SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0707/2007-R

Sucre, 14 de agosto de 2007

Expediente: 2006-16327-33-RHC

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Silvia Salame Farjat

En revisión la Resolución de 7 de julio de 2007, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Félix Álvarez Oliva contra Julio Nelson Alba Flores y Andrés Adhemar Rueda Esquivel, Jueces Técnicos del Tribunal Quinto de Sentencia; Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza Decimosegunda de Instrucción en lo Penal, todos del mismo Distrito Judicial y Wálter Muñoz Suárez, Fiscal de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Santa Cruz, alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica y a la libre locomoción, consagrados en los arts. 7 incs. a) y h) de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Por memorial presentado el 6 de julio de 2007, cursante de fs. 7 a 9, el recurrente asevera que el 18 de septiembre de 2006, fue aprehendido por Samuel Soliz Adaos sin ninguna orden y sin que exista flagrancia, ni denuncia, por un hecho que sucedió en junio, respecto al robo de una motocicleta; detención ilegal que fue convalidada por un funcionario policial de Radio Patrulla 110, quien lo condujo a las oficinas de DIPROVE, siendo puesto a disposición del Fiscal, “Alvaro Tórre” quien sin subsanar la irregular detención, lo presentó ante la Jueza Duodécima de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Santa Cruz recurrida, quien convalidó los actos, por lo que se encuentra detenido en la cárcel de Palmasola desde hace nueve meses.

Posteriormente le notificaron con la acusación, siendo radicada en el Tribunal Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, sin que los Jueces Técnicos recurridos advirtieran las ilegalidades, toda vez que en la imputación no existen las pruebas documentales, la citación, ni el mandamiento de aprehensión, pese a su obligación de observar que no existan vicios en el proceso, lo que implica que se encuentra detenido sin que ninguna autoridad corrija las anomalías denunciadas, por lo que invocando la SC “0976/05-R” de 18 de agosto, interpone el presente recurso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El recurrente alega la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica y a la libre locomoción, consagrados en los arts. 7 incs. a) y h) de la CPE.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo expuesto, interpone recurso de hábeas corpus contra Julio Nelson Alba Flores y Andrés Adhemar Rueda Esquivel, Jueces Técnicos del Tribunal Quinto de Sentencia; Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza Decimosegunda de Instrucción en lo Penal, todos del Distrito Judicial de Santa Cruz y Wálter Muñoz Suárez, Fiscal de DIPROVE de Santa Cruz; impetrando se declare procedente, por ende que se disponga la nulidad de los obrados y se guarden las formalidades previstas por el art. 9 de la CPE.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de hábeas corpus

Efectuada la audiencia el 7 de julio de 2007, con la presencia de la parte recurrente y del Fiscal recurrido, y en ausencia de las demás autoridades así como del representante del Ministerio Público, conforme consta en el acta cursante de fs. 26 a 27, se suscitaron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación del recurso

La parte recurrente ratificó la demanda, solicitando su inmediata libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

El Fiscal recurrido informó que en septiembre de 2006, el recurrente fue imputado por el Fiscal, Álvaro La Torre Zurita, asumiendo la dirección funcional de la investigación por orden del Fiscal de Distrito, sin que el imputado haya hecho uso de los medios legales que tenía en su oportunidad, como apelar del auto de detención preventiva o hacer conocer al Juez cautelar las irregularidades que se habrían cometido, por lo que en observancia de la SC 0160/2005-R impetró la improcedencia del recurso.

La Jueza Decimosegunda de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Santa Cruz recurrida, de fs. 13 a 14 informó que la audiencia de medida cautelar donde se resolvió la situación del recurrente y otro, por los delitos de robo agravado y receptación, se desarrolló sin desconocer las normas de orden público, actuación en la cual la defensa no denunció ninguna ilegalidad en su aprehensión, para que en aplicación del art. 54 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP) subsane los actos ilegales en los que se hubiera incurrido; tampoco interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP.

Agregó que el recurrente después de haber transcurrido casi diez meses desde su detención, recién denuncia una aprehensión ilegal, pese a haber tenido en su oportunidad los medios necesarios y eficaces para hacer valer su derecho; por lo que en virtud a la línea establecida en la SC 0160/2005-R, solicitó la improcedencia del recurso.

Los Jueces Técnicos correcurridos no comparecieron a la audiencia ni presentaron el respectivo informe pese a su legal citación (fs. 12).

I.2.3. Resolución

La Resolución de 7 de julio de 2007, cursante de fs. 27 a 28 vta., declaró improcedente el recurso, con los siguientes argumentos:

a) Los supuestos actos ilegales que dieron lugar a la privación de libertad del recurrente, se produjeron casi un año atrás, resultando extemporáneo el reclamo.

b) No se tiene evidencia que con carácter previo, el recurrente haya agotado los recursos y medios legales impugnativos ordinarios, antes de acudir a la vía constitucional, pues no se hizo conocer a la Jueza cautelar sobre la presunta aprehensión ilegal, ni la inexistencia de flagrancia o de mandamiento de aprehensión; menos se empleó el recurso de apelación y tampoco se hizo el reclamo ante los Jueces que actualmente conocen del proceso.

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis de antecedentes, se establecen las conclusiones siguientes:

II.1. Por requerimiento de 19 de septiembre de 2006 (fs. 15 a 17), el Ministerio Público imputó formalmente al recurrente el presunto delito de robo, solicitando la aplicación de medidas cautelares.

II.2. En la misma fecha, se celebró la audiencia de medida cautelar, actuación en la cual, el recurrente no hizo observación alguna respecto a la aprehensión o a la inexistencia de flagrancia o de mandamiento (fs. 18 a 19 vta.).

II.3. Por Resolución 107 de 19 de septiembre de 2006 (fs. 19 vta. a 22), la Jueza de Instrucción recurrida, ordenó la detención preventiva del recurrente a ser cumplida en el centro de rehabilitación Santa Cruz-Palmasola, a cuyo efecto libró el respectivo mandamiento (fs. 25).

II.4. Por requerimiento presentado el 27 de abril de 2007 (fs. 1 a 5 vta.); el Fiscal recurrido acusó al recurrente el presunto delito de robo, previsto en la sanción del art. 331 del Código Penal (CP). Por providencia de 31 de mayo de 2007 (fs. 6), la causa fue radicada en el Tribunal Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de los Jueces Técnicos correcurridos.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente alega que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica y a la libre locomoción; pues se encuentra detenido preventivamente, pese a que fue aprehendido sin ninguna orden, sin que exista flagrancia ni denuncia en su contra y sin que las autoridades recurridas hayan corregido la referida anomalía. Corresponde considerar, en revisión, lo solicitado a fin de otorgar o negar la tutela demandada.

III.1. La línea jurisprudencial establecida por este Tribunal a través de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, reconoce la subsidiariedad con carácter excepcional en los recursos de hábeas corpus cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá previamente acudir y solamente agotados tales medios y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el recurso de hábeas corpus.

Línea jurisprudencial que a la letra dice: "(…) como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus".

En esa lógica, los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP, atribuyen al juez de instrucción en lo penal la función de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación, respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, siendo el encargado de precautelar que la etapa de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías, reconocido por la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal pudiendo asumir las medidas que el caso aconseje; en cuyo mérito, toda persona relacionada a una investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnere su derecho a la libertad debe acudir ante el juez de instrucción en lo penal encargado del control de la investigación para que esta autoridad sin demora se pronuncie sobre la legalidad de su arresto o aprehensión y ordene lo que en derecho corresponda y sólo en el caso de que la supuesta lesión no sea reparada, se activará el recurso de hábeas corpus, así lo ha entendido este Tribunal en la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, cuando señaló:

"De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de Procedimiento Penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos"; teniendo en cuenta, además, que frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, a analizar la legalidad formal y material de la aprehensión, conforme lo determinó la SC 0976/2005-R de 18 de agosto.

Por otra parte, la SC 0957/2004-R de 17 de junio, precisó que la violación a los derechos y garantías que asisten a todo imputado: "(…) puede ser alegada en cualquier momento frente al juez y, en caso de que éste la considere verdadera, deberá corregirla, anulando aquellos actos que implicaron vulneración a los derechos y garantías del detenido. Este entendimiento está presente en el art. 169.3 del CPP (…)”.

III.2. En la problemática planteada, de los antecedentes que informan el cuaderno procesal, se evidencia que el recurrente denuncia que fue aprehendido sin orden alguna, sin que concurra alguna de las circunstancias de flagrancia de acuerdo al art. 230 del CPP y sin denuncia, encontrándose detenido preventivamente sin que ninguna autoridad corrija las anomalías denunciadas; sin embargo, se evidencia que el recurrente no ha demostrado que previamente a la interposición del presente recurso, hubiera acudido ante la Jueza de Instrucción -ahora recurrida- en reclamo de las supuestas ilegalidades cometidas en su aprehensión; por el contrario, de la lectura del acta de audiencia de medidas cautelares celebrada el 19 de septiembre de 2006, se advierte que la defensa no reclamó los extremos denunciados ante la Jueza Cautelar; menos se tiene acreditado, que haya denunciado los hechos ante los recurridos Jueces Técnicos del Tribunal Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, donde radicó la acusación fiscal presentada en su contra, pretendiendo hacerlo a través de este recurso. Lo que implica, que, si el recurrente consideraba y aún considera que la aprehensión de la que fue objeto es ilegal; previo a recurrir a la presente acción tutelar debe y puede denunciar tales extremos ante la autoridad judicial competente; siendo menester aclarar que si bien es evidente que la SC 0976/2005-R, estableció la obligación del juez cautelar de pronunciarse sobre la legalidad de la aprehensión, no es menos cierto que en el caso fáctico que motivó su pronunciamiento, el imputado denunció actividad procesal defectuosa, solicitando la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, entre otros motivos, por ilegalidades en su aprehensión, lo que no sucede en el caso de autos.

En consecuencia, no es posible analizar la actuación del Fiscal recurrido, toda vez que la jurisdicción constitucional, a través del recurso de hábeas corpus, sólo puede analizar la vulneración del derecho a la libertad en las aprehensiones policiales y fiscales, supuestamente ilegales, cuando la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, no ha reparado las lesiones a ese derecho, pese al reclamo efectuado por el o los imputados.

En ese sentido, tampoco corresponde analizar la actuación de la Jueza cautelar ni de los Jueces Técnicos del Tribunal Quinto de Sentencia correcurridos, que el recurrente denuncia por no haber corregido las supuestas anomalías en su aprehensión, toda vez que, como se tiene dicho, el recurrente no efectuó la impugnación correspondiente en la audiencia de medidas cautelares, en el desarrollo de la etapa preparatoria ni en la etapa de juicio, obligación que le era exigible antes de presentar el presente recurso, con la finalidad de que las autoridades judiciales se pronuncien expresamente sobre esa actuación, por lo que no corresponde otorgar la tutela prevista en el art. 18 de la CPE.

Del análisis efectuado, se concluye que el Tribunal de hábeas corpus, al haber declarado improcedente el recurso, ha hecho una correcta evaluación de antecedentes, y ha dado una cabal aplicación del art. 18 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 18.III y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución de 7 de julio de 2007, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

PRESIDENTA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

DECANA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano

MagistradO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Walter Raña Arana

MAGISTRADO