sENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0515/2022-S1

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto, los arts. 115.I y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada disponiendo se deje sin efecto la Resolución de Ratificación FDLP/MACV/D-149/2020 de 9 de octubre y se ordene que la autoridad fiscal demandada emita nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional se realizó el 26 de mayo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 746 a 756, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los representantes de la entidad accionante en audiencia por intermedio de su abogado ratificaron íntegramente los términos de su acción de defensa y en audiencia señalaron: i) Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, es una Sociedad Anónima que realiza actividades de intermediación de valores en el marco de la Ley del Mercado de Valores que tiene como principal característica que el 97.99% del paquete accionario que compone precisamente ésta entidad corresponde al Banco Unión S.A., se destaca este aspecto debido a que el Banco Unión S.A. está sometida a la Ley de Empresa Pública; esencialmente porque dicho Banco administra recursos del Estado Plurinacional de Bolivia, esto significa que cuando Valores Unión Agencia de Bolsa realiza estas operaciones de intermediación de valores lo hace fundamentalmente con valores del Estado; en ese marco, a través del Informe de Auditoría Interna VUN/AUD/E-004/2020 de 25 de mayo, se generó conclusiones de relevancia en el manejo económico y administración de recursos que se habrían desarrollado por Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, e identificó a los presuntos responsables recomendando el inicio de acciones legales, en base al cual y a los papeles de trabajo el 26 de agosto de 2020, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de La Paz, contra los tres ejecutivos que en su momento habían estado a cargo de la administración, por el delito de conducta antieconómica previsto en el art. 224 del CP; ii) Del mismo modo se presentó junto a la acción tutelar otros elementos o documentos que respaldan precisamente los hallazgos de irregularidades identificados por el Informe de Auditoría Interna, la denuncia contempla todos los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, debido a que los ejecutivos denunciados habían realizado operaciones de compraventa en firme de depósitos a plazo fijo que correspondía a la cartera o al patrimonio propio de Valores Unión, que generó un daño económico que asciende a Bs18 691 980.-; y al existir un grave daño económico al Estado y una posible responsabilidad penal, es que se inició la denuncia, previa rectificación de la denuncia a solicitud del Fiscal de Materia, fue desestimada por el mismo y ratificada por el Fiscal Departamental de la Paz; sin razonar el daño económico que se había ocasionado contra la entidad y el daño patrimonial al Estado; iii) La aplicación del art. 45 del CP responde a que los hechos se dieron a través de múltiples operaciones de compraventa de bolsa, vale decir, que no se está ante un solo hecho, sino ante varios que se desarrollaron en el tiempo, lo que genera precisamente la reiterada lesión al mismo bien jurídico protegido o lo que se denomina concurso real homogéneo, vale decir, varios comportamientos de manera material lesionaron el mismo tipo del bien jurídico protegido, recordando que lo que hace el querellante o denunciante en un proceso penal, es simplemente sugerir tipos penales, siendo el Ministerio Público y en definitiva la autoridad jurisdiccional la que va a calificar de manera real, concreta y material el tipo penal aplicable;       iv) En respuesta a que si los terceros interesados son funcionarios público o privados y porqué el Informe de Auditoría VUN/AUD/E-004/2020 no se puso en conocimiento de la Contraloría; el abogado de la parte accionante señaló que de acuerdo a la estructura accionaria que tiene Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y que tiene como principal accionista al Banco Unión con una participación del 97,99% del total de las acciones, conforme a lo establecido en la Ley de la Empresa Pública, en su Disposición Final Sexta se menciona que se debe sujetar al funcionamiento a la referida Ley, en cuanto al relacionamiento al proceso responsabilidad de las empresas públicas y presentación de declaraciones juradas, esto conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto General del Estado de la gestión 2015 publicada en 15 de diciembre de 2014, es en ese entendido que los funcionarios de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa tienen responsabilidad como empresa pública. El art. 224 del CP, no solamente alcanza a servidores públicos o ex servidores públicos este artículo en lo fundamental se refiere a las personas que ejercitan cargos directivos u otros en instituciones o empresas estatales, vale decir, puede tratarse de personas que no son servidores públicos, pero que sin embargo, tienen funciones ejecutivas o importantes en empresas estatales, en ese contexto conforme a la Ley 004 se ha establecido que esta Ley en delitos de conducta antieconómica alcanza también a las empresas públicas, a las empresas estatales y al tener recursos o patrimonio del Estado y esta empresa es considerada como pública, refiere que no se está juzgando a los denunciados en calidad de servidores públicos, sino más bien en calidad de directores administrativos en una empresa pública que es algo distinto; v) A la pregunta por qué no cumplieron con la observación del Fiscal Analista, el abogado de la parte accionante señaló que la observación de denuncia del 31 de agosto de 2020, en ninguno de los cuatro puntos de ese requerimiento menciona la ausencia de un informe jurídico, el reparo fue realizado recién en la desestimación, por un motivo que jamás fue observado, el segundo motivo es que se estaría confundiendo el ámbito administrativo con el penal; y, vi) Consultado el abogado de la parte accionante si la ratificación de la desestimación le inhibe que vuelva a presentar la denuncia, señaló que si bien no existe prohibición; empero, la exigencia de requisitos que no corresponden a ley, como realizar un proceso administrativo, por ejemplo a personas que ya no trabajan en la entidad, automáticamente surge un óbice para la presentación de esa denuncia en condiciones legales, dado que el Ministerio Público exigirá previamente el cumplimiento de esos requisitos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz mediante informe escrito cursante de fs. 664 a 670 refirió: a) Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa presentó una denuncia penal contra Boris Nuñez Quiroga, Edwin Pablo Arias Cárdenas y José Luis Pérez Peredo, por la probable comisión del delito de conducta antieconómica la cual mereció Resolución de desestimación razón por la cual, los denunciantes objetaron la misma, habiéndose emitido la Resolución FDLP/MACV/D-149/2020, suscrita por Marco Antonio Cossio Viorel, por la cual se ratificó la Resolución de Desestimación; b) La referida Resolución cumple los componentes del debido proceso señalados en la         SCP 0249/2014-S2, expone con claridad las razones y los fundamentos legales que sustenta dicha determinación en respuesta a los puntos de objeción a la Resolución de Desestimación; c) No es evidente la omisión de considerar los elementos de la objeción, debido a que se analizaron en once puntos que se encuentran a lo largo del “análisis del caso concreto”; d) La parte accionante pretende hacer ingresar en error al Tribunal de garantías con la finalidad de lograr la admisión de la denuncia presentada, que conforme a los fundamentos de la Resolución Jerárquica no cumple con una narración fáctica clara que permita inferir la existencia de un actuar antijurídico, debiendo considerar al efecto que el art. 285 del CPP, dispone que la denuncia debe contener “La relación circunstanciada del hecho, en tiempo y lugar, con indicación de los autores y partícipes víctimas, damnificados, testigos y demás elementos que pueden conducir a su comprobación y su tipificación”, exigencia normativa que no fue cumplida por la parte denunciante; razón por la cual, dificultó al Ministerio Público disponer la apertura de la investigación del caso de referencia;          e) En cuanto a lo referido por la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, -que los Fiscales Analistas no pueden sustentar sus resoluciones de desestimación en la falta de suficientes elementos o en que el hecho no es típico; toda vez que, para llegar a esa determinación se requiere de una investigación- se debe considerar que la Resolución Jerárquica FDLP/MACV/D-149/2020 de 9 de octubre, emitida por el entonces Fiscal Departamental de la Paz, Marco Antonio Cossio Viorel se emitió en aplicación a la previsión cuarta referida a que “no exista una relación fáctica clara”, prevista en el art. 55.II de la LOMP, advirtiendo con ello que no se vulneró lo establecido en la SCP 0815/2019-S2; toda vez que la Resolución Jerárquica no fue emitida en atención a un presupuesto de atipicidad o la insuficiencia de elementos para asumir una determinación; en ese orden de ideas, se debe considerar que el accionante tenía la posibilidad de presentar nueva denuncia previo cumplimiento de las exigencias normativas de forma y contenido establecidas por el art. 285 del CPP; empero acudió a la vía constitucional pese a que la citada Resolución no imposibilitaba a la parte denunciante a presentar una nueva denuncia; y, f) En cuanto a la falta de valoración de los documentos probatorios presentados por la parte denunciante es un argumento subjetivo; debido a que en el numeral 1 del apartado “II.3. Análisis del Caso Concreto” se describió los documentos adjuntos al memorial de denuncia, y en el numeral 2 del mismo apartado a través de los argumentos fácticos y jurídicos se le otorgó valor probatorio; en ese entendido se advierte que la entidad accionante por medio de la presente acción tutelar pretende introducir en error a los miembros de la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, debido a que la acción de amparo constitucional no puede ser utilizada para la revisión de pruebas, con lo cual solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Renzo Boris Núñez Quiroga mediante informe escrito de 19 de mayo de 2021 cursante de fs. 658 a 660 señaló: 1) La denuncia indica que se realizó un informe de auditoría interna presentado en mayo de 2020 que identifica posibles indicios de responsabilidad, la misma que en ningún momento fue de su conocimiento y tampoco fue convocado para presentar descargo alguno; desconociendo completamente los procedimientos internos para la presentación de informes de auditoría y los procedimientos de buenas prácticas empresariales; 2) El citado informe no es concluyente respecto a un mal manejo y/o pérdida en la gestión de inversiones de la cartera propia siendo necesario mencionar que durante todas las gestiones se realizaron auditorías externas (por diferentes firmas inscritas en el registro del Mercado de Valores de la ASFI), que fueron elegidas por el Directorio de la Agencia de Bolsa, inspecciones por parte de la ASFI y auditorías internas del Banco Unión las cuales en cada uno de sus dictámenes no mencionan observación alguna sobre las gestiones de inversión de cartera propia; 3) Ante tal vulneración procedimental queda en evidencia que dicho informe es forzado pretendiendo responsabilizar de una supuesta deficiente administración con el sólo objetivo de maquillar manejos internos que se estaban realizando en gestiones posteriores a su renuncia, ya que desde su renuncia en julio de 2018, las utilidades de la Agencia de Bolsa fueron disminuyendo de manera constante, hasta llegar al punto de cerrar la gestión 2020 con pérdidas significativas, las cuales no se dieron durante los siete años de su gestión, y lo más extraño es que el auditor interno hubiera renunciado después de haber entregado su informe, que es parte de la denuncia, dejando dudas sobre su accionar; y, 4) La ASFI realizó una inspección a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa durante los meses de marzo de 2020, a mayo del mismo año como resultado de dicha inspección, elaboró un informe a Valores Unión S.A. en el mes de octubre de 2020 donde determina de manera categórica que en las gestiones 2015 a 2018 (en las que se encontraba en funciones), no existe responsabilidad alguna, ni daño económico en este periodo, desvirtuando el informe antes mencionado y señalado en la propia denuncia, que dicho informe tiene (efecto liberatorio) se encuentra en reserva en la institución demandante de amparo constitucional, reiterando que durante su gestión se precautelo los intereses de los accionistas llegando a cifras positivas -utilidades- nunca vistas, producto de una gestión eficiente en un medio altamente competitivo recibiendo Valores Unión en las gestiones 2016 y 2017 reconocimiento por parte de la Bolsa Boliviana de Valores.

José Luis Pérez Peredo por informe escrito de 19 de mayo de 2021 cursante de       fs. 661 a 662 señaló: i) Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa presentó una denuncia el 26 de agosto de 2020 por presuntos ilícitos contra su persona, en el ejercicio de sus funciones, denuncia observada por no cumplir con los requisitos y exigencias que establece el procedimiento, e incongruencias en la falta de apreciación no solamente de hechos denunciados, sino una falta de coherencia y logicidad en la forma de pretender penalizar sus actos y afectarle como persona y profesional;       ii) La denuncia desestimada que fue ratificada por el Fiscal Departamental Marco Antonio Cossio Viorel mediante la Resolución FDLP/MACV/D-149/2020, fue fundamentada y valorada en toda su magnitud a tiempo de resolver la objeción, en la cual se puede observar que la relación de hechos utilizada por los denunciantes no obedece a la realidad de los hechos ocurridos, pretendiendo ocultar una verdad material, para forzar una denuncia pretendiendo mellar su dignidad y poner en peligro su libertad; y, iii) Realizó un informe pormenorizado sobre el manejo eficiente en las gestiones 2015 a 2018 y el manejo deficiente de la gestión            2020 - 2021 arguyendo que fue la única Agencia que cerró con pérdida, solicitando se deniegue la tutela impetrada.

Edwin Pablo Arias Cárdenas, en audiencia señaló: a) Actualmente sigue trabajando en Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, no es un ex funcionario como se menciona en la demanda, sigue como funcionario de la Agencia de Bolsa, empezó a trabajar desde la gestión 2007 y sigue vigente a la fecha desempeñando la funciones de la Subgerencia, administración y Contabilidad, cuando el Gerente General presentó su renuncia en 2018, le hicieron cargo de una doble función, subgerencia de administración y contabilidad y tenía una doble función de llevar la Gerencia General, durante todos estos años; b) No se evidencian los daños económicos, en la institución hubo un fortalecimiento fuerte incluso en su gestión se obtuvo una buena utilidad de casi cinco millones en la gestión 2019, donde realmente se notan las pérdidas es en la gestión 2020, con una deficiencia de casi medio millón de dólares que realmente afecta el patrimonio de Valores Unión; y, c) Se tenga presente que la acción que pretende iniciar Valores Unión es por un delito propio del funcionario público, en este caso su persona no tiene la calidad de funcionario público por lo cual no es posible conceder la tutela, asimismo, se tenga presente que la auditoría especial que se realizó es la base de la presente denuncia, la cual no cumplió con las formalidades de ley, es decir, que no se le notificó para que presente los descargos correspondientes, por tanto tampoco se puede considerar el inicio de una acción penal y la parte accionante aclare qué clase o tipología de empresa pública pertenece Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, en el marco de la Ley de la Empresa Pública.

Pablo Medrano Ismael en representación del Banco Unión S.A. Agencia de Bolsa mediante informe escrito de 26 de cursante a 744 y vta. señaló: 1) Es el principal accionista de la empresa Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y propietaria del 97.99% del paquete accionario, y conforme a la Ley de la Empresa Pública, en su Disposición Final Sexta se estableció que el Banco Unión S.A. debe sujetar en su funcionamiento a la referida Ley, y según Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2015, publicada el 15 de diciembre de 2014 -antes de los hechos-, en su artículo adicional 4°, a tiempo de modificar el art. 7 de la Ley 331 de 27 de diciembre de 2012 se estableció: “Las sociedades en las cuales la Entidad Bancaria Pública tiene o pueda tener participación accionaria mayoritaria, serán consideradas empresas públicas, las cuales se regirán por las normas sectoriales que regulan su creación, actividad, organización y otros aspectos propios de su funcionamiento, las que serán de aplicación preferente respecto a cualquier otra disposición legal de igual jerarquía. Se regirán por la Ley de la Empresa Pública; solamente en cuanto a lo establecido para la Entidad Bancaria Pública en su Disposición Final Sexta;         2) De lo cual se puede advertir que no solamente se tiene una importante participación en el capital social de VALORES UNIÓN S.A. AGENCIA DE BOLSA, quien es accionante en la presente causa, sino que además por su naturaleza se constituyen en una entidad sometida a la Ley de la Empresa Pública; y administran recurso del Estado Plurinacional de Bolivia; y, 3) Por lo cual se tiene que el    resultado de la presente acción de defensa constitucional afecta los intereses del                  Banco Unión S.A. y los recursos públicos que están bajo su administración, lo que denota que tienen un interés legítimo en el presente proceso.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, a través de la Resolución 105/2021 de 26 de mayo, cursante de fs. 757 a 764, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa  ante la supuesta comisión de un ilícito como es el de conducta antieconómica, desplegada por los ahora terceros interesados, cuando estos cumplían funciones de Gerencia, Subgerencia, Presidencia ai de esa Gerencia o Jefe en las funciones mismas que les tocaba cumplir a cada uno de los sindicados; emergente de ello, se elaboró un informe especial identificado bajo las siglas VUN/AUD/E-004/2020 de 25 de mayo,  teniéndose como un Informe de Auditoría Especial, sobre las inversiones en depósito a plazo fijo desde la gestión 2015 para determinar posibles indicios de responsabilidad por daños ocasionados a la sociedad, así como el incumplimiento de la normativa y procedimientos establecidos a momento de efectuar esas operaciones y que ello habría dado lugar a que se inicie la acción penal por el delito previsto en el art. 224 del CP, la denuncia presentada mereció un requerimiento fiscal de observación, debiendo la entidad denunciante precisar los hechos, individualizando la conducta de los sindicados de ilícitos que invoca, así como realizar una subsunción conforme corresponda y tomando en cuenta que los denunciados serían ex servidores públicos y que debían referir si se activó proceso administrativo interno, en la que se determine o no la responsabilidad, debiendo adjuntar copias legalizadas de dicho proceso, y referir cual sería el perjuicio; que formulada la subsanación de la denuncia, emitiéndose fallo en el que el demandado expresa que no existe una relación fáctica clara, no cursan elementos necesarios para tomar una decisión y que no cumple a cabalidad los requisitos previstos en el art. 285 del CPP, en todas sus acepciones desestimando la denuncia formulada, por Valores Unión S.A Agencia de Bolsa contra Renzo Boris Núñez Quiroga, Pablo Arias Cárdenas, y José Luis Pérez Peredo por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica y concurso real conforme prevé el art. 55 de la LOMP; ii) La misma dio lugar a la Resolución Jerárquica 149/2020 de 9 de octubre, que al confirmar la desestimación de la denuncia a criterio de la Sala la motivación es razonable y que conlleva las fundamentaciones de carácter legal y contiene una narración clara y precisa que brinda certeza, no generándose lesión a  derechos y garantía constitucional alguna, así también, refiere que existe la posibilidad que evocando la aplicación del art. 305 en relación al art. 304 del CPP, una desestimación de denuncia da lugar a que una vez cumplidos los requisitos pueda aperturarse o abrirse nuevamente la persecución penal siempre y cuando los mismos en el origen de cualquier informe de naturaleza técnica auditable hagan factible a establecer una responsabilidad previo conocimiento de los sindicados; y, iii) En lo que concierne a la evocación de la SC 0140/2003-R de 6 de marzo, referente al recurso de habeas corpus así como la SC 0140/2003 de 8 de mayo en cuanto a la exigencia de un procedimiento administrativo, en el caso de autos no es la misma situación porque aquí estamos hablando de la base generativa de un proceso penal, un informe de auditoría conseguido a espaldas de los terceros interesados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.     Consta denuncia formulada el 26 de agosto de 2020, ante el Ministerio Público por Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, representada por Juan Carlos Rada Guzmán y Andrés Eduardo Cuevas Patiño contra Renzo Boris Núñez Quiroga, Edwin Pablo Arias Cárdenas y José Luis Pérez Peredo y otros por la supuesta comisión del delito de conducta antieconómica en concurso real alegando que producto de las operaciones descritas en la denuncia se produjo un daño patrimonial al Estado que asciende a la suma de Bs18 691 980.- (fs. 550 a 557 vta.).

II.2.    Cursa requerimiento fiscal de observación a Denuncia de 31 de agosto de 2020, en el cual se ordena a que dentro el término de veinticuatro horas, los denunciantes realicen una relación fáctica concreta clara y precisa de los hechos debiendo: a) Individualizar la conducta de los sindicados a los ilícitos que se invoca; b) Realizar una subsunción conforme corresponda y tomando en cuenta que los denunciados serían ex servidores públicos deberán referir si se activó el proceso administrativo interno en la que determina o no la responsabilidad debiendo adjuntar copias legalizadas de dicho proceso; y, c) Refieran cual es el perjuicio que se hubiera ocasionado de forma concreta por los sindicados con su presunta conducta delictiva adjuntando todos los elementos o medios probatorios que considere necesarios (fs. 560 a 561).

II.3.    Por memorial de 9 de septiembre de 2020 presentado ante la Unidad de análisis  de la Fiscalía Departamental de La Paz, la entidad financiera ahora denunciante subsana las observaciones efectuadas por el requerimiento fiscal de 31 de agosto del mismo año ( fs. 562 a 567 vta.).

II.4.    Cursa Resolución de Desestimación 30/2020 de 11 de septiembre, por la cual se desestima la denuncia formulada por Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa contra Renzo Boris Núñez Quiroga, Edwin Pablo  Arias Cárdenas y José Luis Pérez Peredo, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica y concurso real, conforme lo establece el art. 55.II de la LOMP (fs. 568 a 576).

II.5.    Consta escrito de objeción a Resolución de desestimación 30/2020 presentado el 25 de septiembre de 2020 por Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (fs. 577 a 586 vta.).

II.6.    Por Resolución FDLP/MACV/D-149/2020 de 9 de octubre, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio Viorel se ratificó la Resolución de Desestimación 30/2020 (fs. 603 a 607).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los representantes de la entidad accionante denuncian la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso; toda vez , que el Fiscal Departamental demandado mediante Resolución FDLP/MACV/D-149/2020 ratificó la Resolución de Desestimación 30/2020 sin la debida fundamentación, motivación y congruencia respecto a la falta de pronunciamiento respecto: 1)Al daño económico denunciado de Bs18 691 980.-; no obstante, que mediante requerimiento de observación de manera expresa se les exigió que indiquen cuál era el perjuicio ocasionado de forma concreta por los sindicados; 2) La arbitraria exigencia del cumplimiento del requisito previo para el inicio de la acción penal de la realización de un proceso administrativo a los sindicados a fin de que la autoridad sumariante o competente pueda determinar si su accionar recae en responsabilidad administrativa, civil o penal, además de la necesidad que se realice un pronunciamiento por la “autoridad jurídica” de la sociedad comercial que representan a efecto que se establezca la existencia de indicios de responsabilidad contraviniendo la jurisprudencia constitucional dictada al efecto así como el Instructivo 729/2009 de 1 de octubre emitido por la Fiscalía General del Estado; y, 3) Al arbitrario análisis de tipicidad realizado que en definitiva se pronunció sobre el fondo de la denuncia planteada pero además invocando la inexistencia de elementos de convicción suficientes para determinar la concurrencia del ilícito denunciado sin consideración que para llegar a esas determinaciones se requiere de una investigación penal; asimismo -al margen de lo anterior- la resolución jerárquica denunciada carece de lógica, pues por una parte concluyó expresamente que la determinación asumida por el Fiscal Analista responde a los datos del proceso, toda vez que no se contaría con una hipótesis fáctica clara y precisa que permita identificar la conducta de los denunciados; sin embargo, al contrario de lo manifestado, dicha resolución dio por subsanado ese reparo.