SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0916/2024-S3

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 19 a 25; la parte accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mantuvo una relación laboral con la empresa Studebaker S.R.L. mediante  contratación verbal de carácter indefinido, ingresó a trabajar el 2 de marzo de 2020, con una remuneración de Bs2 000.- (dos mil bolivianos); durante todo el tiempo del referido vínculo laboral, jamás contó con seguro social previsional, ni médico, no era beneficiado con los incrementos salariales, aguinaldos, ni vacaciones, con un salario por debajo del mínimo nacional establecido, vulneraciones que denunció conjuntamente con sus compañeros de trabajo el 24 de mayo de 2022, lo que motivó su desvinculación de la empresa.

Denunciaron este hecho ante la Jefatura Departamental del Trabajo, misma que luego del trámite de rigor emitió la Conminatoria de Reincorporación laboral -por estabilidad e inamovilidad laboral- JDTSC/JCCHS/CONM. 113/2022 de 7 de junio, conminando a la empresa Studebaker S.R.L. proceda a su reincorporación inmediata, la mencionada empresa fue notificada el 26 de julio del citado año, a cuyo efecto fueron reincorporados a su fuente laboral, haciéndoles firmar planilla todos los días, y cambiando la modalidad de pago, realizándola de forma diaria, indicando eran trabajadores a jornal y no les correspondía ningún beneficio laboral. Por tales abusos acudieron nuevamente a la Jefatura Departamental del Trabajo; empero la empresa el 2 de agosto de 2022 impidió su entrada a su fuente laboral, indicando que en tanto no resolviera la denuncia planteada no  permitirían su ingreso, constituyendo este accionar en un despido injustificado, a raíz de este nuevo y arbitrario despido, encontrándose aún vigente la referida conminatoria de reincorporación, el 7 de junio de 2022 denunció su incumplimiento, verificado por la inspectora Karen Fabiola Eid Flores el 12 de octubre del mismo año, plasmado en el Informe de Verificación de Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/I/VER.REINC./LAB 135/2022, indicando que la empresa Studebaker S.R.L., a la fecha de verificación no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/JCCHS/CONM. 113/2022.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la salud y la alimentación, vinculado al incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, citando al efecto los arts. 16.I y II; 18, 46, 48.VI, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).                                            

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) El cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/JCCHS/CONM. 113/2022; y, b) La inmediata restitución a su puesto laboral, más el pago de sueldos devengados y la restitución de todos los derechos que le asisten.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 120 a 123, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado José Antonio Peralta Bozo, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la acción tutelar; añadiendo que:          1) Fue indebida e ilegalmente retirado de su fuente laboral, en un primer momento acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo con otros ex trabajadores, llevándose a cabo la única audiencia de 24 de mayo de 2022, donde el empleador admitió el retiro y aclaró que procedería a su reincorporación, posteriormente fue emitida la conminatoria de reincorporación laboral de 7 de junio de igual año, con la que la empresa fue notificado el 26 de julio del mismo año, haciendo notar que si bien la empresa permitió el ingreso a su fuente laboral de los trabajadores incluido el accionante, jamás le cancelaron los sueldos devengados, ni les otorgaron las condiciones laborales, es así que ante una nueva denuncia de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajado, Empleo y Previsión Social, el 2 de agosto del mencionado año, la empresa volvió a desvincularlos de forma injustificada, y encontrándose aún vigente la conminatoria acudieron a la Jefatura Departamental del Trabajo pidiendo          su cumplimiento, cuya verificación fue realizada por la inspectora, conforme informe elaborado el 12 de octubre del indicado año; y, 2) El informe de la Inspectora Karen Fabiola Eid Flores, concluyó que la Empresa Studebaker S.R.L. no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/JCCHS/CONM. 113/2022, por lo que consideran lesionados sus derechos al trabajo y estabilidad laboral y en virtud a la Resolución Doctrinal Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, corresponde conceder la tutela.

I.2.2. Informe de la demandada

Sandra Jimena Uriarte Caller, representante legal de la empresa Studebaker S.R.L., remitió informe escrito de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 116 a 118 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes fundamentos: i) Sería falso que la empresa Studebaker S.R.L. no dio cumplimiento a la Conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM. 113/2022, que emergió del despido procesado el 25 de mayo de 2022, puesto que la empresa  procedió a la reincorporación de Roberto Carlos Pérez, antes de la emisión de la misma, quien a la fecha de su emisión se encontraba efectivamente trabajando, lo cual fue confesado por el impetrante de tutela en su memorial de amparo constitucional, cuando afirmó de manera libre y voluntaria que la Empresa Studebaker S.R.L. dio cumplimiento a su reincorporación un día después de la audiencia de 27 de mayo de 2022; ii) El accionante pretendería sorprender al Tribunal de garantías utilizando una conminatoria con fecha pasada de 7 de junio de 2022, para una reincorporación por un nuevo despido de 2 de agosto de 2022, por lo que la supuesta desvinculación en esa fecha no tendría relación con la referida conminatoria; iii) Consiguientemente la desvinculación del 25 de mayo de 2022, tuvo una conminatoria que fue cumplida desde el 27 de igual mes y año, en cambio la desvinculación de 2 de agosto del mismo año, no mereció ninguna citación, ni audiencia, tampoco informe y menos una nueva conminatoria a ejecutarse, por lo que el impetrante de tutela acudió al  Tribunal sin tener una conminatoria que ejecutar por la ultima desvinculación, creyendo que una conminatoria sería una garantía vitalicia de permanencia en la empresa sin importar lo que suceda, existiendo vasta jurisprudencia constitucional al respecto, como la establecida en la SC 0585/2006-R de 20 de junio, aplicable al caso; y,   iv) Hizo notar que algunos de los compañeros de trabajo del peticionante de tutela continuaron trabajando después del 2 de agosto del mencionado año, rescindiendo sus contratos por retiro voluntario, conocido como abandono de trabajo y, que en el caso de Roberto Carlos Pérez, trabajó efectivamente hasta el 2 de agosto de 2022, faltando al trabajo por siete días, rescindiéndole contrato el 18 del mismo mes y año, hecho que no mencionó el prenombrado, razón por la cual y no existiendo una nueva conminatoria que ejecutar por efecto de la última desvinculación, correspondería la denegatoria de tutela.

Con el uso de la palabra en audiencia, la parte accionada por intermedio de su representante legal Juana Pinto, manifestó: a) Hubo la Conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM. 113/2022, pero el accionante alegó su despido el 2 de agosto de 2022, una fecha posterior, cronológicamente el 24 de mayo del mismo año, varios trabajadores incluyendo Roberto Carlos Pérez denunciaron su despido, les citaron para una audiencia en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social el 26 de mayo de igual año, asumiendo la empresa el compromiso de su reincorporación al día siguiente el 27 del citado mes y año, cumpliendo con ello la indicada fecha, por lo que el caso estaba agotado, solo que la conminatoria tenía fecha de 7 de junio de 2022; b) Adjuntó planilla de pagos y de asistencia, de ese periodo, lo cual también fue expresado en el memorial de acción de amparo constitucional, por parte del peticionante de tutela, cuando indicó que la empresa les hacían firmar las planillas todos los días, y que cambió la modalidad de pago, tampoco habían salarios devengados, ya que pasaron varios acontecimientos que causó descontento en los trabajadores por otros derechos laborales y volvieron al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando algunos pagos, llevándose a cabo una audiencia pero de otro tema, no de reincorporación laboral y desde el 2 de agosto de 2022 dejaron de ir a trabajar como el caso del accionante; c) Nunca hubo una citación para que la empresa tenga la oportunidad de demostrar que no era un despido indirecto, injustificado, sino un abandono de trabajo, y presentar sus descargos demostrándolo; d) El 2 de agosto de 2022 el accionante ya no fue a trabajar y la empresa conforme la documentación de prueba, recién rescindió su contrato el 19 del mes y año señalados, por abandono de trabajo; tampoco era cierto que no le dejaron ingresar, porque presentaron documentación, relativa del 2 de agosto y posteriores días donde varios de los trabajadores que son sus compañeros, trabajaron normalmente, aspecto que no tendría que ser parte de la litis actual, porque el impetrante de tutela estaría  basándose en una conminatoria de un anterior despido y no del 2 de agosto de 2022; y, e) La SC 0585/2006-R de 20 de junio, refiere que una conminatoria no sería vitalicia, pues el empleador no está obligado a mantener de manera permanente a los trabajadores, con la empresa hubieron varios acontecimientos posteriores lo que obligó a pronunciar resolución de manera específica para cada trabajador, en el presente caso no hubo conminatoria especifica con relación al supuesto despido de 2 de agosto de 2022, situación análoga para su aplicación, respecto de lo que presentaron las planillas de pago de Roberto Carlos Pérez desde el 27 de mayo de 2022 al 1 de agosto del mismo año, en la que hizo abandono de funciones, extremos que fueron puestos en conocimiento del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, pese a lo cual la inspectora que hizo la verificación el 12 de octubre del año indicado, emitió su informe sobre incumplimiento.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 116/22 de 26 de octubre de 2022, cursante de      fs. 123 a 127, denegó la tutela impetrada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al primer presupuesto, relativo a la existencia o no de una conminatoria de reincorporación laboral, evidenciaron que la Conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM 113/2022 de 7 de junio, producto del informe de 31 de mayo de igual año; 2) En cuanto al segundo presupuesto, de verificación de cumplimento, habría un punto de inflexión, para el accionante el informe de verificación de cumplimiento de 21 de septiembre de ese año, establece el no cumplimiento de la conminatoria, mientras que la empresa accionada, sostuvo que en la audiencia de 27 de mayo del mismo año, así como también sostuvo el impetrante de tutela en audiencia, procedieron a su reincorporación, pero que en agosto se produjo una nueva desvinculación, siendo ese el análisis de autos; 3) Ambas partes asumieron en audiencia que hubo cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en cuestión, puesto que el peticionante de tutela, fue reincorporado y continuó ejerciendo su trabajo; 4) Roberto Carlos Pérez, adujo que no estaba asegurado, no recibió sus salarios devengados y otros por menores, y pese al cumplimiento de la conminatoria se produjo el despido intempestivo, verificando el Tribunal de garantías, de la  documental presentada por la empresa accionada, consistente en el informe sobre realización de pagos efectuados al personal a jornal, respecto de Roberto Carlos Pérez, certificó que le pagaron sueldos desde el 27 de mayo hasta el viernes 29 de julio de 2022; esto significó que hubo concordancia, inicialmente con lo manifestado en la primera audiencia de inspección de 24 de mayo del citado año, en la que dispusieron la reincorporación del accionante y los demás demandantes hasta el 29 de julio del año señalado; 5) De la misma revisión documental, evidenciaron con la misiva de 31 de agosto de 2022, donde la parte accionada pone a conocimiento del Jefe Departamental de Trabajo Julio Cesar Choque Saramani, el abandono de trabajo de las personas que indicó, entre las que se encontraba Roberto Carlos Pérez, que trabajó hasta el 19 de agosto del indicado año; de igual forma, por misiva de 9 de agosto del mismo año, hicieron conocer que no se presentaron a trabajar, el 8 de agosto, así como el 10, 11 y el 31 del mismo mes y año, ponen a conocimiento abandono de trabajo de las personas que indican, entre ellas Roberto Carlos Pérez, constando también las planillas de salarios de personal a jornal, pagados día a día, que corroboran la certificación de trabajo debidamente pagada del hoy accionante, hasta el día 29 de julio de 2022; 6) Contrastando la documental presentada por ambas partes concluyeron, que la conminatoria de 7 de junio de 2022 fue efectivamente cumplida, y el despido intempestivo se produjo después del mes de julio de 2022 en un nuevo acto, el mismo que pretendió subsanarse con un informe de verificación de 12 de octubre del mencionado año; es decir, poco más de cuatro meses y medio después de librar la conminatoria, en el informe de verificación llegó argumentarse que el 2 de agosto, no le permitieron el ingreso a su fuente laboral; procurando la instrumentalización de la jurisdicción constitucional, con un formalismo procesal, cual es un informe de verificación, pretender soslayar el cumplimiento inmediato que se dio a la conminatoria de reincorporación laboral; y, 7) El accionante tendría derecho de acudir ante este nuevo retiro intempestivo ante la Dirección Departamental del Trabajo, así como plantear una nueva acción de amparo constitucional, si lo considera, por el retiro intempestivo de 2 de agosto de 2022, pero de la verificación efectuada respecto de la conminatoria de 7 de junio, la misma fue cumplida en su oportunidad y los aspectos posteriores no pueden ser considerados de ninguna forma.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 29 de agosto de 2024, cursante a fs. 131, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; recibida la misma, se reanudó el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 15 de noviembre de 2024, cursante a fs. 156; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.