SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1189/2022-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2022, cursante de fs. 98 a 111, los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Siendo trabajadores bolivianos de la empresa “CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (SUCURSAL BOLIVIA)”, el 16 de mayo de 2022, la oficina de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Empresa precitada, mediante carta les comunicó que no podría cancelarse sus salarios, en virtud a que, la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora  demandada-, a través de Auto Interlocutorio 209 de 8 de abril del año indicado, expidió orden judicial de medida cautelar, disponiendo el “congelamiento” de las cuentas bancarias de la Empresa en la que desarrollan funciones.

Alegaron que, ante la desesperación como personas asalariadas y ante sus necesidades básicas y las de sus familias, que dependen de su sueldo básico para subsistir, se apersonaron al Juzgado de la autoridad judicial hoy demandada, solicitando información en relación al Auto Interlocutorio 209 dictado; empero, les negaron el préstamo del expediente alegando que no eran parte del proceso; por lo que, tuvieron que acudir ante un profesional abogado para ejercer su defensa, quien únicamente pudo sacar una fotografía del fallo mencionado, lesionando el principio de publicidad; obviando la situación desesperante en la que se encuentran ante la constancia de una medida cautelar que afecta sus derechos, que fue emitida además sin existir una sentencia con calidad de cosa juzgada; y, por ende, un derecho consolidado de la demandante Yunko Matayoshi Machida de Adachi, constituyéndose en una medida desproporcionada, abusiva y lesiva de sus derechos fundamentales. En ese sentido, el Auto de referencia, además de conferir una medida cautelar de retención de fondos sin ningún derecho consolidado, se expidió en un proceso de conocimiento; es decir, en un juicio controvertido, procediendo la retención de fondos en procesos ejecutivos; no pudiendo interponer ningún recurso contra el mismo, al no ser parte del proceso ordinario del que emergió.

Resaltando, asimismo que, el Auto Interlocutorio 209, carece de fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto, la retención de fondos que en los hechos es el embargo del dinero que tiene la Empresa, transgredió lo previsto por el art. 326 del Código Procesal Civil (CPC), que prevé los casos en los que procede el embargo preventivo de bienes, como medida cautelar en procesos ejecutivos y no así en un ordinario; es decir, los argumentos son forzados y no corresponden a los hechos concretos del expediente y a la norma procesal específica que sustentó la decisión asumida, no existiendo la relación acreedor - deudor, tratándose de un proceso de conocimiento, en el cual el derecho no está probado y mucho menos el monto; por lo que, solo es viable ordenar el embargo de bienes en poder de un tercero conforme a las reglas estipuladas en la norma procesal civil aludida, lo que debió ser aplicado por la Jueza demandada; quien, pese a lo expuesto y  apartándose de los marcos legales en los que se encuadra la medida cautelar solicitada, además efectuando una errónea valoración de la prueba presentada, dispuso dicha medida, de forma arbitraria e ilegal, porque en su condición de trabajadores de la Empresa, tienen derecho a una remuneración en los términos y condiciones del contrato de trabajo que tienen celebrado; lo que no se cumplió “a la fecha”, encontrándose impagos de sus salarios, lo que no les permite, reiteran, llevar el sustento diario a sus hogares.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalaron como lesionados sus derechos al trabajo, a percibir una remuneración justa, a la salud, a la dignidad humana, a la alimentación, a la vida y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, valoración de la prueba y el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 46, 47, 48.IV, 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 209 de 8 de abril de 2022, levantando la retención de fondos ordenada a los fines del pago inmediato de salarios los cuales son inembargables.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 18 de julio de 2022 según consta en el acta cursante de fs. 252 a 256, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, los fallos ilegales denunciados, son los de 18 de febrero y el Auto Interlocutorio 209 de 8 de abril, ambos de 2022, que resolvieron el “congelamiento de cuentas” de la Empresa demandada en el proceso civil, en la que, prestan funciones.

I.2.2. Informe de la demandada

Camila Paniagua Ferrufino, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, presentó el informe escrito de 18 de julio de 2022, cursante de fs. 247 a 250, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) En el proceso sobre cumplimiento de contrato instaurado por Yunko Matayoshi Machida de Adachi contra la empresa “CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (SUCURSAL BOLIVIA)”; ante la solicitud reiterada de la demandante sobre aplicación de medidas cautelares, dictó el proveído de 27 de abril de 2018, determinando la retención de fondos de la Empresa demandada en el sistema financiero nacional. Constando, al respecto, que, la Empresa precitada impetró, el 23 de mayo de ese año, el cese o suspensión de dicha medida, en aplicación del art. 314.II del CPC; resolviéndose aquello mediante Auto Interlocutorio 501 de 15 de junio de 2018, rechazando el pedido de cesación referido, “…y para no causar mayores perjuicios una vez la parte ejecutante acredite bienes y una vez acreditados se dispone la sustitución y cese de la cautelar de retención de fondos” (sic);                      b) Notificada la Empresa citada, con el anterior Auto Interlocutorio 501, precitado, planteó incidente de nulidad el 28 de junio de 2018; mismo que fue resuelto por Auto de 19 de julio de igual año, “…por la anulación del oficio de fecha 30 de abril 2018 de fs. 90, y ordena oficiar a la ASFI a objeto de dejar sin efecto la retención de fondos antes ordenada” (sic); c) La demandante, adjuntó avalúo pericial en el proceso, sobre cálculo de la deuda de                    $us12 650 000.- (doce millones seiscientos mil cincuenta dólares estadounidenses), efectuado por Auditor independiente, requiriendo la aplicación de medidas cautelares, lo que defirió mediante Auto de 18 de febrero de 2022; decisión contra la que, la Empresa anotada no interpuso objeción alguna, menos planteó recurso de apelación incidental conforme a los arts. 315, 321 y 322 del CPC, quedando ejecutoriada según lo instituido en el art 228.2 del Código aludido; siendo la acción de defensa improcedente, en previsión del art. 53.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); d) El 8 de marzo de igual año, la Empresa indicada, recién solicitó la cesación de la medida cautelar de retención de fondos; lo que mereció el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 209, ordenando la retención hasta la suma antes señalada, “…o su equivalente y una vez efectuada la misma, se liberen otras cautelares” (sic); fallo que no mereció ninguna aclaración, complementación y/o enmienda. Teniendo que, el 12 del mes y año prenombrados, la Empresa demandada, formuló incidente de nulidad de los Autos de 29 de marzo de “2021(2022)” y del de 8 de abril y su complementario; pidiendo, asimismo, cesar la medida cautelar ordenada, lo que fue negado a través de Auto de 3 de mayo del año mencionado, declarando ejecutoriado lo decidido; e) Contra el último Auto referido, la Empresa demandada, planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, encontrándose pendiente de resolución; a más de existir nueva solicitud de 20 de mayo de 2022, reiterando el cese de medidas cautelares; f) El 13 de abril de igual año, la Empresa requirió audiencia de conciliación, convalidando todos los actos y fallos anteriores, “…pese de mencionarse de no consentir vicios de nulidad pendientes de resolución y sin renunciar a las solicitudes de su parte” (sic); acto procesal que fue desarrollado, “…sin el avenimiento de la parte solicitante” (sic); g) El 30 de mayo de similar año, los hoy accionantes, en calidad de trabajadores de la Empresa demandada en el proceso, se apersonaron impetrando levantar la retención de fondos dispuesta por Auto Interlocutorio 209; respecto a lo que, dictó el proveído de 1 de junio de referido año, al no ser parte en el proceso, disponiendo estar a lo previsto en el art. 27 del CPC; ocurriendo igual situación ante el apersonamiento del “personero de la ABC” (sic); h) No es cierto que los impetrantes de tutela se hubieran apersonado para tener información del proceso en el Juzgado que preside, siendo las personas que efectuaron aquello otras que alegaban ser trabajadores de la Empresa, quienes; empero, no se encuentran dentro de los nombres consignados como peticionantes de tutela en la acción de defensa; “…por lo que no pudieran alegar haberse reprimido su conocimiento del proceso a estos, así como no se ha restringido la publicidad de los actos procesales…” (sic); i) Los demandantes de tutela carecen de interés legal según el art. 33.1 del CPCo, habiendo presentado únicamente sus cédulas de identidad, y no los contratos que acrediten su relación laboral con la Empresa demandada en el proceso ordinario; no pudiendo, por ende, efectuar abstracción del principio de subsidiariedad; j) El Auto cuestionado en la demanda tutelar, no afecta de ningún modo “los aparentes derechos” de los peticionantes de tutela, por cuanto, la Empresa demandada, tiene un contrato de un valor aproximado de $us253 000 000.- (doscientos cincuenta y tres mil millones de dólares estadounidenses), según datos del proceso; por lo que, cualquier obligación social se encuentra ampliamente garantizada en el marco de lo regulado en el art. 48.IV de la CPE, que reconoce privilegios por salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales no pagados, cuya preferencia sobre cualquier otra acreencia correspondería ejercitarse a momento de pago alguno, bajo esta garantía y en vía de tercería de derecho preferente regulado en procedimiento; y, k) En caso de concederse la acción de amparo constitucional planteada, se abriría un medio cuasi legal, mediante el que, ninguna acción judicial contra una empresa sería posible, “…cuando como es del presente caso, sus empleados o trabajadores impedirían toda medida precautoria desnaturalizando el objeto y finalidad de la medida cautelar, ejercitando anticipadamente el derecho y privilegio que les reconoce a estos la norma suprema, y la oportunidad en que deben hacerlo valer” (sic).

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Yunko Matayoshi Machida de Adachi, participó en la audiencia tutelar impetrando se deniegue la tutela, conforme a los siguientes argumentos:             1) Ninguno de los hoy impetrantes de tutela, se apersonaron al Juzgado de la autoridad judicial demandada, siendo personas totalmente diferentes quienes acudieron; por otro lado, la medida cautelar no fue impuesta contra ninguno de los trabajadores de la Empresa demandada en la causa ordinaria, siendo un proceso judicial entre particulares; existiendo una falta de nexo causal entre los derechos invocados como transgredidos y el acto denunciado como vulneratorio, no habiéndose acreditado de forma alguna que, “…la medida cautelar que se ha dictado en el proceso judicial, sea una imposibilidad para la empresa demandada, de cumplir con sus obligaciones patrimoniales…” (sic); 2) No existe constancia objetiva de algún reclamo de la parte empleadora, a la empresa “CHINA RAILWAY GROUP LIMITED  (SUCURSAL BOLIVIA)”, exigiendo el pago de sus salarios y derechos, limitándose a mencionar que, “…ha habido un aviso, no obstante no han acreditado que la empresa demandante carezca de los fondos, recursos para cubrir con esos derechos que les asisten…” (sic); 3) Extrañó que, la Sala Constitucional, no  hubiera convocado a la Empresa aludida para averiguar la verdad material; teniendo en todo caso, los trabajadores demandantes de tutela, la jurisdicción laboral para reclamar sus derechos, no siendo lógico que intervengan en un proceso judicial entre particulares; 4) La Empresa referida, no interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 209, dando consentimiento a la medida cautelar dispuesta; pese a ello, en forma posterior, pidieron la cesación de la misma, lo que les fue negado, sin que tampoco hubieran impugnado aquello, demostrando su consentimiento; pese a ello, avisa a sus trabajadores que no tendrían “…para pagar su salario, situaciones contrarias y contradictorias que van en contra de sus propios actos” (sic); y, 5) La Empresa referida, informó a sus trabajadores, hoy peticionantes de tutela, que no tendría para pagar sueldos conforme a planilla, pese a haber firmado un contrato de $us215 000 000.- (doscientos quince mil millones de dólares estadounidenses), siendo claro que, si se libera el monto retenido, desaparecerá; y, ante una eventual sentencia favorable en el futuro, no existirá forma de materializarla.

I.2.4. Resolución