SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2025-S1

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, defensa y al debido proceso; puesto que, habiendo solicitado se conceda mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de la condena de tres años y once meses, la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la capital del departamento de Santa Cruz, condicionó la emisión del referido mandamiento previa notificación a la víctima con la sentencia condenatoria dictada.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la               SC 1579/2004-R de 1 de octubre^[1], efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril^[2], se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos                              SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2.  El principio de celeridad en las actuaciones procesales

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:

En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).

Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R^[3] de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero.

Posteriormente, la SC 0953/2015-S3^[4] de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.

III.3.   Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, defensa y al debido proceso; puesto que habiendo solicitado se conceda mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de la condena de tres años y once meses impuesta, la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, condicionó la emisión del referido mandamiento, previa notificación a la víctima con la sentencia condenatoria dictada.

De los antecedentes del caso, se verifica que el accionante se acogió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, dictándose en su contra la Sentencia de 22 de julio de 2022, que le impuso una pena de tres (3) años y once (11) meses de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola, en el departamento de Santa Cruz, la cual ya ha sido cumplida en su totalidad.

Conforme a la certificación de permanencia y conducta de 20 de julio de 2022, emitida por la Dirección del Establecimiento Penitenciario “Centro de Rehabilitación Santa Cruz”, se acredita que Gabriel Surubi Paesano ha permanecido en reclusión por tres años, diez meses y veintiséis días (Conclusión II.1). En consecuencia, en el mes de agosto de ese mismo año, presentó en dos oportunidades la solicitud de mandamiento de libertad, al haber cumplido la pena impuesta (Conclusión II.2 y II.3).

En virtud de ello, solicitó la emisión del mandamiento de libertad, respaldando su petición con el certificado de permanencia obrante en el Expediente 310/19; no obstante, la Jueza demandada, conforme lo señaló en su informe escrito, mediante proveído de 12 de agosto de 2022, dispuso que antes de conceder dicha solicitud, debía cumplirse con la notificación ordenada a la víctima en la referida Sentencia dictada el 22 de julio de igual año a los fines de su ejecutoría, decisión que mantuvo a la segunda petición de 18 de agosto del mismo año presentada por el hoy impetrante de tutela, sin considerar que el prenombrado llevaba más de cuatro años privado de libertad, superando el tiempo de condena fijado en sentencia judicial.

Por otro lado, el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) establece que una vez cumplida la pena, concedida la libertad condicional o cesada la detención preventiva, el interno debe ser liberado el mismo día, sin necesidad de trámite alguno. Esta disposición garantiza que la libertad no dependa de formalidades que puedan generar demoras indebidas.

Asimismo, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional reafirma que cualquier trámite vinculado a la libertad debe resolverse con celeridad, ya que constituye un elemento esencial del debido proceso. En este sentido, las autoridades judiciales tienen el deber de actuar sin dilaciones indebidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

En el presente caso, el accionante cumplió íntegramente la pena de tres años y once meses impuesta en su contra y presentó el certificado de permanencia que acreditaba su reclusión en el Centro Penitenciario de Palmasola. No obstante, a

CORRESPONDE A LA SCP 0082/2025-S1 (viene de la pág. 7).

pesar de haber cumplido su condena, la Jueza demandada condicionó su liberación a la notificación previa de la víctima con la Sentencia, lo que prolongó indebidamente su privación de libertad, puesto que conforme la normativa señalada, la liberación de un interno no puede supeditarse a trámites administrativos o actos procesales de comunicación ajenos a su responsabilidad. La notificación a la víctima es un procedimiento independiente que no puede retrasar la efectivización del derecho a la libertad.

Esta omisión generó una retención arbitraria del accionante, quien pese a haber cumplido su condena, permaneció privado de libertad por más tiempo que la imposición de su condena. Esta situación vulnera su derecho fundamental a la libertad, que no sólo puede originarse en una decisión judicial ilegítima, sino también en una demora injustificada en su ejecución.

En este contexto, la exigencia de notificación previa constituyó una dilación innecesaria y contraria al art. 39 de la LEPS, que ordena la liberación inmediata tras el cumplimiento de la pena. La demora en la tramitación de la solicitud transgredió el principio de celeridad y privó indebidamente de su libertad al accionante, afectando gravemente el debido proceso y el derecho a la defensa.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.