sENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0433/2023-S1

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 8 de abril de 2022, cursantes de fs. 36 a 44, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A denuncia de Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima (SEPSA) y querella presentada por Bonny Alberto Terán Montaño contra su persona y otros, los Fiscales Anticorrupción el 21 de agosto de 2021 presentaron ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, imputación formal contra Guido Ángel Villegas Canaviri por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y contra Walter Gonzales Choque y su persona, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, y conducta antieconómica, solicitando para todos la medida cautelar personal de detención preventiva.

Asumiendo defensa, el 20 de septiembre de 2017 interpuso excepción de falta de acción, porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para continuarla e incidente de actividad procesal defectuosa; por memorial de       17 de octubre del mismo año en la vía incidental solicitó la nulidad de obrados, y el consiguiente rechazo de la denuncia interpuesta por SEPSA y de la querella criminal interpuesta por Bonny Alberto Terán Montaño.

El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, mediante Resolución de 19 de abril de 2018 rechazó la excepción e incidentes de falta de acción y de actividad procesal defectuosa, nulidad de imputación formal y rechazo de denuncia y querella planteado por su persona, con costas y efectos legales descritos en el artículo 315.IV del código de procedimiento penal (CPP)          -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-.

Previa solicitud de su parte, el Juez de la causa por decreto de 23 de abril de 2018, dispuso la notificación con el Acta de Audiencia y la Resolución de 19 de abril del señalado año, en su domicilio procesal, llevada a cabo el 8 de mayo de 2018; y, el 11 del mismo mes y año interpuso el recurso de apelación incidental contra la misma.

El 20 de octubre de 2021 fue notificado con el Auto de Vista 166/2021 de 8 de octubre dictado por los Vocales demandados que declararon inadmisible su recurso de apelación incidental contra el Auto de 19 de abril de 2018, señalando estar fuera del plazo previsto en el art. 404 del CPP en relación con el art. 160 parte in fine del mismo Código.

Los demandados al declarar inadmisible su recurso de apelación incidental contra el Auto de 19 de abril de 2018, restringieron la garantía al debido proceso vinculado al principio de impugnación que debe ser respetado para que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez distinto de superior jerarquía.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alega la lesión al debido proceso en su vertiente del derecho a recurrir, la garantía procesal a la legítima defensa y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts.13, 115. II y 117.I.II, 180 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se disponga la nulidad del Auto de Vista 166/2021 y se dicte uno nuevo, observando sus garantías constitucionales; y, b) Con expresa imposición de costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 13 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 74 a 85, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación  de la acción

El accionante presente en audiencia, por intermedio de su abogado ratificó íntegramente los términos de su memorial de acción de defensa; añadiendo refirió que: 1) El 19 de abril de 2018 el Juez de la causa rechazó el incidentes de actividad procesal defectuosa invocada por Guido Ángel Villegas Canaviri y también los incidentes de falta de acción y derecho, actividad procesal defectuosa, nulidad de la imputación formal y rechazo de denuncia y querella planteado por su persona; 2) Al final de la audiencia solicitaron que se les notifique con el Acta y la Resolución de 19 de abril de 2018 en su domicilio procesal, el Juez de la causa por proveído de 23 de abril del mismo año dispuso su notificación en su domicilio procesal efectuada el 8 de mayo del señalado año a partir de la cual corre el plazo de los tres días previsto en el art. 403 del CPP, recurso que fue presentado el 11 del mismo mes y año indicados, esos son los elementos para demostrar que la apelación presentada fue dentro del plazo; 3) Cursa representación de la Secretaria del Juzgado donde se establece que la Resolución de 19 de abril de 2018 fue apelada en su oportunidad pero que hasta la fecha no se habría provisto a cabalidad los recaudos necesarios para la apelación, es decir que faltaba fotocopias de piezas del proceso, pero señala que la apelación fue presentada en su oportunidad; 4) Los Vocales infringiendo las garantías constitucionales emitieron el Auto de Vista 166/2021 declarando inadmisible su apelación al no haber realizado un análisis más profundo; y, 5) Señala como prueba fotocopia del memorial suscrito por Walter Gonzales Choque que se adhirió a su apelación presentada y a la de Guido Ángel Villegas Canaviri y que el cuestionado Auto de Vista no hizo referencia y no analizó la misma, no dice absolutamente nada sobre la adhesión referida; por lo tanto, el Auto de Vista referido es nulo de pleno derecho, pues no tomó en cuenta que el decreto del Juez de la causa que dice: -téngase presente la adhesión de Walter Gonzales Choque- y los Vocales tenían la obligación de hacer el análisis de todos los elementos y los memoriales que estaban referidos a la apelación; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista antes señalado.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Juan Carlos Ramírez Flores y María Luz Flores Mollinedo, Presidente y Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, -ahora demandados- presentaron Informe escrito cursante de fs. 52 a 53, en el que refieren que: i) Mediante Auto de Vista 166/2021 consideraron la apertura de la competencia del Tribunal de Alzada, tomando en cuenta la forma de presentación del recurso de apelación incidental y el cómputo del art. 404 del CPP sobre el plazo de tres días computable de acuerdo al art. 160 última parte del mismo Código que indica: “las que se dicten durante las audiencias orales se notificaran en el mismo acto por su lectura”, sin las modificaciones de la Ley 1173 ya que se encontraba en vigencia a momento de interponer el recurso; de acuerdo al art. 396 Núm. 3) del CPP se debió cumplir el mismo en relación con el art. 399 parte segunda a efectos del rechazo de manera in limine e inadmisibilidad del mismo; ii) La Resolución 166/2021 se encuentra debidamente fundamentada sobre la inadmisibilidad de la apelación de David Carlos Montaño Murguía, se refirió a la jurisprudencia de “la Corte Interamericana de justicia”, en el fallo Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, al establecer que el ordenamiento interno se adecue al art. 8.2.h de la Convención Americana “estipuló que los países tenían un margen de apreciación para la regulación de un régimen de impugnación del fallo penal” definiendo aspectos esenciales que el recurso debe contener; en esa tesitura el art. 8.2.h dispone que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad a “recurrir del fallo ante el juez o tribunal” normativa que guarda relación con el art. 180.II de la CPE, al preceptuar que “garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales (…)”; iii) Lo cual guarda relación con el art. 109.II de la CPE que estipula que: “Los derechos y garantías solo pueden ser regulados por ley” consecuentemente todos los derechos y garantías constitucionales no son absolutos como el derecho a recurrir, cuyo alcance se encuentra limitado y dimensionado por normas de desarrollo de tal precepto constitucional, como lo normado por el art. 396.3) del CPP que dispone “que los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con la indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución” (sic); así el art. 404 del CPP, indica se interpondrá por escrito debidamente fundamentado ante el mismo tribunal que dictó la resolución dentro el plazo de tres días de notificada la resolución, al respecto citó la SCP 0178/2013-L de 5 de abril; iv) En el caso de autos el imputado David Carlos Montaño Murguía planteó el recurso de apelación el 11 de mayo de 2018 así se tiene del Tiket de presentación y del cargo del auxiliar del juzgado y que la Resolución emitida por el Juez de la causa de 19 de abril de 2018 resuelve que al estar dentro de plazo del art. 403 del CPP es recurrible la resolución en el plazo de tres días y para cuyo efecto quedan notificados por su lectura en corte abierta (…); y, v) David Carlos Montaño Murguía presentó un memorial solicitando se notifique en su domicilio procesal, sin ningún argumento jurídico que haga viable su petitorio de una forma distinta a la norma y de manera preferente a las otras partes de manera irregular, que fue atendido por la Resolución de 23 de abril de 2018, sin ningún argumento jurídico que respalde el mismo; por lo que, se advierte que no se cumplió el            art. 160 del CPP en la parte final que dice: “Las resoluciones serán obligatoriamente notificadas al día siguiente de dictadas salvo que la ley o el Juez disponga un plazo menor. Las que se dicten durante las audiencias orales se notificaran en el mismo acto por su lectura. Hecho que sucedió en el presente caso, fueron notificados en la audiencia de 19 de abril de 2018, y la presentación de la apelación se realizó el 11 de mayo del citado año, ante una manifestación equivocada del imputado al solicitar notificación en su domicilio procesal para materializar el derecho a la impugnación o exigir ese derecho se tiene primero que cumplir con la obligaciones impuestas por ley a las partes así como el interponer el recurso en el tiempo y forma estipulado que hacen al principio de legalidad, y seguridad jurídica lo que en el presente caso no sucedió correspondiendo declarar inadmisible la apelación por no cumplir con las normas procesales que son de cumplimiento obligatorio; por lo que, corresponde denegar la tutela.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Ángel Brian Calizaya por SEPSA, no se presentó en la audiencia no obstante su legal citación cursante a fs. 51.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, a través de la Resolución 13/2022 AAC de 13 de abril, cursante de fs. 86 a 90 vta., denegó la tutela; en base a los siguientes fundamentos: a) El demandante de tutela solicitó mediante memorial que se le notifique en su domicilio procesal, y esa petición fue concedida por el Juez de la causa, de esa manera llegó al Tribunal de Alzada, cuando la norma establece que la notificación debe realizarse en audiencia, en ese momento, en el caso fue notificado en audiencia; b) Que no es evidente la vulneración del debido proceso, acceso a la justicia y el derecho a la defensa, alegada por el accionante, por el contrario hizo valer esos derechos ante el Juez antes señalado, apeló y de esa manera llegó ante el Tribunal de Alzada; por lo que, no es cierto tales vulneraciones; y, c) En cuanto a que el coprocesado se hubiera adherido al recurso, cualquier planteamiento debe estar fundado en el recurso de amparo, y no traerlas más tarde debido a que esa situación genera indefensión a las autoridades demandadas.