SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0220/2023-S4

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 35 a 42 vta.; y de subsanación el 15 de igual mes y año (fs. 46 a 53 vta.); la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue funcionaria del Banco Bisa Sociedad Anónima (S.A.) desde el 16 de marzo de 2010 desempeñando sus funciones por más de siete años hasta el 21 de octubre de 2019; es en ese entonces que sucedió un percance entre Virginia Ribera de Villazón –cliente del banco– y Álvaro Castro Arrieta –ex gerente de la citada entidad financiera– donde su persona fungía como asesora de créditos, percance del que la institución la responsabilizó; es así que a los pocos días le llego un memorándum de cambio de puesto a oficial de micro finanzas; todo ese accionar en represalia.

Transcurriendo cinco meses le hicieron llegar un memorándum por baja productividad recibiendo de esta forma acoso laboral, violencia psicológica, hechos que eran muy notorios, a tal punto que el señalado ex gerente insinuó que su persona debía presentar su carta de renuncia caso contrario codificaría para que la impetrante de tutela ya no pueda trabajar en ninguna institución.

Ante la negativa de su renuncia, se le inicio una serie de procesos administrativos, todos a cargo de Álvaro Castro Arrieta –ex gerente del mencionado banco; por lo que, el 22 de julio de 2022, la comisión mixta, a través de un memorándum, logro desvincularle de su fuente de trabajo; por ello, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, denunciando la lesión a sus derechos laborales, emitiéndose la Conminatoria de Reincorporación 17/2020 LACJ-JDTEPS BENI de 25 de agosto, ordenándose al Gerente del indicado Banco la inmediata reincorporación de la solicitante de tutela, haciendo caso omiso la mencionada entidad financiera a dicha disposición; consecuentemente interpuso acción de amparo constitucional dictando la Resolución 042/2020 de 24 de septiembre emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, resolviéndose conceder la tutela solicitada por la accionante, enfocándose en su inamovilidad laboral por su estado de embarazo, ordenándose el cumplimiento de la mencionada Conminatoria de Reincorporación, siendo que, en cumplimiento de dicha determinación, fue reincorporada a su fuente laboral.

La Resolución 042/2020, en la parte final, estableció que su reincorporación debería ser por el plazo de un año o hasta que el menor cumpla el mismo, al ser reincorporada su persona nuevamente contrajo derechos fundamentales y garantías constitucionales como trabajadora; sin embargo al cumplir el año la entidad demandada mediante memorándum CITE: RR.HH 142/2021 de 22 de diciembre, dio por finalizada su relación laboral con el criterio que el banco Bisa únicamente estaba dando cumplimiento de dicha resolución; por lo que, acudió nuevamente a la Jefatura Departamental de Trabajo denunciando nuevamente la lesión a sus derechos por lo que dicha autoridad emitió la Resolución AUTO-JDTB-PAD 02/2022 de 12 de enero, refiriendo que la impetrante de tutela debía acudir a la vía jurisdiccional ordinaria.

Hace notar que la Conminatoria de Reincorporación 17/2020 LACJ-JDTEPS BENI y Resolución 042/2020 no toca su estabilidad laboral que ya contaba con más de 7 años de servicio en el Banco Bisa S.A.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La solicitante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su elemento fundamentación motivación y congruencia, al trabajo y la estabilidad laboral citando al efecto los arts. 45 I, 46 I y II, 48 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto AUTO-JDTB-PAD-02/2022 emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, emitiéndose una nueva con la correspondiente fundamentación y motivación procediendo a ordenar su reincorporación inmediata al cargo que ocupaba, el mismo nivel salarial que percibía al momento de su ilegal desvinculación, pago de sueldos devengados; y, b) Se proceda a la condenación de costas procesales y multas respectivas a la parte accionada previo cumplimiento de las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Habiéndose instalado la audiencia fijada para el 22 de agosto de 2022, la misma fue suspendida para 24 de igual mes y año, que fue diferida nuevamente puesto que el Vocal Presidente de la Sala se encontraba en un foro en la Universidad y el otro Vocal se encontraba con baja médica, reprogramándose la misma para el 2 de septiembre de similar año; habiéndose instalado la misma, según consta en el acta cursante de fs. 279 a 286 vta., presentes la accionante asistida de su abogado, el Banco Bisa (S.A.) a través de su representante legal como tercero interesado, presente la autoridad demandada asistida de su abogado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La impetrante de tutela mediante su abogado en su intervención en audiencia de consideración de la presente acción de defensa y luego de hacer un relato detallado de los hechos acontecidos se ratificó inextenso en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Paulita Arancibia Duran, Jefe Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Beni, mediante informe presentado el 19 de julio de 2022, cursante de fs. 64 a 65 vta., manifestó lo siguiente: 1) El 28 de noviembre de 2021 la solicitante de tutela presentó denuncia verbal ante dicha cartera de estado, manifestando que trabajó en el Banco Bisa S.A., siendo desvinculada de su fuente laboral sin ninguna causal de despido; en atención a tal denuncia, la Inspectora de esa Jefatura de Trabajo emitió la citación única, con la cual fueron debidamente notificadas, las partes presentes en dicho verificativo, Martha Méndez Roca Soto y Fernando Hugo Bejar Molina, en su calidad de Gerente Regional de la sucursal del Banco Bisa S.A. de Trinidad del departamento de Beni; 2) Mediante Informe MTEPS/JDT-BENI/CRCA 001/2022 de 10 de enero, emitido por la Inspectora de la citada Jefatura de Trabajo concluyó y recomendó que el referido portafolio de estado no tiene competencia para resolver la denuncia por reincorporación laboral, incoada por la accionante; toda vez que, se encontró elementos que deberían ser valorados por la autoridad judicial competente o en su caso en la vía ordinaria laboral, en virtud a un proceso administrativo iniciado en su contra; 3) En tal circunstancia, se emitió el AUTO-JDTB-PAD-02/2022 a través de la cual señaló que, en virtud a los antecedentes con relación a la solicitud formulada por la impetrante de tutela y con la finalidad de salvaguardar y no afectar sus derechos laborales, se dispuso que la misma acuda a la vía judicial, aclarando que dicho Auto no fue impugnado por la solicitante de tutela mediante recurso de revocatoria en el plazo establecido por ley; y, 4) Por otra parte, el art. 9 del Código Procesal del Trabajo (CPT), determina que: “La judicatura del Trabajo tiene como competencia para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos de trabajo, de la aplicación de las leyes de seguridad social, vivienda de interés social, denuncias por infracción de leyes sociales y de higiene y seguridad ocupacional la recuperación del patrimonio de las organizaciones sindicales, del desafuero sindical y otras materias y procedimientos señalados por ley”. Dicho contenido legal fue aplicado en la sustanciación de la denuncia de reincorporación por estabilidad laboral presentada, considerándose un hecho controvertido debido a que Martha Méndez Roca Soto cuenta con un proceso administrativo interno.

I.2.3. Intervención del tercero interesado