SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0725/2024-S3

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0725/2024-S3

                                       Sucre, 26 de agosto de 2024

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro       

Acción popular

Expediente:                 51986-2022-104-AP

Departamento:            La Paz  

En revisión la Resolución 303/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 325 a 333 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Max Yave Miranda, Presidente de la Junta de Vecinos de la Zona de Alto Kupini, en representación de Florencio Jiménez Jiménez, Presidente de la Junta de Vecinos de Alto San Isidro I y Control Social suplente del Organismo de Participación y Control Social del Distrito 17 del Macro San Antonio; Gonzalo Policarpio Lazarte Quispe, Presidente de la Junta Vecinal de la Zona Kupini II y la Asociación Comunitaria del Distrito 17; Julio César Colque León, Presidente de la Junta Vecinal Plan 19 San Isidro; Marco Antonio Salazar Martínez, Presidente de la Junta de Vecinos de la Zona Bajo San Isidro; Bertha Ocaña Loroña, Presidenta de la Junta de Vecinos de la Zona Santa Rosa de Callapa; Braulio Guillermo Arguedas Arancibia, Presidente de la Junta de Vecinos de la Zona Kupini Central;  Jorge Luis Céspedes, Presidente de la Zona Villa Armonía Sector Bajo “Zenobio López”; Mariana  Vicente Alejo, Presidenta de la Junta Vecinal de la Zona prolongación Kupini II; Gehobana Lilian Juárez de Vera, Presidenta de la Zona San Isidro Bajo, Plan 40 Primavera; y, Tomas Severo Humerez Calle, Presidente de la Junta Vecinal de la Zona German Jordán, contra Hiram Levi Alacama Mamani, Presidente Departamental del Organismo de Participación y Control Social todos del departamento de La Paz y Néstor Rodin Mamani Quispe.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

    

     I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 174 a 203, los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 de marzo de 2022, se llevó a cabo la Magna Asamblea de Presidentes de Juntas Vecinales del Distrito 17 del Macro distrito San Antonio de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, presidida por Néstor Rodin Mamani Quispe en su condición de Representante de Control Social titular de ese Distrito, quien informo sobre las elecciones en la zona de Callapa para elegir a seis nuevas Juntas Vecinales; ante lo cual, por consenso y unanimidad mediante “Resolución 01/2022” se instruyó al nombrado, postergue las elecciones con la finalidad que los interesados en constituir las nuevas juntas vecinales previamente presenten un proyecto sostenible en términos de factibilidad técnica, legal, financiera y poblacional sin afectar los intereses de las Juntas Vecinales del Distrito 17, determinación que no fue cumplida por éste, pese a un compromiso público.  

El 26 de junio de 2022, se enteraron que Néstor Rodin Mamani Quispe abusando de su condición de Representante de Control Social, posesionó a seis Presidentes de las nuevas Juntas Vecinales del Sector de Callapa para su pertenencia al Distrito 17 y acceso al presupuesto designado mediante el Plan Operativo Anual (POA), ante esa conducta desleal la Magna Asamblea emitió la Resolución 01/2022 de 28 de junio, resolviendo como medida cautelar suspender a Néstor Rodin Mamani, Representante de Control Social del Distrito 17 y designar en su suplencia a Florencio Jiménez Jiménez, para que asuma la representación legal con todas las prerrogativas que le confiere la Constitución Política del Estado, Ley de Participación y Control Social -Ley 341 de 5 de febrero de 2013- y su Reglamento; además de solicitar a las autoridades de las instituciones públicas y al Organismo de Participación y Control Social del municipio de La Paz, procedan a su reconocimiento y acreditación legal.

El 12 de julio de ese año, se efectuó otra Asamblea, en la que el Presidente de la Asociación Comunitaria del Distrito; informó que, se acudió ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitando el reconocimiento legal del suplente del Organismo de Participación y Control Social del Distrito 17, misma que fue negada bajo el argumento que el citado Gobierno Autónomo Municipal no tenía competencia para acreditar o desconocer ninguna representación vecinal ni organización social; similar petición fue efectuada al Sub Alcalde del Macro Distrito San Antonio, quien rechazó, lo impetrado, permitiendo que se sigan realizando actos administrativos en presencia de un Control Social que no representa a las mayorías, promoviendo el acceso a la participación y control social en favor de Néstor Rodin Mamani Quispe, encubierto por el Presidente Departamental de Control Social de La Paz, instancia que solo acredita a los representantes y no elige la representación del Control Social de un Distrito sino los presidentes de las Juntas de Vecinos.

Alegaron que, en cuanto al accionado Hiram Levi Alacama Mamani, Presidente Departamental de Control Social de La Paz, se le hizo conocer la Resolución 02/2022 de 12 de julio, emanada de la Magna Asamblea de Presidentes del Distrito 17, solicitando que, ante la suspensión inmediata del representante titular del Organismo de Participación y Control, Néstor Rodin Mamani Quispe, proceda con la respectiva acreditación legal en ese cargo al suplente elegido Florencio Jiménez Jiménez, a efecto que asuma todas las prerrogativas que le confiere la Constitución Política del Estado, Ley 341, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 9 de enero de 2014- y su Reglamento, quien ante ello respondió que no acreditaría a nadie porque la causal de suspensión debería ajustarse a las de un proceso que correspondería ser llevado al comité de ética, desconociendo así una determinación democrática y soberana de la mayoría de los Presidentes del Distrito 17, dejando de lado los arts. 36.III y 52.II del Reglamento Interno del Organismo de Participación y Control Social del Municipio Autonómico de La Paz; ante ese acto ilegal, el 15 de agosto de 2022, enviaron una nota solicitando copias legalizadas del acta de posesión de la gestión correspondiente y acta de elección del Organismo de Participación y Control Social realizado por el Distrito 17, obteniendo como respuesta una copia simple del acta de elección, sin remitir lo solicitado.

Manifestaron que, Néstor Rodin Mamani Quispe, pese a conocer la Resolución 01/2022 de 28 de junio, por la que fue suspendido de sus funciones de representante titular del Organismo de Participación y Control Social del Distrito 17, sigue fungiendo como Control Social, en desconocimiento de una determinación soberana y democrática, aferrándose al cargo, desarrollando actos administrativos en complicidad con funcionarios de la Sub Alcaldía del Macro Distrito San Antonio, al extremo de no validar la ejecución de sus POAs, y no atender sus peticiones si es que no se lo reconoce, llegando incluso a lanzar una Convocatoria a reunión informativa a los Presidentes de Distrito, sin importarle que ese acto puede generar un enfrentamiento entre estos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalaron como lesionado su derecho a la participación y control social; citando al efecto al art. 241 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) En vía preventiva, se evite que la amenaza descrita lesione sus derecho e interés social del gozar del derecho constitucional al acceso a la Participación y Control Social del Macro Distrito 17, determinando como medidas cautelares la suspensión de toda acción administrativa o de cualquier tipo de acción que oriente vulnerar su legítimo derecho constitucional b) Suspensiva, se ordene el inmediato cese de todo acto administrativo lesivo a los derechos e intereses tutelados en la acción como ser: 1) Firmar el destino de sus presupuestos asignados en el POA 2023; Usar los remanentes del POA 2022; usar el presupuesto de sus respuestas inmediatas y otros programas; y, 2) Participar en todo acto administrativo y acto público del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, donde pretendan representar al Distrito 17; y, c) Restitutoria, se reestablezca el goce de los derechos colectivos ordenando a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y al Presidente del Organismo de Participación y Control Social, restablezca el derecho constitucional a la participación y control social, procediendo al reconocimiento inmediato de Florencio Jiménez Jiménez, como representante suplente del Organismo de Participación y Control Social del Distrito 17, ante ese Gobierno Autónomo Municipal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional  

Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 316 a 324, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda de acción popular.

I.2.2. Informe de los accionados

Hiram Levi Alacama Mamani, Presidente Departamental de Control Social de La Paz y Néstor Rodin Mamani Quispe, presentaron informe escrito de 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 273 a 281 vta., pidiendo se deniegue la tutela, expresando al efecto lo siguiente: i) Los accionantes únicamente realizan la transcripción de artículos de la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional sin probar los extremos que exponen; ii) El señalar que se estaría generando un paralelismo con seis nuevas juntas de vecinos, resulta falso ya que ninguna de éstas tienen por objeto cumplir las mismas funciones de las Juntas establecidas; además que, los impetrantes de tutela pretenden desconocer la libre asociación de Organizaciones Territoriales de Base (OTB), al señalar que la conformación y reconocimiento de esas seis Juntas vecinales es responsabilidad de los accionados, cuando para que puedan nacer a la vida jurídica la competencia la tienen Órganos del Estado como ser la Gobernación y la aprobación del Municipio; iii) No se presentó ninguna prueba que acredite algún agravio, sea de manera individual o como miembros de un colectivo, lo que demuestra que los mueve intereses personales infundados; iv) Si bien señalaron de manera irresponsable que tanto el Sub Alcalde del Macro Distrito San Antonio y el Alcalde del Gobierno Autónomo de La Paz se habrían parcializado a su favor acompañando actos de corrupción; empero, no establecieron que actos fuera de norma hubieran cometido junto a las autoridades municipales; v) Por otra parte, refieren que no se estaría dando cumplimiento a una Resolución emanada de la Magna Asamblea de Juntas Vecinales al no desconocer a Néstor Rodin Mamani Quispe como Representante de Control Social del Distrito 17, pretendiendo sin un argumento sólido ni pruebas acreditar que Hiram Levi Alacama Mamani desconozca al antes nombrado; vi) No procedía la acreditación del Representante suplente del Distrito 17 ante el Organismo de Participación y Control Social del Municipio de La Paz, por ello no se ha incurrido en ninguna falta o lesión; y, vii) Se ha demostrado de manera inequívoca, que a través de la acción popular, los accionantes pretenden que se vulnere los derechos de otros ciudadanos que tienen el mismo derecho, como ser el de libre asociación y otros que no se les puede desconocer; por lo que su petición se encuentra fuera de norma; en tal razón, piden se declare la improcedencia de la acción tutelar.  

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 303/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 325 a 333 vta., luego de efectuar la reconducción de la acción popular a una acción de amparo constitucional concedió en parte la tutela impetrada, determinando que Hiram Levi Alacama Mamani como Presidente del Organismo de Participación y Control Social del Municipio de La Paz, en cumplimiento del  art.12.II de la Ley 341, proceda a dar viabilidad a la solicitud de suspensión, habilitando al suplente de Control Social del Distrito 17, en el plazo de setenta y dos horas; y, denegó la tutela en relación a la petición genérica sobre otros aspectos como manejo de presupuestos u otros que no corresponden; expresando al efecto los siguientes fundamentos: a) De los antecedentes normativos y facticos, se identifica una omisión por parte del accionado Hiram Levi Alacama Mamani, en dar reconocimiento a lo que establecido en la norma respecto a que cuando exista una suspensión, está será remitida a las autoridades; lo que en el caso en cuestión no paso, pues el tema de la suspensión ya fue definido por una Asamblea y el negar el reconocimiento del suplente, alegando que debe efectuarse un procedimiento diferente no se encuentra justificado legalmente; b) A partir de la suspensión asumida mediante un mecanismo previsto en un instrumento legal, determinada por trece de las Juntas Vecinales del Distrito 17, es decir la mayoría de componentes y al existir la previsión de la suplencia, correspondía dar curso a la determinación del ente máximo deliberativo y no confundir un acto meramente administrativo como una denuncia, queja u observación; y, c) Ante la amplia petición de la parte accionante y habiéndose identificado con precisión la lesión incurrida y la norma que no fue debidamente interpretada y que debe ser cumplida, se debe viabilizar en parte lo pedido. 

Por memorial presentado el 17 de julio de 2022, cursante de fs. 337 a 339, los accionados solicitaron aclaración, complementación y enmienda de la referida Resolución, pidiendo se aclare: 1) Que razonamiento se habría utilizado para dejar de lado el derecho de la libre asociación, siendo que fue la génesis de la acción popular; 2) Cual la motivación, jurisprudencia vinculante y normativa, para que sin que exista solicitud alguna de los accionantes de oficio y actuando de forma ultra petita, se haya mutado de una acción popular a una acción de amparo constitucional; 3) Bajo que normativa o principio se habría desconocido el Reglamento del Organismo de Participación y Control Social que señalan las causales para poder suspender a un control social; 4) Si los accionantes demostraron o presentaron prueba de normativa interna que les faculte a revocar o suspender el mandato de un representante titular ante Organismo de Participación y Control Social; 5) Si la Sala Constitucional tiene la facultad de suspender o revocar a un autoridad electa y posesionada sin que se cumpla con reglamentos y normativa de su Organización; 6) Cuales hubieran sido los derechos constitucionales restringidos o suprimidos para que se haya reconducido la acción popular a una acción de amparo constitucional, siendo que ambas acciones son diferentes; 7) La motivación y normativa vulnerada que faculta a Hiram Levi Alacama Mamani, como Presidente del Organismo de Participación y Control Social del Municipio de La Paz, para admitir y conocer temas orgánicos referidos a juntas de vecinos; 8) El razonamiento para señalar que no existe mayor argumento que el desconocimiento de una mayoría para cesar el mandato de un autoridad electa; y, 9) Cuales las pruebas presentadas que demuestren que Néstor Rodin Mamani Quispe haya incurrido en alguna prohibición establecida en la Ley 431.

Ante ello, la citada Sala Constitucional pronunció el Auto de 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 340 a 341, señalando lo siguiente: al numeral 1) Se aclaró que el objeto de la acción de amparo constitucional y el debate no se basó en el impedimento o en la observación a la creación de nuevas Juntas Vecinales, es decir que el derecho a la libre asociación tampoco fue parte de la denuncia de la acción tutelar, por lo que la solicitud es ajena al contenido de la Resolución, por lo que no se da lugar a la misma; al numeral 2) La mutación de las acciones es permisible conforme la jurisprudencia desarrollada; al numeral 3) Se remiten a lo desarrollado en la Resolución y en la interpretación normativa que se realizó de la Ley 341; al numeral 4) Se actuó con base en los antecedentes facticos, normativa legal vigente y los principios del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; por ello, no existe la necesidad de complementar ningún aspecto; al numeral 5) No ha lugar por identificarse a una solicitud dolosa y de mala fe por parte de los accionados, al tratar de imponer a la Sala Constitucional una voluntad que jamás se dio; al numeral 6) El punto fue aclarado en el numeral primero; a los numerales 7) y 8) No ha lugar a lo solicitado al ser los términos claros; y, al numeral 9) De forma explícita la Resolución interpretó la normativa del art. 12 de la Ley 341, por lo que no le corresponde a la Sala Constitucional establecer un procedimiento que verifique una causal de cesación de mandato de una autoridad; independientemente no pudiendo dejar de lado que se señaló que hubo un desconocimiento del referido artículo.      

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Por Resolución 01/2022 de 28 de junio, la Magna Asamblea Extraordinaria de Presidentes de Juntas Vecinales del Distrito 17, del Macro Distrito 4 San Antonio del Municipio de La Paz, constituyéndose en actores circunstanciales en la participación y control social, resolvió lo siguiente: “ARTICULO PRIMERO.- Suspender inmediatamente al representante de Control Social del Distrito Nº 17 Sr. Néstor Rodin Mamani Quispe de las funciones que viene ejerciendo en representación del Distrito Nº 17. ARTICULO SEGUNDO.- Designar en el cargo de representante de Control Social del Distrito Nº 17 al suplente elegido por Asamblea de Distrito Sr. Florencio Jiménez Jiménez para que a partir de la fecha asuma la representación legal con todas las prerrogativas que le confiere la Construcción Política del Estado, la Ley 341 y su Reglamento. ARTÍCULO TERCERO.- Solicitar a las autoridades de las instituciones públicas y al Organismo de Participación y Control Social del municipio Autonómico de La Paz, proceda con el respectivo reconocimiento y acreditación legal” (sic [fs. 21 a 28]).

 

II.2.    Consta nota recepcionada el 6 de julio de 2022, dirigida a José Francisco Muñoz Mejía, Sub Alcalde del Macro Distrito San Antonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la cual Yerko Torrez Gutiérrez y Gonzalo Lazarte como Vicepresidente y Presidente de la Asociación Comunitaria Distrito 17 San Antonio del referido Macro Distrito, hicieron conocer a la nombrada autoridad edil, que en asamblea extraordinaria de 28 de junio del mismo año, se descoció a Néstor Rodin Mamani Quispe como titular de Control Social de su Distrito, adjuntando la Resolución emitida al efecto para su cumplimiento estricto (fs. 29).

II.3.    Cursa nota recibida el 6 de julio de 2022, dirigida al Alcalde Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitida por el Vicepresidente y Presidente de la Asociación Comunitaria Distrito 17 del Macro Distrito San Antonio; en la cual, se puso a conocimiento de la autoridad edil que, en asamblea extraordinaria de 28 de junio del mismo año, se descoció a Néstor Rodin Mamani Quispe como titular de Control Social de su Distrito, acompañando la Resolución emitida al efecto para su cumplimiento estricto (fs. 45). 

II.4.    Mediante nota recepcionada el 19 de julio de 2022, el Vicepresidente y Presidente de la Asociación Comunitaria Distrito 17 San Antonio, se dirigieron a Néstor Rodin Mamani Quispe; para comunicarle que, en asamblea extraordinaria de 28 de junio del mismo año, se lo desconoció para ejercer el cargo que desempeñaba como Control Social de ese Distrito (fs. 54).

II.5.    A través de nota recibida el 6 de julio de 2022, dirigida a Hiram Levi Alacama, Presidente Departamental de Control Social de La Paz; señalaron que, en asamblea extraordinaria de 28 de junio del mismo año, se desconoció a Néstor Rodin Mamani Quispe como titular de Control Social de su Distrito, acompañando la Resolución emitida al efecto para su cumplimiento estricto (fs. 67).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

Los accionantes acusan la vulneración del derecho a la participación y control social; toda vez que, en la Magna Asamblea de Presidentes de Juntas Vecinales del Distrito 17 del Macro distrito San Antonio de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, efectuada el 28 de junio de 2022, por conductas desleales se resolvió suspender a Néstor Rodin Mamani Quispe como Representante de Control Social del Distrito 17 y designar como su suplente a Florencio Jiménez Jiménez y asuma la representación legal con todas las prerrogativas legales conferidas; sin embargo, a pesar que al accionado Hiram Levin Alacama Mamani, Presidente Departamental de Control Social de La Paz, tuvo conocimiento de esa determinación, se negó a proceder con la acreditación legal del suplente elegido; aludiendo que, no existía una causal legal de suspensión; por otra parte, el accionado Néstor Rodin Mamani Quispe, conociendo las razones de la suspensión de sus funciones, continuó fungiendo como representante del Organismo de Participación y Control Social nombrado firmando y emitiendo actos administrativos en complicidad con servidores municipales, desconociendo una decisión soberana y democrática.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  Sobre la reconducción o conversión de acciones constitucionales

En relación al ámbito de aplicación de la conversión de acciones, la               SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo, estableció lo siguiente: “…en consideración a que la reconducción o conversión de acciones constitucionales se efectúa en favor del accionante, es menester fijar parámetros claros a efectos de su aplicación y a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales; en consecuencia, el razonamiento o doctrina constitucional precedentemente referido (reconducción o conversión de acciones) no opera ni es aplicable en todos los casos, sino que, dicha pauta de interpretación es de aplicación exclusiva y reservada para determinadas circunstancias y sujetos procesales en particular; es decir, si la justicia constitucional, a tiempo de examinar la acción de cumplimiento, advierte que el contenido de la demanda permite adecuar y reconducir a otra acción tutelar, además de constatar una evidente lesión de derechos, previamente deberá tener certeza y convicción que la protección constitucional que se pretende otorgar será favorable y beneficioso para grupos que requieren una protección constitucional reforzada; en efecto, si bien es cierto que el ser humano -en general- es vulnerable por su misma naturaleza mortal, no es menos evidente distinguir elementos o grupos más vulnerables que otros, precisamente porque tienen disminuidas sus capacidades para hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos y garantías, característica ésta que constituye una condición elemental para integrar a un colectivo en condiciones de clara desigualdad material en relación al colectivo mayoritario.

En el contexto anterior, el grado de vulnerabilidad de las personas depende de distintos factores, ya sean estos físicos, económicos, sociales y políticos, de ahí que surge la necesidad de identificar grupos en mayor grado de vulnerabilidad para adoptar medidas que mitiguen los efectos de las lesiones a sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales. Debiendo tomarse en cuenta el presente razonamiento efectos de la reconducción o reconversión de acciones” (las negrillas nos pertenecen). Dicho entendimiento fue asumido y reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0065/2020-S2, 0615/2021-S2, 0585/2022-S2, 0932/2022-S3, 0273/2022-S2, entre otras.

III.2.  Naturaleza jurídica de la acción popular.

El art. 135 de la CPE, establece: “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”.

Respecto al objeto de protección de la acción popular, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el ámbito de protección, no solo abarca los intereses y derechos colectivos, sino también los derechos difusos; e interpretando el art. 136.I de la CPE, se entendió que los derechos colectivos y difusos conforman una misma unidad, estando ambos dentro del ámbito de protección de esta acción tutelar; consiguientemente, la SCP 0821/2014 de 30 de abril, citando a la SC 1018/2011-R de 22 de junio, especificando los intereses y derechos protegidos por esta acción señala: “'a. Los intereses y derechos colectivos, los intereses y derechos difusos y los intereses de grupo. Los intereses colectivos y los difusos tienen varias similitudes: En ambos existe una pluralidad de personas y tienen como características el ser transindividuales e indivisibles, debido a que los intereses incumben a una colectividad y la lesión o satisfacción de uno de los interesados incumbe a los demás; sin embargo, se distinguen en que los colectivos son intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculación común; colectividad que, por ello, se encuentra claramente determinada; en tanto que son difusos los intereses cuya titularidad no descansa en un grupo o colectividad determinada, sino que se encuentran difundidos o diseminados entre todos los integrantes de una comunidad (OVALLE FAVELA, José, acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos, en similar sentido, SABSAY, Daniel Alberto, El «Amparo Colectivo»).

Así, por ejemplo, el derecho a la libre determinación y territorialidad, previsto en el art. 30.4) de la CPE, se constituye en un derecho colectivo, en tanto es titular del mismo una nación y pueblo indígena originario campesino; es decir, un grupo determinado cuyos miembros tienen una vinculación común. Diferente es el derecho al medio ambiente previsto en el art. 33 de la CPE, que se constituye en un derecho difuso, por cuanto la titularidad del mismo descansa en todas y cada una de las personas y, por lo mismo no existe un grupo o una colectividad claramente determinada.

La distinción efectuada, no es compartida por otro sector de la doctrina, que considera como sinónimos a los intereses difusos y colectivos, e inclusive, la legislación colombiana únicamente hace referencia a los derechos colectivos, entre los que se incluyen, claro está, a los intereses difusos.

Por su parte, en los intereses de grupo (o intereses individuales homogéneos) si bien existe una pluralidad de personas; empero, el interés que persigue cada una de ellas es individual, no colectivo ni difuso; es decir, se trata de derechos o intereses individuales que tienen un origen común, por ello han sido denominados como intereses accidentalmente colectivos. En los intereses de grupo, las personas demandan la satisfacción de sus intereses individuales para que se les reconozca el perjuicio ocasionado y se les pague la indemnización que corresponda; es más, puede alegarse lesión a derechos colectivos o difusos, empero, debe existir una afectación directa a sus intereses individuales. La suma de intereses individuales configura la llamada acción de grupo.

En ese sentido, por ejemplo, se pronunció la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia C-215/99, al señalar que «Las acciones de grupo o de clase (art. 88, inciso segundo, C.P.) …se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación y que a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue». En este caso, se trata de proteger intereses particulares de sectores específicos de la población (por ejemplo, consumidores), de ahí su denominación original de class action.

b. La protección de los derechos e intereses colectivos y difusos en nuestra Constitución Política del Estado.

Como se ha señalado la Constitución Política del Estado sostiene que la acción popular procede contra actos u omisiones que amenacen violar o violen derechos e intereses colectivos, sin hacer referencia a los intereses difusos; sin embargo dicha norma debe ser interpretada sistemáticamente y, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que el mismo art. 135 de la CPE, hace referencia, como derechos e intereses protegidos, al patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, los cuales, con base en la distinción efectuada en el punto anterior, son específicamente considerados difusos y no así colectivos.

Consiguientemente, a partir de una interpretación sistemática del art. 135 de la CPE, se debe concluir que la acción popular protege, además de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos -ambos contenidos bajo el nomen iuris «Derechos Colectivos» y, en ese sentido, cualquier persona perteneciente a colectividad o comunidad afectada puede presentar esta acción que, como su nombre indica, es popular.

Cabe aclarar que los intereses de grupo no encuentran protección en la acción popular, pues, como se tiene señalado, en esos casos no existe un interés común -colectivo ni difuso-, sino un interés individual que, en todo caso, podrá ser tutelado a través de la acción de amparo constitucional, previa unificación de la representación.

Asimismo, se debe hacer referencia a que la Constitución Política del Estado, a través de una cláusula abierta, permitirá la integración de otros derechos similares a partir del bloque de constitucionalidad y el Derecho Internacional de Derechos Humanos'”.

III.3.  La necesidad de probar la violación de los derechos e intereses colectivos o una grave amenaza a éstos, como presupuesto de procedencia de la acción popular

El art. 68 del CPCo, establece: “La Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas son violados o amenazados” (las negrillas son nuestras).

En ese orden, la SCP 0462/2012 de 4 de julio, haciendo referencia a la necesaria acreditación de la existencia de vulneración o amenaza actual de los derechos colectivos invocados como lesionados, para determinar la admisibilidad de la acción popular a partir de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y utilizando criterios contenidos en la                      SC 0365/2005-R de 13 de abril y la SC 0505/2005-R de 10 de mayo, establece que la presentación de prueba constituye un requisito de forma que debe ser cumplido por la parte accionante, al indicar: “Acompañar la prueba en que funda su acción o señalar el lugar en que se encuentra; estableciendo y reconociendo con ello que la carga de la prueba es inherente al accionante, puesto que el mismo no podrá optar por prescindir de la prueba que acredite los hechos denunciados y demuestren las vulneraciones cometidas, de tal manera que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida. Pudiendo además la jueza, juez o tribunal, al momento de disponer la citación de la persona o autoridad demandada ordenar a quien corresponda presentar la prueba señalada, bajo responsabilidad penal” (las negrillas son nuestras).

El razonamiento fue acogido en varios fallos constitucionales posteriores, ratificando que la acreditación de la amenaza grave de lesión de derechos colectivos o su restricción, debe estar necesariamente corroborada a través de medios probatorios. Así, la SCP 0240/2015-S1 de 26 de febrero, determina que: “….para la procedencia de la acción popular, además de lo razonado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, es necesaria la demostración objetiva en relación a que los actos asumidos por autoridades públicas o personas particulares, pongan en grave amenaza de violación los derechos e intereses colectivos, circunscritos al patrimonio público, el espacio público, la seguridad pública y humana, la salubridad pública, el medio ambiente, existencia y autodeterminación de los pueblos indígenas originarios campesinos, y acceso a servicios públicos; siendo necesario a dicho efecto, la presentación pertinente de la prueba que funda la acción, observando que en materia de acciones de tutela, la carga de la prueba le concierne al impetrante, quien debe adjuntar a dicho efecto, la prueba suficiente y necesaria que acredite la verosimilitud de sus denuncias, al tener por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que hubieran restringido sus derechos o garantías; requiriendo la jurisdicción constitucional de certidumbre para resolver el asunto compulsando los hechos impugnados en función a los elementos probatorios que los respalden…” (las negrillas nos pertenecen). Similar razonamiento fue asumido en la SCP 0475/2021-S3 de 13 de agosto.

Conforme a ello, el ejercicio de este mecanismo de protección constitucional tiene como finalidad el cese del peligro, la amenaza o vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o difusos, para que en caso de ser comprobada su vulneración se restituyan las cosas a su estado anterior cuando fuera posible; no obstante, es necesario que el accionante acredite la vulneración o lesión de los derechos colectivos o difusos argüidos; puesto que dicho aspecto constituye un criterio esencial de procedencia de la mencionada acción tutelar.

III.4.  Análisis del caso concreto

A través de la presente acción tutelar los accionantes denuncian la transgresión del derecho a la participación y control social; puesto que, el 28 de junio de 2022, la Magna Asamblea de Presidentes de Juntas Vecinales del Distrito 17 del Macro distrito San Antonio de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, decidió suspender a Néstor Rodin Mamani Quispe como Representante de Control Social del Distrito 17 y designar en su lugar a Florencio Jiménez Jiménez, para que como suplente asuma la representación legal con todas las prerrogativas conferidas por ley; a pesar de haberse hecho conocer este aspecto al accionado Hiram Levi Alacama Mamani en su calidad de Presidente Departamental de Control Social de La Paz, quien se negó a proceder con la acreditación legal del suplente elegido por la referida Asamblea, alegando la inexistencia de una causal para la suspensión del Representante titular; por otro lado, el accionado Néstor Rodin Mamani Quispe, continuó cumpliendo son las funciones de representante del Organismo de Participación y Control Social firmando y emitiendo actos administrativos en complicidad con servidores municipales; no obstante, de tener conocimiento de las razones de su suspensión, desconociendo en tal forma una determinación soberana y democrática.

De manera previa a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, resulta preciso aclarar que, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de oficio determinó la reconducción de la presente acción de defensa a la de amparo constitucional; en ese sentido, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien es posible la conversión de las acciones de defensa, cuando se advierta que los contenidos de la demanda presentada, se acomodan más a la tramitación de otra acción tutelar; sin embargo, la determinación se encuentra reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, personas con capacidades especiales o diferentes, personas adultos mayores, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades graves o terminales, entre otras, en la línea jurisprudencial emitida y reiterada por este Tribunal, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0065/2020-S2, 0615/2021-S2, 0585/2022-S2, 0932/2022-S3, 0273/2022-S2 y otras, en este sentido, la conversión de esta acción popular a una de amparo constitucional, realizada por la Sala Constitucional nombrada, no es viable en mérito a que, la figura de la reconducción de acciones conforme el entendimiento jurisprudencial desarrollado, opera a efectos de resguardar los derechos fundamentales de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad; condición que no reviste ni fue acreditada por los impetrantes de tutela, por ello no resulta conducente una conversión de oficio, en tal razón, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada mediante la acción popular, como la vía idónea para su respectivo examen.

Bajo este parámetro, y estando establecida la problemática planteada, corresponde puntualizar que la acción popular procede contra todo acto u omisión de las autoridades o personas individuales y colectivas que vulneren o amenacen con lesionar derechos colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza, de acuerdo a lo previsto por el art. 135 de la CPE; se trata de una acción principal y directa.

Dentro del marco del reclamo constitucional, alegado por la parte accionante, los argumentos plasmados se centran en manifestar que a través de Resolución 01/2022 de 28 de junio, la Magna Asamblea Extraordinaria de Presidentes de Juntas Vecinales del Distrito 17, del Macro Distrito 4 San Antonio del municipio de La Paz, resolvió la suspensión inmediata del Representante de Control Social del Distrito 17  Néstor Rodin Mamani y designar como suplente elegido por Asamblea de Distrito a Florencio Jiménez Jiménez (Conclusión II.1); determinación que fue comunicada al Sub Alcalde del Macro Distrito San Antonio y al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pidiendo sea cumplida (Conclusiones II.2 y II.3); a su vez, la Resolución señalada fue puesta en conocimiento de los accionados Néstor Rodin Mamani Quispe e Hiram Levi Alacama Mamani, para su cumplimiento estricto (Conclusiones II.4 y II.5); es ese sentido, se alude que a sabiendas que el nombrado Néstor Rodin Mamani Quispe perdió representatividad de la mayoría de los Presidentes de Juntas Vecinales del Distrito 17, las autoridades ediles nombradas rechazaron su solicitud de acreditar al suplente elegido, al igual que el accionado Hiram Levi Alacama Mamani, quien rechazo la acreditación pretendida, alegando que no se siguió un debido proceso, olvidando que su institución solo tiene facultad de acreditar y no elegir a un representante del Control Social de un Distrito; y que, Néstor Rodin Mamani Quispe en desconocimiento de una decisión soberana, sigue fungiendo como Control Social.

En tal contexto, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la acción popular es un medio de defensa que puede ser planteado por cualquier ciudadano por sí o en representación de una colectividad, buscando la tutela de un derecho colectivo o difuso, que hubiera sido restringido o amenazado, por autoridades, personas naturales o jurídicas; empero, según estableció la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.3, para su admisibilidad resulta ineludible la demostración objetiva que los actos asumidos por autoridades públicas o personas particulares, pongan en grave amenaza de violación derechos e intereses colectivos; en ese entendido, si bien los impetrantes de tutela, identificaron el derecho a la participación y control social como derecho vulnerado, no  lograron acreditar como el mismo se encuentra restringido o amenazado a partir del rechazo de acreditación aludida; es decir, no se logra demostrar la afectación a un derecho colectivo, pues de la relación a los argumentos vertidos por la parte accionante, es posible concluir que a través de esta vía constitucional, se pretende se establezca la titularidad del Representante de Control Social del Distrito 17 del Macro Distrito San Antonio de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; aspecto que, no puede ser dilucidado ni abordado a través de la acción popular, que cuenta con otra naturaleza conforme se señaló precedentemente.

En mérito a lo expresado y bajo el razonamiento que la problemática expuesta y la pretensión constitucional, no pueden ser resueltas mediante la acción popular, concierne a esta Sala denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder parcialmente la tutela solicitada, no actuó de forma correcta, al desconocer los alcances y la naturaleza jurídica de la acción popular.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 303/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 325 a 333 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos precedentemente anotados.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO