AUTO CONSTITUCIONAL 0667/2012-CA

Por memorial interpuesto el 25 de junio de 2012, cursante de fs. 114 a 120 vta., dentro del recurso de revocatoria formulado por José Evandro Padua Vilela Neto representante legal de la empresa CORHAT BOLIVIA S.A., presentó la acción de inconstitucionalidad concreta, argumentado que habría presentado una anterior acción de inconstitucionalidad que fue rechazada porque la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, decidió no aplicar la norma acusada          de inconstitucional por haber sido emitida en forma posterior al proceso sancionador de origen.

Manifiesta que mediante Resolución Regulatoria 01-0005-11 de 10 de junio de 2011, se estableció un proceso administrativo para imponer las sanciones reguladas en la Ley 060 de 25 de noviembre de 2010; posteriormente, mediante Resolución Regulatoria 01-00011-11 de 11 de julio de 2011, se incorporó el capitulo V de Medidas Preventivas a la Resolución Regulatoria 01-00005-11 Reglamento para el Procesamiento de Infracciones y Sanciones Administrativas. A su vez mediante Resolución Regulatoria 01-0012-11 se incorpora el art. 54 al Reglamento para el Procesamiento de Infracciones y Sanciones Administrativas, que señala: “Las personas individuales o colectivas sometidas a procesos administrativos sancionatorios, para interponer el recuso de revocatoria previamente deberán hacer el deposito de la sanción impuesta establecida en la Resolución Sancionatoria en la cuenta señalada para los efectos, caso contrario se dará por no presentado el recurso interpuesto ordenando el archivo de obrados. Cuando la Resolución Sancionatoria que impone la sanción fuese revocada se procederá con la devolución del monto depositado por intermedio de la Dirección Nacional Administrativa de la AJ”. Artículo que afecta directamente la admisibilidad del recurso, aspecto que vulneraria el art. 14.IV, garantía constitucional del debido proceso consagrado en el art. 115.II y derecho a la presunción de inocencia consagrado en el 116 todos de la CPE, así como el acceso a la justicia establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).