SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1042/2022-S4

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad; bajo el argumento que, la autoridad demandada no remitió ante el tribunal de alzada, dentro del plazo de ley, el recurso de apelación incidental, interpuesto por su parte en audiencia, contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, habiendo transcurrido más de cuatro días desde esa actuación judicial.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada

La SCP 0998/2021-S4 de 6 de diciembre, reiterando el entendimiento de la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’.

Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’.

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló:

Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado’.

Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

(…)

Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ‘Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’.

Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con los arts. 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del PIDCP, que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2.  Análisis del caso concreto

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad; bajo el argumento que, la Jueza demandada no remitió ante el tribunal de alzada, dentro del plazo de ley, el recurso de apelación incidental interpuesto por su parte en audiencia, contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, habiendo transcurrido más de cuatro días desde esa actuación judicial.

Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación, revisar los antecedentes cursantes en el expediente, de donde se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el impetrante de tutela solicitó cesación de su detención preventiva; la cual fue rechazada mediante resolución dictada en el mismo actuado procesal el 2 de julio de 2021.

En la parte final del precitado fallo, se evidencia que la Jueza de la causa advirtió que la determinación asumida es apelable de forma oral o en el plazo de tres días, conforme establecen los arts. 251 y 403.2 del CPP. Dando lugar a que el abogado de la defensa, con el uso de la palabra el mismo solicitó el desglose de la documentación original presentada por su parte y señaló que no haría uso del recurso de apelación.

De lo expuesto precedentemente, es posible evidenciar que contra la resolución de rechazo a la solicitud de cesación a su detención preventiva del accionante, el 2 de julio de 2021 en que se celebró la audiencia en la que se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, no se interpuso recurso de apelación incidental como falsamente se alega en la presente acción tutelar; al contrario, consta que el abogado del ahora solicitante de tutela, pidió el desglose de la documentación original presentada por su parte y aclaró que no hará uso del recurso de apelación.

Por consiguiente, la presente acción de libertad fue indebidamente interpuesta, dado que no era posible pretender que la autoridad jurisdiccional demandada remita un recurso de impugnación que jamás fue interpuesto en el verificativo oral, como señaló el impetrante de tutela; y si bien el Tribunal de garantías, aclara que existe un recurso de apelación interpuesto por el solicitante de tutela, el mismo fue presentado en forma posterior a la audiencia, el 6 del mismo mes y año; con relación al cual, la Jueza ahora demandada dispuso su inmediata remisión.

Por lo expuesto, al no ser evidente la vulneración al derecho de libertad, argüido por el accionante, al ser inexistente el supuesto acto ilegal, y no haber incurrido la autoridad demandada en la lesión de derechos fundamentales ni garantías constitucionales, no resulta posible la concesión de la tutela impetrada a través de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho; no sin antes exhortar al solicitante de tutela y a su abogado patrocinante, verificar previamente los actuados cursantes en el expediente, a fin de que en el futuro no se active la jurisdicción constitucional indebidamente, como sucedió en el presente caso.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.