SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1070/2022-S2

La accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a ser oída, a la protección judicial y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra a instancia de Adela Mamani Zabaleta, por la presunta comisión del delito de estelionato; en audiencia de 24 de junio de 2021, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz -demandada-, en aplicación del art. 113.II   del CPP determinó el abandono malicioso de su abogado defensor y dispuso oficiar a SEPDEP para que se le asigne uno de oficio, sin considerar el memorial que presentó dicho profesional la fecha señalada, explicando las razones de su inasistencia.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, estableció lo siguiente: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional.

(…)

Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la   SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras).

Por otro lado, la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, cambió la línea jurisprudencial arriba citada, estableciendo que: “En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional” (el resaltado nos pertenece).

Sin embargo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional fue reconducida por la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, con el siguiente entendimiento: “Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’.

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (énfasis y subrayado corresponden al texto original).

III.2.  Análisis del caso concreto

En la presente acción de libertad, la accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a ser oída, a la protección judicial y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra a instancia de Adela Mamani Zabaleta, por la presunta comisión del delito de estelionato; en audiencia de 24 de junio de 2021, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz -demandada-, en aplicación del art. 113.II    del CPP, determinó el abandono malicioso del abogado defensor de la peticionante de tutela y dispuso oficiar a SEPDEP para que se le asigne uno de oficio, sin considerar el memorial que presentó dicho profesional la señalada fecha, explicando las razones de su inasistencia.

Ahora bien, de acuerdo a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la protección otorgada por este mecanismo de defensa cuando se denuncia indebido procesamiento, no abarca a todas las formas en que puede ser tutelado, estando reservada únicamente para aquellos casos que conciernen directamente a los derechos a la libertad física y de locomoción; en ese sentido, para que el mismo sea analizado por esta acción de libertad resulta necesaria la concurrencia de forma simultánea de dos presupuestos: “…a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (SC 0619/2005-R).

En el caso que nos ocupa, se puede advertir que el actuado procesal denunciado, es inherente a la determinación que tomó la autoridad judicial demandada en la audiencia virtual de apertura de juicio oral de 24 de junio de 2021; quien, en razón a la inasistencia injustificada del abogado de la impetrante de tutela a ese acto procesal, y en aplicación del art. 113.II del CPP, estableció el abandono malicioso del nombrado y dispuso oficiar al SEPDEP para que se asigne un defensor de oficio a la aludida (Conclusión II.1); decisión que no se encuentra directamente vinculada con el ejercicio de la libertad física ni locomoción de la accionante, quedando claramente establecido que la misma no se halla privada de su libertad; en ese sentido, el acto denunciado como lesivo a través de esta acción de defensa, no afectará su situación jurídica, porque -se reitera- no está detenida; es decir, que la determinación tomada por la Jueza demandada no restringió o suprimió el indicado derecho; asimismo, evaluar si el fallo que considera le afecta, corresponde a la vía ordinaria y agotada esta podría formular la acción de amparo constitucional.

Respecto a la segunda exigencia, tampoco puede ser apreciada en el caso concreto; en razón a que, de lo expuesto por la solicitante de tutela y la autoridad demandada, se tiene que, justamente en el ejercicio de su derecho a la defensa la aludida sindicada por la supuesta comisión del delito de estelionato conoce el proceso instaurado en su contra; por otro lado, no se advierte que los medios procesales de impugnación estén obstruidos; lo que, permite establecer ausencia de absoluto estado de indefensión, por el contrario, formuló los mecanismos de defensa que tuvo a su alcance; más aun tomando en cuenta que no se encuentra detenida.

En efecto, al no concurrir ambos presupuestos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional para que el indebido procesamiento sea analizado vía acción de libertad, corresponde denegar la tutela incoada sin ingresar a resolver el fondo de la problemática traída a revisión.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.