SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0638/2024-S3

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0638/2024-S3

Sucre, 13 de agosto de 2024

SALA TERCERA

Magistrada Relatora:       MSc. Isidora Jiménez Castro

Acción de protección de privacidad

Expediente:                      57036-2023-115-APP

Departamento:                 Pando

En revisión la Resolución 001/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 220 a 222 vta., pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Danitza Ramos Catunta contra Leyna María Álvarez Suárez, Directora; Giovanna Arteaga Kiriaco, Psicóloga; Reynaldo Divico Oliveira, ex Asesor Legal; y, Yanely Parada Arauz,  ex Trabajadora Social todos del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), dependiente del Gobierno Autónomo departamental de Pando; Yusara Melena Revollo y Elvis Alain Siviora Carrillo  representantes legales de los medios de comunicación televisivos, Sistema Pandino de Comunicación (SPC) Canal 15 y Noticias SC-365, respectivamente, del mismo departamento.

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5, 10 y 11 de julio de 2023, cursantes de fs. 139 a 143, 146 a 147 y 158 y vta.; la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Identificación del problema jurídico planteado

Previo al proceso penal instaurado en su contra a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija y SEDEGES de Pando, la que en juicio fue declarado improbado, los funcionarios de las instituciones mencionadas el 25 de abril de 2022, acudieron al medio televisivo ”CANAL NOTICIAS SC-365”, donde manifestaron “…aspectos de violencia hacia menores, arbitrariedad como autoridad judicial, maltrato y abuso psicológico, mala gestión judicial, zozobra o temor a los menores internados, señalando poner palabras a los internados, mellando su dignidad de las menores, la existencia de amedrentamiento, etc…” (sic), señalando que estaba obrando con ilicitud y sería objeto de denuncia ante la aludida Defensoría, todo esto fue televisado en un medio público, local y nacional, dejando en el televidente una percepción de desagrado, prepotencia, injusticia, errada función, personalidad violenta; y, peor aún, al ser posteriormente compartido por redes sociales, fue seguido y viralizado fruto de las opiniones y calificación a esa publicación, afectando su trabajo como funcionaria encargada de tutelar el control de niños, niñas y adolescentes con temas judiciales y extrajudiciales, su imagen personal fue dañada, al haberle señalado como una persona violenta y prepotente, atenida a su cargo judicial, mellando su honra y dignidad. El 26 de abril de 2022, funcionarias del SEDEGES Pando, acudieron a un medio televisivo SPC CANAL 15, refiriendo los mismos aspectos colocando en tela de juicio su honorabilidad y trayectoria profesional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la “integridad moral” psicológica, honra, imagen y dignidad e inviolabilidad señalando al efecto los arts. 15.I, 21.2, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar la eliminación inmediata de las publicaciones realizadas por “…SPC CANAL 15 Y CANAL NOTICIAS SC-365…” (sic).

I.2.  Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 14 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 211 a 219, se produjeron los siguientes actuados:

        

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar. 

I.2.2. Informe de los accionados

Leyna María Álvarez Suárez, Directora; Giovanna Arteaga Kiriaco, Psicóloga; Reynaldo Divico Oliveira, ex Asesor Legal; y, Yanely Parada Arauz,  ex Trabajadora Social todos del SEDEGES Pando, en audiencia expresaron que ellos no tienen ninguna relación con canal 15 la Real Televisora Noticias SC-365, son los propietarios y quienes manejan sus redes sociales, por ende, tampoco son los llamados a suprimir entrevista alguna que se encuentre en las páginas virtuales de los mencionados medios de comunicación, solicitando se deniegue la tutela porque ellos no tienen ni regentan base de datos alguna, no existiendo ningún elemento que los involucre en los hechos demandados.  

Elvis Alain Siviora Carrillo, representante de Noticias SC-365, en audiencia peticionó se deniegue la tutela solicitada con base en los siguientes argumentos: a) La acción tutelar resulta ambigua, primero planteó una acción de defensa dirigida contra ex funcionarios, anunciándolos como terceros interesados y después como accionados; b) Respecto a la subsidiariedad, en el presente caso estamos frente a una denuncia por una infracción, supuestamente estas denuncias serían temerarias y habrían afectado a la impetrante de tutela; para pretender activar esta vía constitucional, necesariamente tendría que haber acudido ya sea en la justicia ordinaria para un proceso por difamación, injuria o bien presentar una denuncia ante el Ministerio Público por falsa acusación y tener el resultado que ella esperaba; sin embargo, no hay ese agotamiento de instancia, directamente un memorial “en dos en tres líneas”, justificando que no corresponde la subsidiariedad, no siendo necesario ingresar en el tema de fondo, porque no existe ni una nota dirigida a estos dos medios para que eliminen estos datos, otro aspecto que se debe tener en cuenta, es que los medios de comunicación están legalmente constituidos, tienen la facultad de informar y dar cobertura a la población, de igual forma, como medios responsables buscaron la contraparte, pero la impetrante de tutela reclama eliminación de una noticia y no pide la eliminación de su entrevista, es más, esa noticia, ya prácticamente ha quedado en el olvido, ni siquiera fue una noticia viral, si vemos los parámetros en la revista donde tuvo cobertura, apenas llegaron a ocho me gusta, fue una vez compartido y tuvo seiscientas cuarenta y siete visualizaciones cuando la ciudad de Cobija supera los cincuenta mil habitantes, entonces no es una noticia relevante y aun así fuera, está dentro del margen de lo que es la comunicación, la información en ese entendido, no tiene el alcance la pretensión que refiere en este caso sería para la eliminación o exclusión de la información sensible relacionada en la intimidad de su familia; y, c) En el hipotético caso de ingresar al fondo de la problemática, se estaría censurando a los medios de comunicación que sucedería si se concediera la tutela, todos los hechos donde se presentaron a los presuntos delincuentes activarían este mecanismo y las noticias serían totalmente censuradas, eliminadas, rompiendo el Estado de Derecho, atentando contra la libre expresión, debiendo rechazar in limine esta acción de protección de privacidad.

Elvis Alain Siviora Carrillo representante de “CANAL DE NOTICIAS 365”, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela con los siguientes argumentos: 1) Así mismo mencionó los abogados de la peticionante de tutela nos pidieron el link de la publicación que hoy se reclama de vulneradora, la cual les hicieron llegar en un disco compacto, pero solo se pidió esa y no así la entrevista a la impetrante de tutela; 2) Los medios de comunicación simplemente son trabajadores del pueblo, de la sociedad de informar lo que sucede tanto en las instituciones públicas, privadas con autoridades nacionales, departamentales y municipales; y, 3) Si los medios de comunicación son censurados “…dónde vamos a llegar, quien puede hacer su denuncia, quien no puede hacer, si una autoridad, es denunciada, entonces rápidamente piden eliminar una publicación donde, ya tiene un tiempo, como le digo, ya más de un año, entonces pide que se ponga en consideración, también el trabajo periodístico que realizamos los Medios de comunicación de poder informar de la situaciones que se den en el país (…) nuestro departamento…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 001/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 220 a 222 vta., denegó la tutela peticionada con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien es evidente que la normativa nacional como internacional protege los derechos hoy denunciados de vulnerados debido a que son derechos inherentes a la persona; empero, para analizar las presuntas lesiones, la accionante primero debe cumplir con la legitimación pasiva, en el presente caso Danitza Ramos Catunta, plantea acción de protección de privacidad contra funcionarios y ex funcionarios del SEDEGES Pando y contra los representantes del “Canal 15 SC y Canal de Noticias SC-365” (sic); respecto a los funcionarios del SEDEGES Pando, no se advierte que ellos puedan ser responsables de los archivos o banco de datos públicos o privados o que los mismos estuvieran en su poder, ya que para determinar si corresponde o no conceder la tutela se debe tener la certeza que las personas a las que se denuncia de vulnerar derechos, tienen la potestad de poder eliminar las entrevistas realizadas por los funcionarios del SEDEGES Pando; también, debe demostrarse que los accionados son quienes tienen en su poder el banco de datos o son responsables del mismo que pretenden ser suprimidos por la parte accionante, en el presente caso no se advierte que los funcionarios y ex funcionarios del mencionado SEDEGES fueran responsables o tuvieran en su poder un banco de datos para ser eliminados, no cuentan con la legitimación pasiva para responder a la presente acción tutelar; y, ii) En cuanto al principio de subsidiariedad y los representantes de SPC Canal 15 y Canal de Noticias SC-365, la SCP 0090/2014-S1 de 24 de noviembre; “…ha señalado que la acción de protección de privacidad, debe adecuarse al procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional tal como señala el art. 131 de la CPE; vale decir que previamente a acudir a la jurisdicción constitucional debe agotarse los reclamos a la parte accionada y poner con conocimiento de los que tienen el banco de datos, el interés o pretensión de eliminar las publicaciones a no ser que concurrieran requisitos para realizar la abstracción al principio de subsidiaridad y acudir directamente a jurisdicción constitucional y esos requisitos son: a) por la inminente violación del derecho tutelado; y b) que la acción tenga un sentido eminentemente cautelar, requisitos que deben ser cumplidos de manera conjunta y simultanea; en el presente caso, no se advierte que la accionante haya cumplido con dichos requisitos pese de habérsele observado antes de la admisión de esta acción; en ese sentido tampoco se advierte cual la inminencia de violación a los derechos reclamados o porque se requiere una protección cautelar para hacer abstracción al principio de subsidiariedad; sin embargo la accionante de manera directa acude a esta instancia constitucional, cuando debió iniciar el procedimiento administrativo y reclamar ante los representantes del Canal 15 SPC y Canal de Noticias SC-365 quienes deben ser los encargados del resguardo y administración de la información, la entrega, actualización, rectificación o eliminación de la información o datos falsos, o que induce a discriminaciones; y en el caso de no obtener una respuesta positiva favorable a su pretensión, recién acudir a esta vía constitucional; empero, si bien la misma accionante como el Representante del canal de noticias han manifestado que mediante nota la accionante acudió a dicho canal solicitando link de las entrevistas, sin embargo en el mismo procedimiento la accionante podía solicitar o reclamar la eliminación de las entrevistas o mediante una nota respetuosa hacerles conocer su pretensión, pero no se advierte que se haya realizado dicho reclamo de manera oral ni de manera escrita, por lo que al habérseles negado a los accionados la oportunidad de poder cumplir con la pretensión de la accionante, la presente acción es improcedente” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Consta informe de Elvis Alain Siviera Carrillo, -hoy accionado- de Noticias SC-365 dirigido al Juzgado de Sentencia Penal del departamento de Pando de 27 de enero de 2023, remitiendo una copia de la entrevista pública realizada a los personeros del SEDEGES Pando el 26 de abril de 2022 (fs. 6 a 8).

II.2.    Cursa informe Técnico Pericial de la Policía Boliviana, Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, Instituto de Investigaciones Técnico Científicas Universidad Policial (IITCUP) “Mcal. Antonio José de Sucre” de 27 de febrero de 2023, sobre la entrevista pública realizada a los personeros del SEDEGES Pando, en el programa Revista 15 de SPC canal 15 de la ciudad de Cobija el 21 de abril de 2022 a solicitud del Juez del Tribunal de Sentencia Penal del mismo departamento (fs. 9 a 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la “integridad moral” psicológica, honra, imagen y dignidad e inviolabilidad, argumentando que: Leyna María Álvarez Suárez, Directora; Giovana Arteaga Kiriaco, Psicóloga, Reynaldo Divico Oliveira, ex asesor legal, Yanely Parada Arauz ex Trabajadora Social todos del SEDEGES Pando, al solicitar y dar las entrevistas de 21 y 26 de abril de 2022 y Yusara Melena Revollo representante legal de SPC Canal 15 y Elvis Alain Siviora Carrillo representante legal de Noticias SC-365, al difundir las entrevistas y manteniendo en sus páginas digitales están lesionando sus derechos constitucionales.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la acción de protección de privacidad. El principio de  subsidiariedad como causal de improcedencia 

Al respecto la SCP 0099/2023-S4 de 6 de abril, precisó que: “La SCP 0332/2015-S1 de 6 de abril, en el marco del principio de progresividad, sobre los derechos que protege la acción de protección de privacidad estableció que esta garantía constitucional protege los derechos a la intimidad, privacidad (personal y familiar), imagen, honra, reputación, incluyendo a la dignidad y el honor, así señaló que: `El art. 130.I de la CPE, a tiempo de establecer la acción de protección a la privacidad refiere que: «Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad», definiéndola de esta manera como una garantía constitucional frente al indebido o ilegal uso de datos.

 

En este mismo sentido el art. 58 del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresa que: «La Acción de Protección de Privacidad tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados; y a objetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación»´.

 

Por su parte, la SCP 0089/2014-S2 de 4 de noviembre, citando a la            SCP 1445/2013 de 19 de agosto, señaló que: `...la acción de protección de privacidad, protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados, por esta misma razón la doctrina señala que esta acción en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, entendido como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada, y hubiesen obtenido, almacenado y distribuido´.

 

Entendimiento que fuera complementado con los razonamientos expuestos en la SCP 0021/2021-S2 de 7 de abril, que efectuando mayores precisiones sobre la naturaleza y alcance de la acción de protección de privacidad, determinó que: ʽ…la acción tutelar en estudio, al tratar -por su naturaleza y el ámbito que tutela- de la protección de los derechos de la personalidad espiritual se encuentra propensa a las transformaciones y desarrollo progresivo emergentes de los avances de la tecnología-internet, redes sociales-; lo que, sitúa al individuo en un escrutinio y seguimiento por los usuarios y terceros sobre información sensible, muchas veces con trascendencia social; por lo que, no pueden ser ajenas al derecho, justificándose en ello la activación de mecanismos que busquen proteger los derechos de los ciudadanos sobre conductas que constituyen una amenaza para mantener la privacidad debido a su dinamicidad sobre todo en plataformas de comunicación -entre ellas facebook-, y la enorme facilidad para su viralización a escala global que suelen a menudo desembocar en usos negativos con efectos desfavorables, desencadenando una inminente afectación material e irreparable de los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y a la dignidad de las personas; lo que, puede dificultar incluso determinar la identidad real de los sujetos actuantes en el ciberespacio (perfiles falsos, trolls, entre otros).

 

En ese contexto, se torna imprescindible la garantía jurisdiccional constitucional de la acción de protección de privacidad establecida en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo desarrollo debe estar acompañado de instrumentos a la par de la tecnología con mecanismos empleados al manejo de la información, propendiendo evitar una desprotección a su cabal y efectivo ejercicio; por consiguiente, queda claro que no es limitativa la existencia solo de un banco de datos, siendo innegable -por el desarrollo tecnológico- la posible transgresión por contenidos que se almacenan en otros tenedores y/o administradores de los datos de una persona natural o jurídica, cuya cobertura incluso alcanza a una red social, como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios, entendiéndose en su máxima extensión´.

 

(…)

 

Complementando lo anterior, y teniendo presente que a la acción de protección de privacidad le es aplicable el mismo trámite que a la acción de amparo constitucional, el Código Procesal Constitucional en cuanto a las causales de improcedencia de la acción de protección de la privacidad: `…no procederá cuando se haya interpuesto para levantar un secreto en materia de prensa, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y cuando sea aplicable lo previsto en el Artículo 53 del presente Código´ (art. 62).

 

El art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé como causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, las siguientes:

 

‘1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas.

 

2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.

3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno.

 

4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento.

 

5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular’.

 

En consecuencia, son asimilables a la acción de protección de privacidad las referidas causales de improcedencia.

 

En igual sentido y dada la naturaleza procesal que el constituyente dio a la acción de protección de privacidad, cabe citar la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, que estableció las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de la acción de amparo por subsidiariedad, que serán aplicables a la acción de protección de privacidad y que se presentan cuando: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’”.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la “integridad moral” psicológica, honra, imagen y dignidad e inviolabilidad argumentando que: Leyna María Álvarez Suárez, Directora; Giovana Arteaga Kiriaco, Psicóloga, Reynaldo Divico Oliveira, ex asesor legal, Yanely Parada Arauz ex Trabajadora Social todos del SEDEGES Pando, al solicitar y dar las entrevistas de 21 y 26 de abril de 2022 y Yusara Melena Revollo representante legal de SPC Canal 15 y Elvis Alain Siviora Carrillo representante del Canal de Noticias SC-365 -redes televisivas-, al difundir las entrevistas y mantener en sus páginas digitales están lesionando sus derechos constitucionales.   

Ahora bien, conforme lo establece la misma Constitución Política del Estado, para la procedencia de la presente acción tutelar se requiere de dos presupuestos esenciales: a) La existencia de un banco de datos, que puede ser público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, que tenga como finalidad proveer informes; y, b) Que el banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la acción de protección de privacidad; es necesario a efectos de la presente Resolución constitucional, establecer la relación de los accionados con el banco de datos, que sea de su propiedad o se encuentre bajo su custodia, esto para determinar de manera precisa la legitimación pasiva de los mismos, ya que de acuerdo al art. 60 del Código Procesal Constitucional (CPCo), “I. La Acción de Protección de Privacidad podrá ser interpuesta contra: 1. Toda persona natural o jurídica responsable de los archivos o bancos de datos públicos o privados donde se pueda encontrar la información correspondiente. 2. Toda persona natural o jurídica que pueda tener en su poder datos o documentos de cualquier naturaleza, que puedan afectar al derecho o la intimidad y privacidad personal, familiar o a la propia imagen, honra y reputación. II. En ambos casos, tendrá legitimación pasiva la persona natural o jurídica, pública o privada, que compile datos personales en un registro, que independientemente de tener o no una finalidad comercial, esté destinado a producir informes, aunque no los circule o difunda”. En consecuencia, al presente la solicitante de tutela no estableció que los funcionarios y ex funcionarios del SEDEGES Pando, ahora accionados sean los detentadores o propietarios de un banco de datos que contenga información vinculada a los derechos reclamados, por ende, al no tenerse acreditada la legitimación pasiva de los accionados Leyna María Álvarez Suárez, Giovana Arteaga Kiriaco, funcionarias, y Reynaldo Divico Oliveira, Yanely Parada Arauz ex funcionarios todos del SEDEGES Pando, siendo esta una causal de improcedencia, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al fondo de la problemática planteada, respecto a los mencionados.

  

De lo traído en revisión, y de acuerdo a lo desarrollado tenemos el informe de 27 de enero de 2023 del responsable del canal Noticias SC-365 dirigido al Juzgado de Sentencia Primero del departamento de Pando, remitiendo una copia de la entrevista pública realizada a los personeros del SEDEGES Pando el 26 de abril de 2022 (Conclusión II.1) así como el informe técnico pericial del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas Universidad Policial de 27 de febrero de 2023 sobre la entrevista pública realizada a los personeros del SEDEGES Pando en el programa Revista 15 de SPC Canal 15 de la ciudad de Cobija el 21 de abril de 2022 (Conclusión II.2).   

De lo citado en torno a la presente acción tutelar si bien la accionante de tutela establece de adecuada manera cuáles son los archivos que vulneran sus derechos y determina por qué deberían borrarse, olvida un elemento muy importante que hace a las acciones tutelares en su mayoría, que es el elemento subsidiario, al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, expresa que: “…cabe citar la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, que estableció las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de la acción de amparo por subsidiariedad, que serán aplicables a la acción de protección de privacidad y que se presentan cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así:         a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras), de acuerdo a lo desarrollado tenemos que la accionante no demostró con prueba suficiente que haya acudido ante los detentadores de los datos que desea sean retirados, borrados o modificados a efectos de hacer conocer su desavenencia y los derechos que se le vulneraban manteniendo esos archivos, aspecto que fue advertido por los accionados y que no fue controvertido en audiencia; en consecuencia, en el presente caso la solicitante de tutela no debió acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional, sin previamente pedir a los medios de comunicación -hoy accionados a través de sus representantes- el retiro de las notas de prensa que afectan a su dignidad -según la presente acción tutelar- de manera que en uso de sus facultades bien pudo iniciar las acciones pertinentes a fin de obtener una respuesta a su pretensión y solo en caso de negativa, asumiendo que se agotó la vía ordinaria, recién acudir ante la justicia constitucional reclamando la tutela que nos ocupa; por lo cual, la presente acción de protección de privacidad no superó la subsidiariedad requerida; por ende, al ser ésta una casual de improcedencia debe denegarse la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.

   

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 001/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 220 a 222 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la misma.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

             Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

              MAGISTRADA

            Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

                                                          MAGISTRADO