SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0174/2024-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de mayo de 2022, cursante a fs. 1 y, 169 a 184 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiéndose establecido conforme a la suscrición de dos contratos la propiedad de un inmueble a su favor, con una superficie total de 3 600 m² -terreno urbano ubicado en la av. Villa Nueva callejón Los Pinos 1042, municipio de Achocalla provincia Murillo del departamento de La Paz-; fue desposeído del mismo, de forma ilegal y arbitraria por parte de Lucía Rodríguez de Melgarejo -demandada- y los cinco hijos de la nombrada -codemandados-, quienes de manera irregular, fraudulenta y delictiva lograron introducir “…‘UNA SENTENCIA FALSIFICADA’ ‘Nro 480/2015’ emitida supuestamente en el [J]uzgado Décimo de Partido en lo Civil en el ‘protocolo de escritura pública Nro. 1125/2017’” (sic); para posteriormente, planificar una invasión clandestina al referido inmueble desde octubre 2019, causando daños en su infraestructura; toda vez que, procedieron a demoler el muro frontal, las columnas y el portón metálico de la citada propiedad.

Por tal motivo, ante el “…ingreso violento de todo el clan Rodríguez Melgarejo…” (sic), inició en contra de la prenombrada demandada -madre de los mencionados-, procesos penales por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; la cual, reconociendo la comisión de los hechos atribuidos fue condenada a tres años de reclusión por parte del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del mencionado departamento; en virtud a la aplicación de un procedimiento abreviado; por tal situación, se opuso en calidad de víctima; toda vez que, la señalada codemandada cometió dos delitos y no solamente uno; debido a ello, formuló recurso de apelación restringida, siendo de conocimiento de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento.

No obstante de ese aspecto, formalizó demanda ordinaria de acción reivindicatoria, mejor derecho propietario y nulidad de escritura pública, que pese haber solicitado su admisión en tres oportunidades, fue declarada por no presentada mediante el Auto Interlocutorio 78/2020 de 22 de julio, emitida por el ex Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Primero de la Capital del departamento de La Paz; a esa decisión presentó recurso de apelación, mismo que fue ratificado por Auto de Vista 487/2020 de 9 de noviembre, suscrito por los Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinando en consecuencia la no presentación de la indicada demanda; por tal motivo, interpuso acción de amparo constitucional contra el citado fallo, el cual fue sustanciado por la Sala Constitucional Segunda del nombrado Tribunal Departamental de Justicia, a través de la Resolución 141/2021 de 9 de julio, disponiendo dejar sin efecto el indicado Auto de Vista, instruyendo se pronuncie uno nuevo; merced a lo cual, se emitió el Auto de Vista 292/2021 de 11 de agosto -un mes después del plazo establecido para dicho cometido; es decir, fuera de los cinco días hábiles otorgados para tal efecto-, mismo que dispuso anular el Auto Interlocutorio 78/2020, emitido por el Juez de instancia, quien luego de un largo peregrinaje, el 30 de agosto de 2021, determinó admitir la “…DEMANDA de MEJOR DERECHO PROPIETARIO, ACCIÓN REIVINDICATORIA, Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS…” (sic).

Posteriormente, ante la excepción de incompetencia presentada por Lucía Rodríguez de Melgarejo -codemandada-, que mereció respuesta a través del Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, emitido por Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero -en suplencia legal de su similar Vigésimo Primero- de la Capital del departamento de La Paz, en la que se determinó la declinatoria de competencia del mencionado proceso civil, a la localidad de Achocalla de ese departamento, interpuso “…‘RECURSO DE REPOSICION’ y de forma conjunta RECURSO DE APELACION EN EL EFECTO SUSPENSIVO…” (sic), los cuales siendo de conocimiento de los Vocales de la Sala Civil Tercera del referido Tribunal Departamental de Justicia   -ahora demandados-, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, no fue sustanciado y menos resuelto; toda vez que, las citadas autoridades no emitieron ningún auto de vista respecto a los “…dos recurso[s] de apelación interpuestos…” (sic), aspecto que considera lesivo a sus derechos como persona adulta mayor; concluyendo que los Jueces demandados por haber incurrido en negativa y retardación de justicia, así como, en la desobediencia a resoluciones de amparo constitucional, son responsables de dicha transgresión; merced a lo cual, formuló contra los indicados esta acción tutelar bajo la modalidad innovativa y traslativa o de pronto despacho, así como también contra los citados Vocales, por la demora excesiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad y a la seguridad personal, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; disponiendo: a) El cese inmediato de la invasión ilegal y arbitraria al inmueble de su propiedad, debiendo procederse con la restitución del mismo; y, b) Conminar a los codemandados “…de la cuadrilla Melgarejo Rodríguez La ORDEN de DESOCUPACI[Ó]N en el plazo de 15 días calendario, bajo alternativa de requerir el auxilio de la FUERZA P[Ú]BLICA para el desapoderamiento del bien inmueble…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 218 a 220 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido del memorial de la demanda tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) Sus derechos a la libertad y de locomoción fueron lesionados de forma flagrante por parte de Lucía Rodríguez de Melgarejo y sus familiares; toda vez que, estos de manera fraudulenta y maliciosa se adueñaron de un bien inmueble que no les pertenecía, utilizando para ese cometido una escritura pública falsificada; 2) En mérito a las fotografías adjuntadas al expediente, las cuales corresponden a la notificación de la presente acción de defensa, se evidenció que no tiene libertad de tránsito en un inmueble que es de su propiedad, donde a su vez se observó la demolición de paredes y columnas del indicado predio; y, 3) El proceso civil de restitución de bien inmueble que instruyó, tiene una data aproximada de más de cinco años; periodo de tiempo en el que las autoridades jurisdiccionales de turno, tanto Jueces como Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, actuaron de forma maliciosa, quienes incumplieron el mandato expreso de la Resolución 141/2021 emitida por la Sala Constitucional Segunda del mencionado Tribunal.

I.2.2. Informe de los demandados

Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 20 de mayo de 2022, cursante a fs. 208 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) El accionante hábilmente y de manera arbitraria mezcló dos mecanismos tutelares completamente distintos, con argumentos que refirieren a medidas de hecho, utilizando a su conveniencia jurisprudencia constitucional con referencia a la acción de libertad; aquello “…respecto al plazo de interposición (sin caducidad), induciendo a que no se preste atención a los hechos que el propio accionante relata…” (sic); no tomando en cuenta que, el nombrado en tiempo oportuno y más aun conociendo la existencia de un proceso ordinario, debió haber formulado una acción de amparo constitucional y no así una de libertad; y, ii) El suscrito Vocal al no ser miembro de la Sala Civil Tercera de dicho Tribunal, carece de legitimación pasiva para ser demandado dentro de este mecanismo de defensa.

Rosario Verónica Sánchez Sánchez, Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 205 a 207 vta., pidió se deniegue la tutela solicitada, alegando que: a) Al no existir pronunciamiento alguno que lesione o restrinja el derecho a la libertad del impetrante de tutela, este al haber utilizado el presente mecanismo de defensa sin considerar sus características, equivocó la vía legal pertinente para realizar el reclamo correspondiente; y, b) Respecto a la formulación de esta acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en relación a la existencia de una supuesta demora en la tramitación del proceso civil instaurado por el nombrado; impele señalar que la mencionada causa fue sorteada de manera inmediata, asignándose al efecto un vocal relator, donde se convocó a otros Vocales de turno; puesto que, la citada Sala Civil tiene designado un solo miembro, y pese a esa eventualidad, conforme consta en obrados, todas las peticiones formuladas por el accionante fueron atendidas dentro los plazos establecidos.

Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Primera de la Capital del departamento de La Paz, expidió informe escrito el 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 209 a 210 vta., solicitando se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: El mecanismo de defensa interpuesto por el peticionante de tutela, carece de sustento fáctico y jurídico; toda vez que, el mismo procede cuando una persona se encuentra restringida de su libertad, esté su vida en peligro o que sea indebidamente procesada; extremos que en el presente caso no acontecieron; ya que, el prenombrado en ningún momento estuvo en las situaciones anteriormente descritas.

Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda -en suplencia legal de su similar Vigésima Primera- de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías señaló que: Fue notificada con una queja por incumplimiento a lo dispuesto en una acción de amparo constitucional, donde se ordenó a la Jueza Publica Civil y Comercial Vigésima Primera de la citada Capital y departamento, admitir una demanda, al momento de asumir la suplencia legal de dicho despacho; por lo que, se procedió con ese cometido, remitiendo al efecto las fotocopias legalizadas de aquel actuado procesal, situación que evidenció una adecuada diligencia en el trámite de la causa.

Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero -en suplencia legal de su similar Vigésima Primera- de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que los hechos vertidos por el accionante en el presente mecanismo de defensa, no se encontrarían vinculados con los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad personal o de circulación.

Lucía Rodríguez de Melgarejo; y, Manuel Wilson, Jhanet Rosario y Aylen Judith, todos Melgarejo Rodríguez, en audiencia de garantías, por intermedio de su abogada refirieron que: 1) El solicitante de tutela únicamente pretende con la interposición de la presente acción tutelar confundir a las autoridades de la causa, a efecto de que estas ingresen a resolver otros temas de fondo; 2) La codemandada -Lucía Rodríguez de Melgarejo-, actualmente se encuentra cumpliendo la medida de la detención domiciliaria, misma que fue establecida merced a una orden judicial en el lugar que el impetrante de tutela alegó ser de su propiedad -un cuarto el cual refiere no se lo deja ingresar-; y, 3) No existió ningún “clan Melgarejo” tal como indicó el prenombrado, asimismo, respecto al derrumbe de un muro, corresponde señalar que este se dio como resultado de la apertura de la calle, siendo ese hecho de desconocimiento por parte del peticionante de tutela; toda vez que, el mencionado al no habitar en el lugar, ignoró los trabajos realizados respecto a la apertura de vías.

Reyner Witmer y Jhenny Silvia Melgarejo Rodríguez, no presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 188 y vta.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 221 a 224 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Debido a que este mecanismo de defensa se promovió en virtud a medidas de hecho que ocurrieron el 2019, cuyas actuaciones se encontrarían en “instancias superiores” a fines de su consideración, se tiene presente que el mismo no se suscitó de manera objetiva; y, ii) Al no haberse demostrado que el impetrante de tutela se encuentre privado de su libertad, perseguido ilegalmente o procesado de manera indebida, no corresponde ingresar a analizar el ámbito de protección que brinda esta acción constitucional.

En vía de enmienda, complementación y aclaración, el accionante a través de memorial presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 251 a 252 vta., impetró que: a) Se aclare por qué se desobedeció deliberadamente lo dispuesto en la SCP 1051/2021-S3 de 10 de diciembre, referida a la procedencia de la acción de libertad cuando se suscitan vías o medidas de hecho; b) Señale por qué no se consideró la demolición de las columnas, el muro frontal y el portón metálico del inmueble de su propiedad, así como, tampoco el hecho de que la Sala Civil Tercera del citado Tribunal Departamental de Justicia, confesó haber incurrido en una grosera retardación de justicia; y, c) Explique si las vías de hecho como decisiones judiciales ostensiblemente ilegales, merecen la tutela de manera inmediata, en mérito a la protección de derechos fundamentales.

En sustanciación y resolución, el Tribunal de garantías a través del Auto de 25 de “abril” -lo correcto es mayo- de 2022, cursante a fs. 253 y vta., declaró “NO HA LUGAR” dicha solicitud, argumentando que en mérito a los antecedentes expuestos por el peticionante de tutela y los informes remitidos por los demandados, se pronunció una Resolución debidamente motivada y fundamentada, que fue desarrollada conforme a los lineamientos jurisprudenciales que refieren al caso concreto.