SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0647/2023-S3

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de marzo de 2022, cursante a fs. 7 y vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contratos, desarrollada la audiencia de medidas cautelares el “...30 de abril del año en curso...” (sic) -lo correcto es 30 de marzo de 2022-, fue remitida al Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz -se entiende con detención preventiva-, ordenada en la Resolución 115/2022, dictada por Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del citado departamento -hoy accionado-; sin considerar que, su persona no pudo desvirtuar los riesgos procesales a consecuencia de que no se habría remitido su memorial de presentación de documentos para la referida audiencia cautelar.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso, infiriéndose del sustento argumentativo a la libertad; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

No deduce petitorio expreso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 36; en ausencia de la parte accionante, así como de los accionados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Ante la inconcurrencia de la parte accionante a la audiencia señalada a efectos de la consideración y resolución de esta acción de defensa, esta fase procesal no fue desarrollada.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 24 a 25 vta., señaló que: a) El 30 de marzo de 2022 ingresó a su despacho judicial imputación formal con aprehendida, por lo que señaló día y hora de audiencia para el mismo día a horas 15:00; b) Realizada la misma, mediante Resolución 115/2022 se dispuso la detención preventiva de la accionante; c) No se le remitió el extrañado memorial para ser considerado en audiencia, siendo que no es su atribución la recepción de escritos; d) Bajo el principio de informalidad previsto en el art. 4 -numeral 11- de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y considerando la vigencia del Protocolo de actuación de audiencias virtuales en el Órgano Judicial y de presentación y producción de prueba, se concedió la palabra al abogado de la defensa para que publicite o en su efecto muestre sus documentos en cámara de la audiencia, lo que en su oportunidad por negligencia de dicho patrocinio no lo hizo, a efectos de que sean considerados; e) También se dispuso que por Secretaría -se entiende del Juzgado- se informe y verifique la remisión del memorial referido, ante lo cual la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento -hoy coaccionada- informó que no fue remitido por ventanilla de la Oficina Gestora de Procesos dicho memorial u otros que hubiesen sido presentados; f) De forma posterior a la indicada audiencia y fuera de horario, habiéndose cerrado ventanilla, se remitió el memorial indicado, por lo que, se debe considerar la Ley del Órgano Judicial y la SCP 0754/2020-S4 -de 24 de noviembre-; y, g) Al estar ilegítimamente accionado, solicitó se deniegue la tutela respecto a su autoridad.

Gladys Griselda Paz Layme, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a lo referido por la Secretaria del Juzgado ahora constituido en de garantías, habría indicado que ya no funge como funcionaria del Órgano Judicial.

Jahel Reyna Chambi Copana, Gestor dependiente de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 33 a 35, refirió que: 1) Se encuentra desempeñando funciones desde 22 de marzo de 2022, recepcionando y remitiendo memoriales a los diferentes Juzgados, los cuales realizan el cotejo, verificación y “colocan” el sello de cargo -de recepción-, situación contraria realizada por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; razón por la que, el 23 del mismo mes y año solicitó comunicarse con el Juez -accionado-, quien le indicó que coordine con la Secretaria -coaccionada-; 2) El 30 de marzo de 2022 a horas 12:30 aproximadamente, remitió personalmente el memorial signado con el Número NUREJ 20329669, Tiket: 123985290, hora de recepción 12:21, -dirigido- al antes indicado Juzgado; sin embargo, como era habitual la Secretaria -hoy coaccionada- juntamente con el personal subalterno se negaron a recepcionar el mismo y el reporte respectivo, indicando que no disponen de tiempo que se deje y que vuelva “…al finalizar la tarde…” (sic) o al día siguiente para que se ponga el sello de cargo; 3) En ocasiones llegaron a demorarse incluso varios días en devolver los reportes con sello de cargos -de recepción- pese a la constante insistencia, siendo situaciones repetitivas, llegando a extremos de agresiones verbales, psicológicas e intimidaciones ejercidas contra los funcionarios de ventanilla encargados de la recepción y remisión de documentos; 4) Cumplió dentro del plazo con la entrega del antes referido memorial, haciendo incluso constar a la Secretaria coaccionada de que el mismo era para audiencia de medida cautelar que se desarrollaría ese día en horas de la tarde, lo cual no fue informado al Juez accionado y de forma maliciosa se consignó en el sello de recepción en el reporte a horas 16:31, haciéndose ver que se hubiese recepcionado fuera de horario, atribuyéndole la negligencia e irresponsabilidad en la demora, lo cual ocasionó la vulneración de derecho de la parte imputada -hoy impetrante de tutela-, quien sería la que presentó el memorial en cuestión; toda vez que, a momento del desarrollo de la audiencia, el abogado de la nombrada habría referido que se presentaron pruebas para enervar riesgos procesales y ni el Juez accionado como tampoco la indicada Secretaria habrían realizado la revisión de los memoriales que recibieron a efectos de corroborar dicho extremo; 5) No le corresponde el manejo de temas jurisdiccionales, ni mucho menos la toma de decisiones dentro de los procesos ni el acceso a los cuadernos de control jurisdiccional, siendo el único garante el Juez y su personal de apoyo, quienes son los encargados de velar y otorgar las debidas garantías y derechos que establece en el Código de Procedimiento Penal y la Norma Suprema; y, 6) A momento de ingresar la documentación esta es digitalizada y puede ser visualizada en la bandeja del Juzgado, para su apreciación y valoración, tomando en cuenta los Instructivos SJ-TDJ-LP 07/2020 de 28 de febrero; y, SJ-TDJ-LP 09/2020 de 28 de febrero, las cuales indican que, la finalidad del uso del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) es para que las actuaciones estén cargadas, ese es el fin del expediente digital.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 07/2022 de 1 de abril, cursante a fs. 37 y vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La accionante se limitó a presentar el memorial de acción de libertad, sin adjuntar prueba alguna que acredite su detención indebida que supuestamente dispuso la autoridad judicial accionada y peor aún el abogado que suscribe dicho memorial no se enlazó a la audiencia virtual para fundamentar oralmente su pretensión y presentar prueba acreditando objetivamente la alegada indebida detención de la nombrada, más al contrario la parte accionada presentó los informes respectivos; ii) Consiguientemente, no existe certidumbre y certeza de vulneración del derecho a la libertad de la impetrante de tutela, cuando necesariamente debió ser acreditada, no con alegaciones sino mediante pruebas o documentos que demuestren efectivamente dicho extremo; y, iii) Al no presentarse en audiencia la parte peticionante de tutela se infiere que no está detenida ilegalmente o que se estaría lesionando su derecho a la libre locomoción.