1373/2010-R de 20 de septiembre de 2010

El accionante sostiene que, se lesionó su derecho a la “seguridad jurídica”, a la defensa y la garantia del debido proceso, citando al efecto los arts.7 inc. a) y 16.II y IV de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), por cuanto las autoridades demandadas, permitieron y aprobaron la citación y notificación con la demanda ejecutiva, ilegalmente practicada en un domicilio real que no le correspondía, por lo que no tomo conocimiento del proceso en su contra.