SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0988/2022-S1

En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente.

Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria.

La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales.

III.4.  Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la        SCP 0342/2018-S2, asumió el siguiente razonamiento:

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías^[10], menos aún la vía procesal penal, que tiene otro objeto procesal y finalidad^[11]; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva^[12]; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos^[13]; aclarando que, cuando las Sentencias Constitucionales 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la lesión de los mismos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial^[14]; y, d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria^[15].

A lo anotado, corresponde señalar que, tratándose de predios rurales o urbanos destinados a la actividad agropecuaria, es posible acudir directamente a la justicia constitucional o alternativamente a la vía agroambiental, con la aclaración que la tutela que brinda la primera, es provisional respecto al derecho propietario y definitiva con relación a las vías de hecho debidamente acreditadas, por supresión del derecho de acceso a la justicia.

III.5.  Análisis del caso concreto

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al trabajo; toda vez que, pese a la suscripción de un contrato de cesión de administración de la piscina del Club Social a su favor, el demandado el 2 de noviembre de 2021, sin previo aviso, procedió a cerrarle la puerta principal impidiéndole el ingreso a realizar los trabajos de administración exclusiva de la piscina y de los ambientes que corresponden a la misma.

Ahora bien, conforme a los datos que cursan en obrados, se evidencia un documento privado de 10 de agosto de 2020, de “CESIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PISCINA CON INVERSIÓN” (sic), a través del cual, Julio Hernán Romaña Sosa en calidad de representante del Club Social acuerda otorgar la administración de la piscina, baños y espacios colindantes del Club Social a favor del ahora impetrante de tutela denominado para el efecto “Inversionista”, por el término de diez años forzosos; asimismo, se advierte copias de proceso judicial denominado “Diligencia preparatoria de reconocimiento de firma” contra el demandado, respecto del documento privado de 10 de agosto de 2020 (Conclusión II.1), un CD que contiene un audio y un video de WhatsApp además de copias de la denuncia y acta de declaración informativa dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico, por el delito de hurto de un celular y otros, seguido por Jhamixo Romaña Sakata contra autor o autores de 25 de septiembre de 2021 (Conclusión II.2 y II.3).

Al respecto, del problema jurídico planteado y las conclusiones arribadas, corresponde denegar la tutela provisional y transitoria al solicitante de tutela, con relación a su derecho al trabajo y a la defensa; por cuanto, no corresponde una tutela reparadora ni preventiva en ese marco; toda vez que, si bien se comprobó que el accionante suscribió un contrato privado de “CESIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PISCINA” (sic) a su favor con el demandado en calidad de poseedor y “REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB SOCIAL” (sic) -hoy demandado-; que acredita su derecho de uso y disfrute de los ambientes señalados, se tiene que ambas partes constituyeron una sociedad, y a decir del impetrante de tutela, se le cerró la puerta principal sin aviso previo, refiriendo el demandado que a partir de ese momento ellos se harían cargo de la ADMINISTRACION –EXCLUSIVA- DE LA PISCINA (sic [Conclusión II.1]); es decir, son hechos que están circunscritos a aspectos que implican la existencia de hechos controvertidos que deben ser conocidos y resueltos en la jurisdicción ordinaria competente, a través de todos los medios de prueba existente para el cumplimiento del contrato; aspecto que, impide a la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional -dado su carácter sumarísimo-, otorgar la tutela incluso transitoria y provisional sobre dichos derechos.

Del mismo modo, tampoco corresponde conceder una tutela definitiva, por supresión del derecho de acceso a la justicia en sentido amplio del accionante y la inobservancia y fractura del principio del Estado Constitucional de Derecho conforme lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por cuanto, no existe certidumbre respecto si en efecto el demandado, incurrió en actos vinculados a medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, cuando el impetrante de tutela, encontró el 2 de noviembre de 2021, cerrada la puerta principal de la piscina del Club Social, por las siguientes razones: 1) El inmueble donde funciona actualmente el Club Social y piscina, en merito a lo manifestado por ambas partes, se encontraba ocupado por el demandado habiendo constituido su domicilio en el lugar, desde hace diez años; y, 2) Existen dos medios probatorios contradictorios, que generan incertidumbre sobre, si en efecto el cerramiento de la puerta principal del inmueble donde funcionaba la piscina, fue realizado con medidas o vías de hecho; por cuanto, por una parte, se ve en el video, como una persona de sexo masculino cierra la puerta principal de acceso y coloca un candado y se retira del lugar, mas no se acredita que se trataba del demandado, o que haya existido un intercambio de palabras entre la persona que filmaba presuntamente el “demandante de tutela” y la persona que coloca el candado presuntamente “hijo del demandado”, que dicho sea de paso, no fue convocado, ni demandado en la presente acción tutelar.

Por su parte el demandado en descargo presentó copia de la denuncia y entrevista informativa, de un proceso seguido por su hijo, con relación a un presunto hurto suscitado en su domicilio, y por razones de seguridad habría determinado, cerrar un mes antes una de las puertas de ingreso, que era para el acceso al depósito mientras se realizaron las mejoras, ya concluidas a la fecha, y habilitar la puerta que da al restaurant para el ingreso y salida del solicitante de tutela y los alumnos de la escuela de natación, situación que habría sido comunicada al accionante y al representante de los padres de familia, y lo que no ha sido rebatido por el impetrante de tutela, quien señala en audiencia que ante el cerramiento de la puerta tuvieron que salir “por otro lugar”, de lo que se presume que la puerta cerrada no era el único acceso de ingreso al lugar; el audio de WhatsApp ofrecido como prueba de cargo, no demuestra en si las vías o medidas de hecho, presuntamente ejecutadas por el demandado, tratándose presumiblemente de una conversación entre el solicitante de tutela y el demandado, respecto a temas inherentes a un incumplimiento de obligaciones emergentes del contrato.

Asimismo, se establece la inconcurrencia de la cuarta sub regla, establecida en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional; es decir, el accionante no cumplió con la carga de la prueba, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP “0998/2012”, que ha establecido que la carga de la prueba tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el impetrante de tutela, quien debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derecho y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

En el caso que se examina, el accionante no acredita de manera objetiva las vías de hecho que alega, carga que debió ser cumplida, demostrando que fue el demandado quien cerró el acceso de ingreso al Club Social con actos o medidas asumidas sin causa jurídica alguna.

CORRESPONDE A LA SCP 0988/2022-S1 (Viene de la pág. 15).

De otro lado, corresponde aclarar que la existencia de una demanda de diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas, al tener otro objeto y finalidad, no fue óbice para la interposición directa de la presente acción tutelar; por cuanto, conforme entendió que la apertura de procesos, que luego son de conocimiento por la justicia constitucional, denunciando vías o medidas de hecho o justicia por mano propia, constituyen en todo caso, en esta acción de tutela, un medio probatorio de la existencia de hechos controvertidos. Por las razones precedentemente señaladas, no es posible conceder la tutela solicitada.

De lo expresado precedentemente se tiene que la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obro correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 089/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela, bajo los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

^[1]El FJ III.1, señala: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (…)”.

^[2]El FJ III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

^[3]La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”.

Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras.

^[4]La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble.

^[5]La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el FJ III.3, señaló: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”.

Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras.

^[6]Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.

^[7]El FJ III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.

^[8]La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.3, sostiene: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”.

^[9]La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.

^[10]La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa.

^[11]La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto, señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”.

En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación.

^[12]La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.

Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal.

^[13]La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.

La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos continuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”.

^[14]La aclaración de la aplicación de los precedentes constitucionales, se encuentra en nuestra tradición jurisprudencial, como en la SCP 0042/2013 de 3 de abril, que aclaró la aplicación de la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, sobre las notificaciones procesales; precisamente, porque el Tribunal Constitucional evidenció su utilización distorsionada.

^[15]SCP 0998/2012, FJ III.4.