SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1099/2000-R

CONSIDERANDO: Que por memorial cursante a fs. 105 a 108 de obrados, presentado el 5 de octubre de 2000, los recurrentes se apersonan como representantes legales de CIENSA LTDA. como persona natural y perito designado dentro del proceso arbitral, respectivamente, manifestando que CIENSA LTDA. contrató con el Comando General de Ejército la provisión de botas de combate entregadas a satisfacción, sin embargo, de ello el Comando General del Ejército no cumplió con la  obligación de pago, que debió efectuarse el 13 de junio de 1997. De este modo se inició la demanda arbitral contra el Comandante General de Ejército, en el que quedó Jaime Villalobos de Ávila como Juez Arbitro único de ambas partes a propuesta de CIENSA LTDA., quien emitió el laudo arbitral el 4 de octubre de 1999, que declara probada la demanda y ordena el pago de la suma de Bs. 938.375, más daños, perjuicios e intereses. Luego, por auto arbitral de 12 de octubre de 1999, complementario al laudo, el árbitro dispuso que para la determinación de los intereses daños y perjuicios, se requería el concurso de personas que conozcan los parámetros que permitían fijar los mismos; de esta forma CIENSA LTDA., designó como perito al Lic. René Crespo Morató, mientras el Comando General del Ejército jamás designó al suyo. Se aclara que dictado el laudo arbitral y el auto complementario se pagó a CIENSA LTDA. el capital adeudado, dejándose establecido que no se renunciaba al cobro de intereses, daños y perjuicios.

Refieren que el perito (co-recurrente) evacuó su informe, aplicando las tasas de interés que rigen para el sistema bancario, cumpliendo así la exigencia del art. 798 del Código de Comercio, el que fue corrido en traslado al Comando General del Ejército, que no formuló observación alguna a las tasas de interés ni presentó otra pericia, motivo por el que CIENSA LTDA. solicitó la aprobación del informe pericial, sin embargo, el Juez Árbitro, actuando de oficio, rechazó este informe, determinando que el cálculo mencionado debía efectuarse de conformidad al art. 411 del Código Civil. Al considerar  esta determinación ilegal, se pidió al Juez recurrido explicación, complementación y enmienda, pero esta autoridad mantuvo su decisión, persistiendo en el injusto rechazo del criterio pericial, atentando contra la cosa juzgada y las leyes comerciales de preferente aplicación en causas de comercio, en cuyo mérito demandan de Amparo Constitucional contra el Juez Arbitro Jaime Villalobos de Ávila, para que en respeto de la cosa juzgada (laudo arbitral) y el auto complementario de 12 de octubre de 1999, se ordene al recurrido apruebe el informe pericial en aplicación de los arts. 798 y 799 del Código de Comercio, por mandato del art. 54 de la Ley Nº 1770, deje sin efecto la orden que dispone que la pericia se sujete al art. 411 del Código Civil y como consecuencia apruebe el informe pericial no observado por el Comando General del Ejército y se disponga que al árbitro demandado ocurra al auxilio judicial a tercero día de que se pague lo que aún se adeuda a CIENSA LTDA.

Por su parte, la autoridad recurrida a través de su informe escrito cursante de fs. 115 a 119, leído en audiencia señaló que, en el recurso interpuesto no se señalan cuáles son los derechos y garantías que hubiesen sido restringidos, suprimidos o amenazados, conforme el art. 19 de la Constitución Política del Estado. Por otra parte, manifiesta que el Amparo Constitucional se concede siempre que no hubiera otro medio o recurso legal, lo que no ocurría en el caso de autos. Añade que el rechazo de la pericia que motiva la demanda no constituye un acto ilegal  u omisión indebida, porque como árbitro no está obligado a seguir el parecer de los peritos, en aplicación del art. 1333 del Código Civil, aclarando que el objeto de la controversia es un contrato circunstancial y eventual para la adquisición de botas de combate, sujeta a la previsiones del Código Civil y al no prever el contrato el pago de interés convencional correspondía  aplicar el interés legal según lo dispone el art. 411 del citado Código Civil, por lo que no existe trasgresión de los arts. 798 y 799 del Código de Comercio, aplicables a situaciones completamente diferentes. Aclara que el rechazo a la pericia no modifica el laudo arbitral, pues no se ha denegado el pago de intereses, daños y perjuicios, simplemente no se acepta el informe pericial en lo que se refiere a los intereses, por no ajustarse a los términos del contrato ni del laudo arbitral.

1.   Que dentro del proceso arbitral interpuesto por CIENSA LTDA., representada por José Alberto Khek P. contra el Comando Departamental del Ejército representado por el Gral. de Div. Gonzalo Arredondo Millán, se dictó el laudo arbitral de 4 de octubre de 1999, que declara probada la demanda y  ordena al Comando General de Ejército cancele a tercero día el saldo adeudado de novecientos treinta y ocho mil trescientos setenta y cinco 00/100 bolivianos, bajo conminatoria de ley. Respecto al pago de intereses, daños, perjuicios y otros demandados por CIENSA LTDA. dispone que los mismos sean determinados a través de peritos a ser designados en ejecución del laudo y con arreglo al art. 48 de la Ley Nº 1770 (fs. 14-21).

3.   Que el recurrido por decreto de 11 de julio de 2000, a efecto de la ejecución del laudo da por designado al perito ofrecido por CIENSA LTDA., disponiendo que la parte contraria designe al suyo dentro de tercero día, bajo conminatoria de tenerse por perito común al designado por el actor (fs. 27 vta.).

5.   Que el recurrido, por auto de 8 de septiembre de 2000, rechaza el informe pericial del perito común designado por CIENSA LTDA. disponiendo que el mismo se sujete al art. 411 del Código Civil (89 -90), rechazo considerado ilegal por los recurrentes por lo que interponen el Recurso que se revisa (fs 105-109).

CONSIDERANDO: La ley Nº 1770 establece la normativa jurídica del arbitraje y la conciliación como medio alternativo de soluciones de controversias que facultativamente pueden adoptar los sujetos jurídicos antes de someter sus litigios a los tribunales ordinarios, que  concluye con la resolución final o laudo, que tomando en cuenta las pretensiones de las partes, resuelve los conflictos, con valor de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, siendo obligatoria y de inexcusable cumplimiento. Que de acuerdo al art. 61 de la mencionada Ley, éste Tribunal cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales que incluyen los actos relativos a la enmienda, complementación, aclaración y declaración de ejecutoria del laudo.

Que en el caso de autos, si bien la suma adeudada ha sido cancelada por el Comando General del Ejército, ha quedado pendiente el pago de los intereses daños y perjuicios demandados por CIENSA LTDA, los que constituyen parte integral de la controversia y por tanto deben ser resueltos  por el Juez Arbitro en ejecución del laudo, lo contrario implicaría que la solución de la controversia en la vía arbitral sea sólo parcial.

Que el art. 798 del Código de Comercio establece que los intereses corrientes y moratorios en un negocio comercial en el cual tenga por contraprestación el pago de un rédito por el capital prestado y en cuyo contrato se haya omitido especificar el interés, éste será el bancario corriente, según la naturaleza de la operación y el art. 799 dispone que el acreedor podrá exigir intereses de los suministros o ventas que haga al fiado; ambos  acusados por el recurrente de haber sido violados, no son aplicables al caso de autos porque no se trata de un capital prestado sino de una provisión de botas de combate a un precio y plazo convenidos, ni es una venta al fiado. Por su parte, el art. 411 del Código Civil prescribe que a falta de estipulación de intereses se aplicará el interés legal del 6% anual señalado en el art. 414 del mismo cuerpo de leyes.

CONSIDERANDO: Que en consecuencia, el Juez Arbitro al rechazar el informe pericial actuó con plena competencia y en estricta observancia de lo dispuesto por los arts. 39-II de la Ley Nº 1770, 1333 del Código Civil y 441 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo cometido acto ilegal alguno que amerite la interposición del presente Recurso.