no existe ningún argumento jurídico que sustente
En el caso que nos ocupa no existe ningún argumento jurídico que sustente que el Juez de Partido de Familia de Sucre, Javier M. Alcoba Frías, al no habérsele notificado con el decreto admisorio de demanda de 30 de julio de 1999, hubiese usurpado funciones que no son de su competencia o ejercido jurisdicción o potestad no emanada de la ley.
El argumento expuesto por el recurrente referido a que la forma de tramitar no es la correcta porque no se le notificó con el decreto admisorio de demanda de 30 de julio de 1999, y otros actos procesales supuestamente irregulares o ilegales, no corresponden ni son pertinentes al recurso planteado, teniendo en cuenta que este recurso de conformidad a lo dispuesto por el art. 79 de la LTC, procede en dos supuestos jurídicos: 1) Cuando la autoridad recurrida usurpa funciones que no le competen, esto es, cuando ejerza una función sin tener título o causa legítima, ejerciendo una función que le está reconocida a otra autoridad o funcionario o estándole reconocido a él, ya expiró su periodo de funciones o esté suspendido del ejercicio de sus funciones por algún motivo legal o, 2) Cuando ejerza jurisdicción o potestad no asignada por la Constitución o la ley; debiendo entenderse por tal, el que una persona o funcionario asuma su jurisdicción o ejerza una competencia que no le ha sido asignada por el ordenamiento jurídico, es decir, ejerza una función inexistente o que no le corresponde, extremo que no acontece en el caso que nos ocupa, porque no existe argumento jurídico alguno respecto a la usurpación de funciones de la autoridad recurrida o el ejercicio de jurisdicción o potestad no asignada por la Constitución o la ley.