SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1082/2004-R

III.2. En la problemática planteada, de los antecedentes que informan el cuaderno procesal, se establece que el actor fue sometido a un proceso de asistencia familiar en el que voluntariamente acordó pagar Bs150.- mensual y a comprar útiles escolares y ropa en dos ocasiones en favor de su hijo, habiendo sido este compromiso homologado por la Jueza recurrida, quien ante su incumplimiento en el pago oportuno de dicha asistencia, ordenó la liquidación de la pensión devengada alcanzando al monto de Bs1.650.- y al no existir observación a la planilla elaborada, la aprobó por Auto de 7 de febrero de 2004 ordenando su pago a tercero día. Como quiera que el actor no canceló la indicada suma, a petición de parte ordenó se libre dos mandamientos de apremio en contra del actor, el último con facultad de allanamiento.

En consecuencia, el recurrente no está siendo objeto de una persecución indebida ni tampoco de un indebido proceso, por cuanto de lo explicado, se infiere que fue parte de una debida demanda de asistencia familiar en la que la Juzgadora recurrida en correcta aplicación de los arts. 436 del CF, 70 de la LAPCAF y 11 de la Ley de Abolición de Prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales (LAPACOP), ordenó el cumplimiento de las pensiones devengadas y emitió los respectivos mandamientos de apremio; pretendiendo el actor ilegalmente utilizar este recurso para eludir el cumplimiento de su obligación, sin tener en cuenta que ésta se encuentra vinculada a derechos fundamentales, cuyo titular es un menor de edad, a quien el art. 193 de la CPE y demás leyes, le otorgan especial protección, conforme ha entendido este Tribunal en la SC 436/2003`-R, de 7 de abril.