes derechos que le correspondan (vacaciones, bonos, aguinaldo u otros que hubieren tenido lugar).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso en su componente de legalidad, a la defensa y doble instancia, citando al efecto los arts. 46, 48, 64, 115, 116, 117.I, 119 y 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 6 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) Se dejen sin efecto las Resoluciones FGE/RJGP/DAJ 109/2018 de 24 de abril, FGE/RJGP/DAJ 115/2018 de 7 de mayo y FGE/FJLP/DAJ 027/2018 de 5 de noviembre; b) Se dejen sin efecto los Proveídos FGE/JLP/DAJ 024/2020 de 13 de similar mes, FGE/JLP/DAJ 025/2020 de 30 de ese mes y FGE/JLP/DAJ 032/2020 de 22 de diciembre; y, c) La reparación de daños desde la imposición de la arbitraria suspensión de sus funciones hasta la fecha de aceptación de su renuncia de 22 de febrero de 2021, y se tenga como parámetro la falta de percepción de haberes en el periodo señalado, así como los derechos que le correspondan.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 150 a 152, se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

     La parte accionante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que: 1) En su caso, se aplicó la suspensión de manera directa y sin que exista un proceso administrativo en su contra, fundada en la previsión contenida en el art. 30.35 de la LOMP, sin permitirle asumir defensa, sin un debido proceso y sin posibilidad del contradictorio e impugnación, negándole el recurso de revocatoria inicialmente formulado y posteriormente el recurso jerárquico, remitiéndose a los actuados relativos al proceso penal instaurado en su contra el año 2013, la impugnación y la acusación de 2015 y la Sentencia emitida en 2016, y después de casi cuatro años de la emisión del referido fallo, se procedió arbitrariamente a la suspensión de sus funciones en abril de 2018, aclarando que la misma no deviene de proceso alguno, sino de la aplicación directa del art. 30.35 de la citada Norma; y, 2) Posteriormente a la emisión de la determinación de extinción de la acción penal por prescripción en su favor, solicitó su restitución dictándose el Proveído FGE/JLP/DAJ 024/2020 por el Fiscal General del Estado, ratificado por su similar FGE/JLP/DAJ 025/2020 denegando su pretensión; por lo que, planteó recurso de revocatoria pronunciando la Resolución FGE/JLP/DAJ 032/2020 -lo correcto es Proveído-, determinación que no interpretó en su cabal dimensión el art. 123.II de la LOMP; por cuanto, -a su criterio- de ninguna manera indica que no es posible la restitución cuando desaparece la causal que originó su imposición, considerando una aplicación sesgada de esa normativa orgánica plasmada en la mencionada Resolución donde de forma contradictoria señaló que se trató de una medida cautelar, precautoria, figura que resultó accesoria al proceso penal y la suspensión de sus funciones fue determinada directamente, solicitando se dejen sin efecto las Resoluciones, como los Proveídos aludidos.

I.2.2. Informe del demandado

Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, a través de sus representantes legales, remitió informe de 9 de julio de 2021, cursante de fs. 59 vta. a 65 y en audiencia solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) Al haberse dictado acusación contra la demandante de tutela de conformidad a lo dispuesto por el art. 323.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se la suspendió de sus funciones sin goce de haberes, decisión contra la que planteó recurso de revocatoria, y fue confirmada por Resolución FGE/RJGP/DAJ 115/2018, la que fue objeto de recurso jerárquico que se lo respondió mediante Proveído FGE/RJGP/DAJ 019/2018 de 22 de mayo, en sentido que se este a la determinación del recurso de revocatoria; toda vez que, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la normativa de la entidad, no existe procedimiento de impugnación, objeción o apelación a resoluciones por las que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio Público dispone la suspensión de funciones sin goce de haberes de aquellos Fiscales de Materia que cuentan con acusación formal radicada; ii) La impetrante de tutela ante la resolución jerárquica, interpuso acción de amparo constitucional el 23 de octubre de 2018, que fue concedida parcialmente mediante Resolución 07/2018 por el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, ordenando se emita un nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado, en cuyo cumplimiento se dictó la Resolución FGE/FJLP/DAJ 027/2018 declarando improcedente el recurso; empero la Resolución del Juez de garantías. fue revocada en revisión mediante la SCP 0415/2019-S4 de 2 de julio; y en consecuencia, se denegó la tutela solicitada porque la determinación cuestionada no era impugnable; iii) Bajo los mismos argumentos la impetrante de tutela planteó otra acción de defensa resuelta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que denegó la tutela por Resolución 0032/2019 de 30 de mayo, siendo confirmada a través de la SCP 0988/2019-S1 de 9 de octubre; iv) La peticionante de tutela no cumplió con el principio de inmediatez, porque con el Proveído FGE/JLP/DAJ 024/2020 fue notificado  el 16 de noviembre de 2020 y esta acción tutelar la formulo el “22” de junio de 2021, después de transcurridos más de los seis meses establecidos al efecto; v) Respecto al Proveído FGE/JLP/DAJ 032/2020, existieron actos consentidos ya que la accionante presentó renuncia al cargo al que pretendía ser reincorporada; y, vi) Con relación a la pretensión de que se le cancelen haberes devengados, debe considerarse que la normativa aplicada al caso concreto, determinó la suspensión de funciones sin goce de haberes, no existiendo ningún proceso administrativo, sino la aplicación de la norma y respecto a lo cual la demandante de tutela planteó una acción de inconstitucionalidad concreta que fue rechazada por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante AC 0398/2018-CA de 12 de diciembre, existiendo la renuncia voluntaria que ha sido aceptada y con esta acción de defensa, resulta la tercera vez que acudió a la justicia constitucional bajo los mismos argumentos.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 114/2021 de 12 de julio, cursante de fs. 153 a 158, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: a) Luego de referirse a los antecedentes del caso que originaron la suspensión de funciones sin goce de haberes de la demandante de tutela, sin que hubiere existido un proceso administrativo o disciplinario en su contra a efectos de determinar dicha medida, únicamente aplicando el art. 30.35 de la LOMP, dichos extremos ya fueron analizados y resueltos en anteriores acciones de defensa interpuestas por la impetrante de tutela, existiendo calidad de cosa juzgada constitucional respecto a esa problemática, con la emisión de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0415/2019-S4 y 0988/2019-S1 y el AC 0398/2018-CA; en consecuencia, las alegaciones formuladas por la prenombrada resultaron reiterativas a determinaciones ya asumidas en la vía constitucional en relación a la suspensión de funciones por parte del Fiscal General del Estado, aplicando el art. 30.35 de la LOMP; b) En cuando a la aplicación del art. 123.II de la mencionada Norma, que no fue interpretado integralmente y que tuvo que ver con el pago de sus haberes que dejó de percibir desde su suspensión de funciones y al haberse declarado fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción en su favor, al respecto cabe mencionar que dicha disposición legal está conformada por dos partes: 1) La primera referida a la restitución de funciones de los Fiscales que hubieren sido suspendidos a raíz de un proceso disciplinario y cuando los cargos que les fueran atribuidos son desvirtuados por éste; y, 2) En su segundo párrafo en específico, tiene que ver con el caso del proceso penal que como requisito sine qua non establece que la sentencia ejecutoriada debe ser absolutoria a efectos de la restitución en sus funciones del Fiscal contra el que hubiere recaído la acusación y la instauración de dicho proceso, a objeto de la aplicación del primer párrafo; es decir, en cuanto el pago de haberes devengados; empero, esta última circunstancia emergente de cumplimiento estricto del segundo párrafo del precepto mencionado, como lo explicó la autoridad demandada en la Resolución FGE/JLP/DAJ 032/2020 -lo correcto es Proveído-; por cuanto, la solicitante de tutela fue beneficiada con una resolución jurisdiccional que dispuso la extinción de la acción penal por prescripción, que es una forma de conclusión extraordinaria de un proceso penal; sin embargo, no se equipara a una sentencia absolutoria que exige la referida norma, habiendo aplicado taxativamente el art. 123.II de la LOMP, sin vulnerar el principio de legalidad; c) Con la emisión del Proveído FGE/JLP/DAJ 032/2020, no se vulneró derechos ni garantías constitucionales de la impetrante de tutela, más si su pretensión no es la restitución como Fiscal de Materia, por haber presentado renuncia al cargo, sino el pago de sueldos y otros beneficios que le corresponderían a partir de la suspensión de sus funciones, lo que no se puede dar curso a través de esta acción de defensa, tomando en cuenta los precedentes y normativa señalados precedentemente, como la circunstancia de que la suspensión de funciones que se materializó con la Resolución FGE/RJGP/DAJ 109/2018, quedó consolidada; y, d) La renuncia formulada por la accionante, como un acto consentido en función a la subregla determinada en el “inc. b)” de la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, cortó la posibilidad de que sea restituida la demandante de tutela y el reclamo emergente de esos derechos que alega como transgredidos.