SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0190/2025-S3

Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la petición y la libertad, considerando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de “lesiones leves”, pese haber presentado, memorial de justificación de inasistencia para prestar su declaración informativa y solicitado nuevo señalamiento de audiencia, la Fiscal de Materia demandada, luego de haber transcurrido cinco días, ordenó su aprehensión, en lugar de responder su solicitud de nueva fecha para presentar su declaración informativa.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La oportunidad procesal para retiro y desistimiento de la acción de libertad

En relación a la oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, la SCP 0103/2012 de 23 de abril^[1], recoge en el Fundamento Jurídico III.2.2 el precedente constitucional relativo a que el retiro de la demanda de la acción de libertad únicamente puede ser presentada hasta antes del señalamiento de día y hora de audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas:

a)     [D]e orden procesal. Existe mandato constitucional expreso, respeto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.

b)     De orden sustantivo. La norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandato expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no con un fin en sí mismo, sino en razón de que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además en sus derechos en su dimensión objetiva,, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.

Por lo que la citada SCP 0103/2012, entendió que pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado.

III.2.  La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero^[2], sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo^[3], señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.

Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril^[4], ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo^[5].

Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril^[6], puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo^[7] sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, que en materia penal, se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.