SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0324/2025-S3

El impetrante de tutela, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que, se encuentra privado de libertad en la Carceleta Provincial de Patacamaya de La Paz, desde el 22 de febrero de 2022, habiendo ingresado con detención preventiva solo por tres meses; por lo que, posteriormente solicitó cesación a la detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 1051/2022 de 12 de octubre que determina otras medidas de imposible cumplimiento, motivo por el que interpuso apelación incidental, conforme establece el art. 251 de CPP; sin embargo, pasaron doce días hábiles y a pesar de realizar reclamos día tras día en el juzgado, no se transcribió la resolución antes referida y menos aún remitieron los antecedentes procesales ante el Tribunal de Alzada, ocasionando una dilación indebida.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante 

El art. 232 de la Norma Suprema, en cuanto a los servidores públicos prevé lo siguiente: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”.

La SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos” (las negrillas son nuestras). Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En esta misma línea, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante de su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley” (el resaltado nos corresponde). Por lo que, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad y la funcionaria judicial demandadas a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, y cuidando que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público.

III.2.  De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

           A través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, el Tribunal Constitucional estableció que la finalidad del hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, es “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

           En ese mismo sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.3.  De la apelación incidental y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada

Sobre esta temática, la SCP 0503/2019-S1 de 9 de julio, reiterando los fundamentos de la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, señala: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares.

La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: ‘El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones.

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días). De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas’ (criterio asumido por la SC 0385/2005- R de 18 de abril, entre otras)” (las negrillas nos pertenecen).

III.4.   Análisis del caso concreto

El accionante alegó la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que, se encuentra privado de libertad en la Carceleta Provincial de Patacamaya de La Paz, desde el 22 de febrero de 2022, habiendo ingresado con detención preventiva solo por tres meses; por lo que, posteriormente solicitó cesación a la detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 1051/2022 de 12 de octubre que determina otras medidas de imposible cumplimiento, motivo por el que interpuso apelación incidental, conforme establece el art. 251 de CPP; sin embargo, pasaron doce días hábiles y a pesar de realizar reclamos día tras día en el juzgado, no se transcribió la resolución antes referida y menos aún remitieron los antecedentes procesales ante el Tribunal de Alzada, ocasionando una dilación indebida.

En la problemática planteada, conforme a los antecedentes que motivaron la interposición de esta acción de defensa, resulta evidente el incumplimiento de los plazos establecidos por ley, como la transcripción del Auto Interlocutorio 1051/2022 de 12 de octubre que resuelve la solicitud antes mencionada y la remisión efectiva y eficaz del recurso de apelación incidental de medida cautelar por parte de los demandados, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional.

Por lo que, se evidenció que los demandados demoraron indebidamente en el cumplimiento de la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Alzada, obviando cumplir sus obligaciones con responsabilidad, celeridad y diligencia en el procesamiento de las solicitudes puestas a su conocimiento, en especial si se encuentra involucrado el derecho a la libertad resultando en la vulneración de los aducidos derechos, aspecto que conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que desarrolla el entendimiento jurisprudencial en relación a la finalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tendiente a acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas cuando se encuentran vinculados con el derecho a la libertad física o personal, debiendo los administradores de justicia cumplir con los plazos previstos en la norma, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Ley Fundamental, en el sentido de que la administración de justicia se rige por los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de derechos y garantías de los sujetos procesales, determinando la activación de la presente acción tutelar, debiendo concederse la tutela solicitada.

Asimismo, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando los servidores públicos no presentan el informe exigido por la Norma Suprema con la prueba necesaria y suficiente ante el Juez, Tribunal de garantías o Sala Constitucional, ni asisten a la audiencia de consideración de una acción de defensa presentada para desvirtuar la acción tutelar planteada su contra, se presume como ciertos los hechos denunciados, tal como sucede en el presente caso; en el que, ninguno de los funcionarios públicos demandados –Juez y Secretaria-, presentaron informe escrito o asistieron a la audiencia, pese a su legal citación, consintiendo tácitamente lo afirmado por el accionante y generándole responsabilidad por su condición de funcionario o servidor público.

Así también, en audiencia pública el Juez de Garantías, a través de las preguntas vertidas a la defensora del accionante, estableció otra omisión procesal de parte de los demandados, el no haberse efectuado la audiencia para la consideración de la situación jurídica procesal del accionante, señalada por el juez suplente el día de audiencia de medidas cautelares, que hasta la fecha tampoco se regularizó.

Finalmente, teniéndose por ciertos los hechos alegados por la parte accionante, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, por la dilación en la transcripción del Auto Interlocutorio 1051/2022 de 12 de octubre y remisión por apelación del legajo procesal al superior en grado; en ese sentido, es imperante otorgar la tutela en favor del accionante.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.