SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1452/2002-R

En la demanda presentada el 17 de octubre de 2002 (fs. 54 a 56), el recurrente   aduce que desempeñó el cargo de Gerente General de la empresa verificadora Inspectorate Griffith (Bolivia) Ltda., mediante contrato de servicios suscrito con el Gobierno de Bolivia y en esa condición fue notificado con un mandamiento de comparendo expedido por el Fiscal recurrido, para que preste su declaración informativa en el caso denominado “Importador”.

Alega que habiéndose constituido la abogada de la empresa que representa ante el Investigador asignado al caso, el Fiscal demandado, actuando con prepotencia, prohibió se le faciliten los antecedentes, argumentando que los cuadernos de investigaciones en materia aduanera son secretos. Pese a ello, el 10 de octubre se presentó a prestar su declaración informativa, y como la investigación tenía connotaciones técnico-operativas, pidió un cuarto intermedio para recabar documentación de la empresa y entregar todos los elementos de juicio, lo que fue aceptado por el Fiscal que lo citó para el 11 del mismo mes, empero ese día, sin terminar su declaración ni firmarla, la autoridad del Ministerio Público, emitió imputación formal en su contra por la supuesta comisión de los delitos de defraudación y falsedad aduaneras, siendo que tales tipos penales son imputables, el primero, sólo al importador, y el segundo, a los servidores públicos y no a la empresa verificadora ni a su persona que es funcionario ejecutivo de la misma.