SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1851/2004-R

Los  recurrentes afirman que la autoridad demandada vulneró sus derechos a la seguridad jurídica, debido proceso, presunción de inocencia y principio de legalidad, al haber dictado Sentencia condenatoria en su contra imponiéndoles la pena de tres años y seis meses de privación de libertad por la comisión de los delitos de despojo y perturbación de posesión, omitiendo la fundamentación legal, ni haber valorado debidamente las pruebas aportadas por el querellante ni advertir que actuó sin personería jurídica, lo que constituye un procesamiento indebido que puede ocasionar sean perseguidos y detenidos en cualquier momento, solicitando a través de este recurso le sean restablecidos sus derechos, sin que sea un obstáculo procesal el que se encuentre en trámite el recurso de apelación que han interpuesto contra la sentencia cuestionada. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la CPE.