SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0105/2023-S4

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0105/2023-S4

Sucre, 10 de abril de 2023

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:     Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

Acción de libertad

Expediente:                 53134-2023-107-AL

Departamento:            Santa Cruz

En revisión la Resolución 31/22 de 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 85 a 88, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Giuseppe Sabatino en representación sin mandato de su hijo menor de edad AA contra Katherine Reyes Menduiña.

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 56 a 65 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por disposición de la Jueza de Familia Tercera del departamento de Santa Cruz, desde el 2 de enero de 2022, tiene la guarda compartida semanal de su hijo de tres años y medio con su ex pareja, hoy demandada; es decir, una semana le corresponde él y la otra a la madre del menor de edad; en ese marco interpone la presente acción de libertad en resguardo de los derechos a la salud y a la vida de su hijo menor de edad, pues cuando fue a recogerlo a la casa de su progenitora el 5 de diciembre de igual año, en cumplimiento de la señalada guarda compartida, le informaron que ésta se había mudado llevándose al niño, fecha desde la cual no pudo verlo; teme por su vida y salud en virtud a que: a) El 3 de octubre de 2020, su hijo llegó a su casa con una herida en el ojo derecho; b) El mes de marzo de 2021, después de no haberlo visto tres semanas, llegó a su casa con una herida en el brazo izquierdo con una sutura de siete puntos; y, c) El mes de marzo de 2022, llegó a su casa con una herida en la nariz. Por estas razones y considerando además que fue él quien llevó durante los dos primeros años de vida del menor, su cuidado y hasta el control de sus vacunas, considera que, al no tener conocimiento de su paradero, corre riesgo la salud y la vida de su hijo, además de alegar que éste se encuentra secuestrado, vale decir privado ilegalmente de su libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida, citando al efecto, los arts. 25.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene en la demandada: a) Restablecer de manera inmediata la comunicación con su hijo y cumplir la guarda compartida dispuesta por la autoridad jurisdiccional; y, b) Informe sobre el paradero del menor y que el mismo sea sometido a una valoración médica.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de diciembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 83 a 85; presentes el solicitante de tutela y su representante sin mandato; y, la demandada, todos asistidos de sus abogados se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela por intermedio de su representante sin mandato ratificó íntegramente su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en que, se analicen todas las pruebas aportadas; y por ende, se conceda la tutela solicitada, además de considerar que, si bien la demandada planteo la modificación de la guarda compartida, eso no tiene nada que ver con la restricción de comunicación que está ejerciendo; por otro lado, resaltó que, si la madre se encuentra afectada en su salud, implica un descuido adicional hacia el hijo menor de edad.

I.2.2. Informe de la demandada

Katherine Reyes Menduiña, en audiencia tutelar por medio de su abogado manifestó que: 1) Su hijo menor de edad AA, sí mantuvo comunicación telefónica con su padre, no siendo evidente que éste desconozca de su paradero; 2) Señaló que se encuentra en la ciudad de Cochabamba, donde tuvo que trasladarse por tener un trauma; por lo cual, deben colocarle placas; 3) No conforme con la guarda compartida, solicitó a la Jueza de Familia Tercera del departamento de Santa Cruz, la guarda total, siendo admitida la petición mediante Auto de 18 de noviembre de 2022, a la cual también a dicha demanda contestó la parte ahora accionante; 4) El impetrante de tutela no acompaño prueba alguna para acreditar que la salud y la vida de su hijo menor de edad AA se encuentren en peligro; y, 5) Producto del constante acoso que sufre, interpuso contra el solicitante de tutela, denuncia por violencia psicológica y económica, por tal razón ahora recibe las represalias a través de instancias jurídicas. Ante la pregunta de la Jueza de garantías, sobre quien le dio la autorización para llevarse al menor a la ciudad de Cochabamba, ella manifestó que fue un acuerdo verbal que también es válido.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 31/22 de 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 85 a 88, concedió la tutela impetrada de manera provisional hasta que la Jueza a quo resuelva las solicitudes de guarda, ordenando a la ahora demandada, restituir la comunicación entre el menor de edad AA y su progenitor –hoy solicitante de tutela–, una evaluación médica de ser necesaria, y la prohibición cortar el vínculo entre padre e hijo; decisión asumida, con base en los siguientes fundamentos: i) La normativa interna e internacional así como la jurisprudencia constitucional, han señalado la importancia de aplicar el principio interés superior del niño, que entre otros establece la necesidad que los menores de edad deban crecer en un ambiente sano y saludable con asistencia de ambos padres; ii) Del análisis de la documental adjunta se puede evidenciar, que la Jueza de Familia Tercera del departamento de Santa Cruz dispuso la guarda compartida, una semana con el padre y otra con la madre, aspecto que la madre ha incumplido, lesionando además el principio de interés superior del niño, el principio de igualdad; iii) Dado que, el incumplimiento de la guarda, fue materializada por acciones de hecho atribuibles a la madre, se ha incumplido con disposiciones legales y una decisión jurisdiccional; iv) Si bien no se advierte la vulneración de los derechos a la libertad o la vida, si se ha cometido una ilegalidad; y, v) Siendo que, la Jueza de Familia Tercera del departamento de Santa Cruz a cargo de la causa, se encuentra de vacaciones, y no puede resolver la petición de la parte accionante referida a la modificación de la guarda, se debe conceder la tutela provisional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Mediante Certificado Médico de 21 de septiembre de 2021, firmado por Carlos Condori Terceros, Médico Cirujano, se informó que, AA, ingresó al servicio de emergencia del Centro de Atención Primaria de Salud de “Prosalud El Carmen” del departamento de Santa Cruz, acompañado de su madre y tía el 3 de abril de igual año, por una herida cortante en la muñeca izquierda producto de un accidente en su casa cuando jugaba con otros niños, por lo que se le hizo la curación y se le indicó que retorne cada dos días para que en ocho días se haga el retiro de los puntos (fs. 79).

II.2.    A través de Sentencia de Asistencia Familiar 21/22 de 24 de enero de 2022, emitida por Lucinda Chamoso Gonzales, Jueza de Familia Tercera del departamento de Santa Cruz; por la cual, declara probada en parte la demanda de asistencia familiar, disponiendo, entre otros, una guarda compartida, una semana con el padre y la siguiente semana con la madre (fs. 48 a 53 vta.).

II.3.    Cursa Formulario 1 de Referencia del Centro de Salud San Luis del departamento de Santa Cruz, firmado por Kathia Ortuño, Médico Cirujano, en el cual se evidencia que el 28 de octubre de 2022, AA fue atendido en el referido centro de salud, llegándose al diagnóstico de que el paciente tiene una neumonía, no grave, y faringitis recurrentes, procediéndose a la medicación respectiva (fs. 28).

II.4.    Consta memorial de 9 de noviembre de 2022, firmado por Rosa Elizabeth Coro Buitrago, Fiscal de Materia, dirigida al Juez de Instrucción Penal de turno de la capital del departamento de Santa Cruz, presentando imputación formal y solicitando audiencia de medidas cautelares, contra Giuseppe Sabatino –accionante–, investigado por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domestica a denuncia de Katherine Reyes Menduiña (fs. 71 a 76).

II.5.    Fotografías, sin identificación ni fecha en la cual hubiesen sido tomadas, donde se advierte a un menor de edad de aproximadamente de dos (2) a cuatro (4) años de edad, con una escoriación leve en el lado derecho de la nariz; y, una herida de pequeña cerca al ojo derecho (fs. 3 a 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncio la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida, en virtud a que la demandada, incumplió la guarda compartida ordenada por la Jueza de Familia Tercera del departamento de Santa Cruz, quien dispuso su cuidado semanal –una semana el padre y la siguiente la madre–; y mudándose de su residencia habitual el 5 de diciembre de 2022, no permite que pueda tener comunicación con él, por lo que su representante argumentando malos tratos anteriores, aduce un peligro a la salud y a la vida de su hijo menor de edad AA, así como una restricción ilegal de su libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La tutela del derecho a la vida en el ámbito de protección de la acción de libertad

Sobre lo señalado, la SCP 0223/2020-S4 de 23 de julio, sostuvo que: “Al respecto la SCP 0307/2019-S4 de 29 de mayo, estableció que: ‘El derecho a la vida es un derecho humano universal, que le incumbe a todo ser humano, puesto que de él se concretizan los demás derechos universales. El resguardo y respeto de este derecho implica que toda persona tiene garantizada y asegurada la posibilidad de crecer, desarrollarse y culminar los días de su vida en un ambiente favorable, ello involucra en definitiva, beneficiarse con servicios y atención médica adecuados, con una alimentación equilibrada y un ambiente saludable. Constituyendo la protección de este derecho como una obligación no solo del Estado sino también una responsabilidad de todas las personas que lo integran’.

Precisando el alcance del art. 125 de la Constitución Política del Estado, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, estableció lo siguiente: ‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’.

De dicha jurisprudencia se tiene que dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, goza de protección especial, mereciendo así la tutela impetrada vía acción de libertad siempre y cuando exista un real peligro para éste, incluso puede ser activada de forma directa de demostrarse dicho peligro real” (las negrillas son nuestras).

III.2.  Tutela del derecho a la salud mediante la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, señalo que: “Con relación al derecho a la salud, y sin que éste sea objeto de protección directa por la vía de la acción de libertad, salvo que este derecho esté vinculado con el peligro de muerte o riesgo de vida, corresponde también señalar que el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, suscrito por Bolivia el 17 de noviembre de 1988, ratificado por Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005, dispone en el art. 10 que: ‘1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad’

En un mismo sentido la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, señaló que, “El Estado tiene la obligación de abstenerse de realizar acciones que limiten el derecho a la salud de sus habitantes, propendiendo más bien a proteger a éstos de acciones de personas u organizaciones no estatales que puedan truncar o limitar su derecho a la salud.

Uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar de las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud; así, en el ámbito de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, el art. 25.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), señala que: ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…’.

En relación a este derecho, si bien el mismo no encuentra protección como un derecho autónomo a través de la acción de libertad, sí lo hace cuando se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o riesgo de vida, por cuanto, como se dijo, el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado, por cuanto: ‘La salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación innegable con el derecho a la vida. La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad” (las negrillas nos pertenecen).

III.3.  Análisis del caso concreto

Conforme la denuncia planteada y en merito a que el impetrante de tutela es un menor de edad y que, “tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…” (SCP 1879/2012 de 12 de octubre), en ese contexto, es preciso abstraerse de la aplicación de cualquier limitante que pueda impedir el cocimiento y resolución de las alegaciones planteadas, correspondiendo ingresar al fondo de las mismas.

En tal sentido, de la Conclusión II.2 de este fallo constitucional se tiene que, la Jueza de Familia Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante Sentencia 21/22 de 24 de enero de 2022, entre otros aspectos, dispuso la guarda compartida semanal del menor de edad AA; siendo que, una semana debía quedarse con el padre y la siguiente semana con la madre; Sin embargo, el hoy representante sin mandato del accionante señala que, desde el 5 de diciembre de mismo año, su ex pareja y progenitora del menor, al mudarse de su domicilio no le permite conocer su paradero, con lo cual ésta se encuentra lesionando los derechos a la libertad, a la salud y a la vida de su hijo que tiene apenas tres años y medio de edad.

En ese contexto, respecto a la lesión de los derechos del menor de edad a la salud y a la vida, de los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, el derecho a la vida, puede ser tutelado mediante la acción de libertad, siempre y cuando exista un real peligro para éste, incluso puede ser activada de forma directa de demostrarse dicho peligro; por lo cual, la tutela debe ser inmediata con el fin de prevenir un riesgo inminente contra la vida; por otro lado, al existir un amenaza directa contra el derecho a la salud, mismo que repercute de manera directa en el derecho a la vida, este también puede ser tutelado mediante esta acción de defensa, a fin de prevenir el riesgo señalado en contra de la vida, siempre y cuando las amenazas del riesgo inminente resulten objetivos y/o verificable para esta decisión.

En el presente caso, el representante sin mandato del accionante expresa que, los derechos a la salud y la vida de su hijo menor de edad AA se encuentran vulnerados, ante la pérdida de comunicación y contacto con éste cuando se encontraba en cuidado de su madre, incumpliendo el régimen de guarda compartida, señalado como antecedentes que, con anterioridad el menor de edad hubiera sufrido al menos dos accidentes por la falta de cuidado de la madre –ahora demandada–.

En ese marco de la revisión de la documental adjunta se advierte que, efectivamente el menor de edad hubiera sufrido un accidente en la casa de su madre el 3 de abril de 2021, mismo que fue atendido por una profesional médica quien curando una herida cortante estableció que en ocho días debía retornar para retirar los puntos efectuados; por otro lado, el 28 de octubre de igual año, el menor de edad AA fue atendido de emergencia en el Centro de Salud San Luis de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, siendo diagnosticado con neumonía no grave y faringitis recurrentes, procediendo a ser tratado con medicamentos de manera ambulatoria (Conclusiones II.1 y II.3); el representante sin mandato del accionante, también acompaño fotografías donde se demuestra que el menor de edad tendría heridas superficiales en la nariz, el ojo derecho (Conclusión II.5).

De la documental aportada, así como las fotografías del menor de edad, si bien, se puede establecer que efectivamente éste tuvo problemas de salud, uno por un accidente doméstico y otro causado por problemas respiratorios; ambos casos, fueron atendidos por médicos de manera ambulatoria, es decir, no se requirió la internación de éste, tampoco tratamientos complejos ajenos a la edad del menor o que requiera una atención especializada que implique una desmejoría de su salud; por lo cual, dichas situaciones no pueden considerarse como un riesgo inminente en la vida del menor de edad AA; respecto a las heridas expuestas en fotografías, las mismas al no tener una fecha precisa o una explicación concreta de cómo y donde sucedieron, pues corresponde recordar que la guarda compartida se la dispuso recién el 24 de enero de 2022, no se puede considerar como una negligencia atribuible exclusivamente a la madre del menor de edad AA –hoy demandada–; por lo que, tampoco puede considerarse las misma como un inminente riesgo a la salud y a la vida del menor de edad AA estando en resguardo de su progenitora.

Ahora bien, de manera razonada la Jueza de garantías, concluyó en que, no se está frente a una lesión de derechos sino simplemente ante el incumplimiento de una decisión jurisdiccional de guarda compartida, argumentos que, al ser compartidos por este Tribunal, dicho aspecto debe ser dilucidado en la justicia ordinaria, conforme las normas y procedimientos establecidos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–, no pudiendo esta instancia emitir ningún pronunciamiento al respecto. En consecuencia, en el advertido de que la actitud asumida por la demandada respecto a la guarda compartida del menor de edad AA y el incumplimiento de ésta, no implica una vulneración del derecho a la salud y la vida, corresponde denegar la tutela solicitada.

El representante del accionante también señaló que la demandada lesionó el derecho a la libertad del menor de edad AA, bajo el argumento de que ésta le impide la comunicación con su hijo, alegando en tal sentido un secuestro, con lo cual se estaría además incumpliendo la guarda compartida semanal dispuesta por la Sentencia de Asistencia Familiar 21/22 de 24 de enero de 2022; en ese contexto, la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, ha establecido en referencia al principio del interés superior del niño que, “…este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina, así como en a Opinión Consultiva sobre la situación jurídica y derechos humanos del niño.

En virtud a lo referido, el art. 60 de la CPE dispone que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, que se ajusta a la Convención de los derecho de niño, por ello, es importante referir que cuando los administradores de justicia tengan que resolver situaciones en las que se encuentren involucradas la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, deben tener presente el principio de protección reforzada frente a otros intereses…” (las negrillas nos pertenecen). Razonamientos que permiten concluir que el garantizar con prioridad los intereses de las niñas, niños y adolescentes, es un deber ineludible, preeminente y superior de los administradores de justicia, en procura y protección de su desarrollo físico, psicológico, moral y social (SCP 1534/2022-S4 de 23 de noviembre).

En este contexto, considerando que la aludida Sentencia de Asistencia Familiar dispuso la guarda compartida semanal, –una semana la madre y la siguiente semana el padre–, cuando este último fue a recoger a su hijo menor de edad AA en cumplimiento de dicha orden judicial el 5 de diciembre de igual año, y la madre de manera unilateral impidió el cumplimento de la Resolución 21/22 de 24 de enero de 2022, se generó una lesión del derecho a la libertad del menor, pues en la fecha señalada según disposición judicial debía encontrase en cuidado del padre y no de la madre; y si bien la hoy demandada alega haber solicitado el 9 de noviembre de 2022, la guarda total del menor de edad AA; no obstante, esa sola petición no le faculta actuar en prescindencia de las vías legales establecidas y activadas al efecto, impidiendo que el menor de edad AA mantenga una relación y comunicación con su progenitor, tendiente a la consolidación de sus lazos afectivos en procura del interés superior del niño; en cuyo mérito, al evidenciarse que el incumplimiento de la orden judicial citada, repercute negativamente en el derecho a la libertad del menor de edad AA en directa vinculación con su desarrollo psico-emocional, es que, en aplicación del principio del interés superior del niño, es que corresponde conceder la tutela impetrada sobre este aspecto, debiendo la progenitora, dar escrito cumplimiento a lo determinado por la autoridad especializada a cargo, entre tanto la misma no modifique la situación jurídica del menor de edad respecto a su guarda.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 31/22 de 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 85 a 88, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:

1°  CONCEDER la tutela impetrada respecto a la lesión del derecho a la libertad, disponiendo el cumplimento de la Sentencia de Asistencia Familiar 21/22 de 24 de enero de 2022, con relación a la guarda semanal compartida; hasta tanto, no se modifique la misma mediante Resolución Jurisdiccional; y,

2°  DENEGAR la tutela solicitada respecto a la vulneración de los derechos a la vida y a la salud, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

René Yván Espada Navía MAGISTRADO