SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 317/2002-R

CONSIDERANDO: Que en la demanda presentada el 15 de febrero de 2002, de fs. 17 a 18, el recurrente expresa que dentro del procedimiento especial de cobro de impuestos contra la ex empresa Satobol S.R.L. del cual su persona era el representante legal, la entidad recurrida dispuso su arraigo basado en el art. 308-5) del Código Tributario; medida que si bien está contemplada en esa normativa, viola el derecho a la libre locomoción consagrado en el art. 7-g) de la Constitución Política del Estado, y desconoce lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 1602 que suprimió toda forma de apremio o arraigo por obligaciones patrimoniales, en concordancia con los arts. 11 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 7 del Pacto de San José de Costa Rica.

A su turno, el apoderado de la autoridad recurrida informó de fs. 23 a 24 que la Dirección Distrital de Impuestos Internos no ha actuado de modo inconstitucional, ya que el art. 6 de la Ley 1602 deja sin efecto el apremio corporal que es totalmente diferente al arraigo, quedando subsistente esta última medida, más aún si el precepto contenido en el Código Tributario no ha sido derogado ni abrogado por otra norma de igual o superior jerarquía. Que el trámite del recurrente data de hace varios años, en los que jamás ha observado que su arraigo estuviera violando su derecho a la libre locomoción y esta situación recién surge para sacar ventaja de lo resuelto en el caso de los hermanos Fernández. Por lo expuesto, pide se declare la improcedencia del recurso.

CONSIDERANDO: Que las Sentencias Constitucionales 823/01-R y 1336/01-R, entre otras, han establecido que el arraigo contemplado en el art. 308-5) del Código Tributario, al ser una medida cautelar restrictiva de la libertad personal, ha quedado sin efecto juntamente con el apremio, a consecuencia de la reforma introducida al Código Tributario por el art. 13 de la Ley 1602.