SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0805/2022-S1

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, la autoridad demandada señaló audiencia para el día de hoy -entiéndase 16 de julio de 2021-, fecha de interposición de la presente acción tutelar, dentro del proceso sumario seguido en su contra, sin considerar su baja médica, debiendo suspenderse dicho acto procesal hasta que su diagnóstico reservado sea dado de alta.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La inaplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad tratándose de la tutela del derecho a la vida; b) El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La inaplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad tratándose de la tutela del derecho a la vida

Con la entrada en vigencia de la actual Constitución Política del Estado, la acción de libertad -antes habeas corpus- se constituyó en la garantía constitucional o mecanismo idóneo más importante para la protección no solo del derecho a la libertad (personal y de locomoción), sino también para otros derechos fundamentales como el derecho a la vida; importancia que implica que su activación se da sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias pues no se haya regida por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, es decir, tanto en la vía constitucional como en la ordinaria, de manera excepcional opera el principio de subsidiariedad.

Ahora bien, en lo concerniente a la subsidiariedad excepcional, la                           SC 0160/2005-R de 23 de febrero[1], estableció los supuestos de procedencia de la misma cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que sostuvo que: