SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0822/2023-S1

La impetrante de tutela, denunció la vulneración a su derecho a la vida y a la salud; debido a que la Fiscal de Materia ahora demandada no reasignó un investigador al caso con número de CUD. 201102012106455 por el delito de homicidio, ya que sus pertenencias estarían precintadas, sin poder retornar a su vida, siendo que sus elementos de trabajo y medicamentos se encontrarían en las dependencias donde vivió su padre, por lo que se estaría atentando contra su vida y la de sus familiares.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad; y,                b) Análisis de caso concreto.

III.1. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos; puesto que, este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, y un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es violentado desaparece el titular del mismo, consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto, fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países integraron a sus respectivas legislaciones.

En ese entendido, nuestro país también asumió tal concepción sobre el derecho a la vida; es así que, la Constitución Política del Estado consagro este derecho en innumerables artículos entre ellos está el art. 15.I. que señalo: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad (SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero); en tal sentido, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la Norma Suprema, y en su labor de protección de los derechos y garantías fundamentales, desde sus inicios entendió la importancia de este derecho, así se tiene la SC 0687/2000-R de 14 de julio^[1], que estableció la importancia del derecho a la vida y que su sola vigencia es la base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; entendimiento que, fue reiterado en la SC 1294/2004-R^[2], la cual además razonó que, el derecho a la vida, se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos; el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana, y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares.

En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero^[3], ampliando este concepto; señaló que, el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que, obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie me mate-; y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igual jerarquía de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero, esta Sentencia reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares^[4] cuando se demanda su protección, así estableció que el derecho a la vida abarca tres concepciones distintas que son:

1)  El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).

2)  El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.

3)  El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas.

Ahora bien, de estos conceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vida, se puede comprender que esta no implica, solamente la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones, pueden ser estas laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana, consecuentemente, el alcance de este derecho a la vida supone también la facultad jurídica, de exigir su conservación y la protección de la vida humana.

En este fin, es posible considerar que el derecho a la vida incluye e incorpora necesariamente la protección del derecho a la salud que significa, a lo menos, asegurar aquellas prestaciones mínimas de las cuales depende directamente la vida de las personas, en tal sentido, el derecho a la vida tiene vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la salud e integridad física, derechos tutelables a través de la acción de libertad, bajo esa comprensión la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, señalo que:

“… el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud.” (las negrillas son nuestras).

Concluyendo, con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señalan que:

“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.

(…)

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales”.

Concluyendo se tiene que, la vida es un derecho fundamental, consagrado en la Carta Magna así como en los instrumentos internacionales y en todas las legislaciones a nivel mundial; puesto que, es un derecho del cual emergen los restantes derechos, constituyéndose el sustento de estos, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible; a partir de esta conceptualización el derecho a la vida es inviolable, por lo que la ley ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad; es decir, se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos, los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida.

III.2. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela, denunció la vulneración a su derecho a la vida y a la salud; debido a que la Fiscal de Materia ahora demandada no reasignó un investigador al caso con número de CUD. 201102012106455 por el delito de homicidio, ya que sus pertenencias estarían precintadas, sin poder retornar a su vida, siendo que sus elementos de trabajo y medicamentos se encontrarían en las dependencias donde vivió su padre, por lo que se estaría atentando contra su vida y la de sus familiares.

De tales antecedentes se tiene que, mediante nota de 25 de abril de 2022, dirigida al Jefe de la División de Homicidios de la FELCC de la ciudad de La Paz, Juana Janneth Cortez Choque, Fiscal de Materia -ahora demandada- requirió asignación y/o reasignación de investigador para el caso CUD. 201102012106455 (Conclusión II.1).

Bajo esos antecedentes y de lo manifestado en audiencia de garantías, se extrae que la accionante denunció que la Fiscal de Materia ahora demandada no solicitó la reasignación de un investigador para que este continúe con las investigaciones, ya que el anterior funcionario no habría cumplido efectivamente con las diligencias dispuestas por los directores funcionales de las investigaciones; de esta forma se estaría atentando no solo contra el proceso de homicidio sino contra la vida de la accionante y de su familia ya que sus pertenencias estarían precintadas sin poder retomar su vida con las herramientas de trabajo y algunos medicamentos de salud que se encuentran en las dependencias donde vivió su padre.

Sobre la denuncia y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional señaló que es posible tutelar el derecho de locomoción en los en los casos que este derecho se halle vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o a la salud; sin embargo, en el presente caso no se evidencia la vulneración de los derechos a la salud y a la vida de la accionante; los cuales, no fueron puestos en riesgo por la Fiscal de Materia demandada, tal como señaló la impetrante de tutela al referir que se limitó el acceso a sus elementos de trabajo y medicamentos, por no contar con un investigador asignado al caso CUD. 201102012106455 que viabilice el desprecintado de ambientes; toda vez que, tal hecho no pone en riesgo su vida, además no fue debidamente demostrado o de qué manera se estaría generando un riesgo a estos derechos fundamentales; es así que, corresponde denegar la tutela, en relación a los derechos a la vida y a la salud.

Finalmente, no es evidente lo señalado por la accionante respecto a que no se reasignó un investigador al caso CUD. 201102012106455; extremo que es comprobable de la solicitud efectuada a través de la nota de 25 de abril de 2022, por la Fiscal de Materia ahora demandada al Jefe de la División Homicidios de la FELCC de la ciudad de La Paz (Conclusión II.1); de donde se advierte que de forma errada acudió a esta instancia constitucional; por lo que, ante cualquier observación o reclamo en la investigación deberá acudir a la autoridad jurisdiccional de la Justicia Ordinaria.

En ese entendido, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

CORRESPONDE A LA SCP 0822/2023-S1 (viene de la pág. 8).