SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0518/2023-S4

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de febrero de 2022, cursante de fs. 1; y, 23 a 29, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Encontrándose con detención preventiva, en el penal de San Pedro de La Paz, reclusión que debía ser por el lapso de tres meses; a cuya consecuencia, el 14 de febrero de 2022 presentó solicitud de cesación a su detención preventiva, adjuntando prueba idónea para desvirtuar los riesgos procesales; todo al amparo del art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, hasta el 16 del mismo mes y año, lo pedido no mereció providencia respecto del señalamiento de la audiencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionados su derecho a la dignidad, a la libertad, a una respuesta pronta; y, al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23, 24 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se “restablezca las formalidades de ley”; por ende, se ordene a la autoridad demandada señalar día y hora de audiencia de cesación de medidas cautelares; del mismo modo, y de evidenciar negligencia, omisión, retardación de justicia o incumplimiento de deberes de parte de dicha autoridad, se disponga la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para fines de proceso disciplinario.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 34 vta.; presentes, la parte solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato; y, el funcionario de apoyo jurisdiccional demandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó el contenido de su demanda de acción tutelar.

I.2.2. Informe del funcionario de apoyo jurisdiccional demandado

Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del Departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) Asumió la suplencia legal en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El alto del departamento de La Paz, el 3 de febrero de 2022, en ese marco el 14 del mismo mes y año, el señor Elvis Jhasmani Huayta Flores presentó memorial, en el cual solicitó cesación a su detención preventiva; misma que fue providenciada debidamente y señaló audiencia para el 16 del mismo mes y año, pese a la abundante carga laboral que posee, respetando los plazos procesales al efecto; b) “Su despacho” es el Juzgado de Instrucción Penal Segundo, en donde tampoco se tiene Juez titular; del mismo modo, el juzgado en el cual asume suplencia no cuenta con auxiliar; motivo por el cual, no pudo notificarse de forma oportuna a los sujetos procesales; por ello, tuvo que reprogramarse la audiencia para el 18 de febrero de 2022 a horas 11:00 am, habiéndose generado las notificaciones que se encuentran en la Oficina Gestora de Procesos; y, c) Una vez instalada la audiencia y al no evidenciar la presencia de las partes, el Juez que conoció la causa, suspendió la audiencia sin señalamiento ulterior; en consecuencia, se debe considerar que él –en su condición de funcionario de apoyo jurisdiccional– solamente emite decretos de mero trámite; motivo por el cual, no ingresa al campo de emisión de otro tipo de decisiones; siendo descuido de la parte ahora impetrante de tutela, el no realizar el seguimiento del señalamiento de audiencias; ya que, las mismas estaban en el libro diario del Juzgado; por lo que, pidió se rechace la acción de libertad interpuesta.

A la consulta efectuada por el Juez de garantías, en relación a quién sería la autoridad jurisdiccional responsable del despacho judicial; en el que, se hubieran suscitado estas vulneraciones; señaló que, sería en el despacho del Juez René Eduardo Foronda Escobar.

I.2.3. Resolución

El Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 35 a 37, concedió la tutela solicitada; disponiendo que, la autoridad jurisdiccional del Juzgado de Instrucción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, señale audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de veinticuatro horas, habiéndose determinado responsabilidad del señor Juez de ese despacho y no así del Secretario del mismo, liberando de cualquier responsabilidad a Richard Sumi Poma –demandado–; con los siguientes fundamentos: 1) Supuestamente el Secretario –hoy demandado– hubiese incumplido sus funciones; en ese marco, corresponde analizar la legitimación pasiva que éste posee; pues, ésta emerge del incumplimiento e inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al servidor público de parte de la autoridad jurisdiccional; por ende, éste adquiere legitimación pasiva, cuando el mismo no da cumplimiento a sus funciones; 2) En el presente caso no se ha tomado en cuenta al Juez de la causa; pues, es justamente esta autoridad quien en el marco de sus específicas funciones “no ha previsto la existencia de la Acción de Libertad de Pronto Despacho” (sic); con ello se infiere que, es el Juez de la causa quien debió haber señalado día y hora de audiencia que le fuera solicitada, inclusive en audiencia; y, 3) En el presente caso, se señala que el Secretario demandado, se encuentra cumpliendo funciones de apoyo en suplencia legal en otro juzgado; motivo por el cual, se debe tomar en cuenta las funciones específicas que este posee; pues, la autoridad llamada por ley para el señalamiento de audiencias es el Juez, de acuerdo a las funciones que se hallan descritas y previstas en el art. 239 de la Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019– y el art. 343 del CPP, que señala las obligaciones, a las cuales se hallan constreñidas las autoridades jurisdiccionales; en consecuencia, esos extremos no se ajustan al presente caso; toda vez que, dentro de las funciones del abogado, no están las de programar señalamientos, de conformidad con el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–; por lo que, se excluye a este servidor público de cualquier tipo de responsabilidad.