SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1224/01-R

Considerando: Que el  recurrente  en su demanda de 20 de septiembre de 2001,  cursante de fs. 15 a 17  de obrados, manifiesta que los recurridos arrogándose facultades privativas del Tribunal de Honor, usurpando funciones que no les competen, sin previo proceso y coartando sus derechos a la defensa y al trabajo declaran su "muerte civil" y la de su familia, al privarle arbitrariamente de su única fuente de ingresos, mediante una "sui-generis", Resolución de 12 de febrero de 2001, por la cual disponen la suspensión de su condición de socio afiliado al Sindicato, así como del servicio de transporte que presta su vehículo en la Línea 7 entre Quillacollo y Cochabamba, como venganza y represalia por haber formado parte de la Comisión Revisora del manejo económico de la gestión 1999-2000, que determinó múltiples irregularidades cometidas por los demandados.

Refiere que apelada la ilegal Resolución, el Tribunal de Honor previa compulsa de los antecedentes, al establecer flagrantes violaciones a los arts. 17 y 18 del Estatuto  la revoca mediante la Resolución de 24 de marzo de 2001, dejando sin efecto su suspensión y la de su vehículo, disponiendo que previamente se le instaure un proceso ante dicho Tribunal; no obstante ello los recurridos se resisten a dar cumplimiento a lo expresamente determinado, prohibiéndole  participar en actividades del Sindicato.

Concluye manifestando que al no existir otro medio o recurso legal para la protección inmediata de sus derechos vulnerados interpone Amparo Constitucional solicitando se lo declare procedente y se le restituya inmediatamente su condición de socio afiliado al Sindicato y el servicio público de su vehículo  en la Línea 7, con costas, daños y perjuicios.

1.   El recurrente es socio del Sindicato Mixto de Transportistas Línea 7, "Nuestra Señora de Urkupiña" (fs. 1) a quien los recurridos le comunicaron mediante oficio de 12 de febrero de 2001 que el Directorio había resuelto desconocer su calidad de afiliado del Sindicato, por no haber presentado la documentación legal de su vehículo (fs. 4), determinación que es apelada ante el Tribunal de Honor según consta en el oficio de 14 de febrero, organismo que le responde mediante oficio de 28 de febrero de 2001 en sentido de que no es afiliado de la institución por no haber cumplido con lo preceptuado por el art. 40 de sus Estatutos (fs. 31-33).

2.   No obstante, el nuevo Tribunal de Honor compuesto por otros miembros, emite la Resolución de 24 de marzo de 2001 revocando y dejando sin efecto la determinación de 12 de febrero y dispone que previamente se instaure proceso interno al recurrente David Ramiro Heredia. Por otra parte, según consta en el Libro de Actas del Sindicato, el Tribunal de Honor solicitó al Directorio del Sindicato, mediante nota de 30 de junio de 2001, la documentación que avale la expulsión del recurrente, siendo la respuesta del Directorio que este es un "caso definitivo y cerrado" y cualquier aclaración sería realizada en asamblea ordinaria (fs. 43). A su vez la Asamblea de Socios resolvió de la misma manera que el Directorio, como consta en el acta mencionada.

            Que de todo lo expuesto se infiere que los recurridos se resisten a someter a proceso interno al recurrente por los supuestos hechos que hubieran vulnerado los Estatutos del Sindicato, incurriendo así en una indebida omisión y acto ilegal que atentan contra el principio constitucional del debido proceso, aplicable a toda circunstancia en la cual la persona sea sancionada sin haber sido sometido previamente a proceso.

            CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el art. 19 de la Constitución Política del Estado, el Recurso de Amparo procede contra los actos ilegales u omisiones indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidos por la Constitución y las leyes siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de tales derechos. Que en el presente caso al negarle la calidad de socio del Sindicato al recurrente, se ha vulnerado el Estatuto Orgánico del Sindicato Mixto de Transportistas Línea 7 "Nuestra Señora de Urkupiña" , aprobado por R.S. N° 213712 de 18 de marzo de 1994 por cuanto los Secretarios General y de Relaciones no tienen atribuciones para desconocer la calidad de afiliado a sus socios, ya que el juzgamiento de los mismos corresponde más bien al Tribunal de Honor, según disponen los arts. 17, 18 y 38 del indicado Estatuto, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.