DECLARACION CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2013

         De los elementos referidos, se tiene que la consulta de autoridades indígena originario campesinas, constituye un procedimiento sumario por el cual la autoridad pone a conocimiento de la Sala Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, una duda razonable sobre la aplicación en un caso concreto de una norma consuetudinaria, de ahí que materialmente la consulta está condicionada a que exista una duda razonable por esta Sala Especializada sobre el supuesto conflicto entre la norma consuetudinaria y los principios, valores, fines, derechos y garantías de la Constitución Política del Estado, en relación a su aplicación en un caso concreto; y procesalmente, los componentes de la consulta son: 1) El representante de la comunidad debe acreditar su condición de autoridad indígena originario campesina, que será la que deba aplicar la norma consuetudinaria en la resolución de un conflicto en concreto; 2) La presentación de la consulta puede ser de manera escrita como oral ante este Tribunal Constitucional Plurinacional y deberá contener mínimamente una relación concreta de los hechos y la adecuada precisión de las normas consuetudinarias que resultan aplicables a la resolución de la problemática consultada, en la cual deberá relevarse específica y precisamente cuales son las normas sobre las cuales existe duda en su aplicación en el caso en concreto; 3) La consulta no puede ser entendida como un medio supletorio de otros mecanismos procesales destinados a resguardar los derechos fundamentales de los sancionados con decisiones de la justicia indígena originario campesina (acciones de defensa previstas por la Constitución Política del Estado) ni de la dilucidación de los conflictos de competencia entre jurisdicciones (arts. 100 a 103 del CPCo); 4) Los efectos de la Declaración Constitucional emergente de la Sentencia será únicamente de aplicación en el caso en concreto y por ende, la autoridad indígena originaria campesina, deberá inaplicar la norma consuetudinaria en el caso concreto, y aplicar los entendimientos esgrimidos por la Sala Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional; 5) La Sala Especializada a la que hace referencia el art. 130 del CPCo, es de composición plural, conformada por Magistrados identificados como indígenas, así como Magistrados que no se adscriben a dicho auto identificación, implica una garantía de equilibrio e interpretación que efectiviza y materializa la posibilidad de un contraste entre el mínimo constitucional exigible (principios, valores, fines, derechos y garantías de la Norma Suprema) y la aplicación de normas consuetudinarias; y, 6) La Sala Especializada, deberá previamente a referirse a la aplicabilidad o no de la norma sobre la admisibilidad de la consulta, pues la jurisdicción constitucionalizada especializada debe verificar la viabilidad de pronunciarse en relación a la aplicabilidad de la norma en un caso concreto; la presentación de la consulta no estará enmarcada a formalidades, por ello los criterios de admisibilidad se rigen por una lógica de flexibilidad en atención a que los pueblos indígena originario campesinos, merecen atención especial, por lo que es menester precisar que lo mínimamente exigible es: i) La representación de la comunidad implica la pertenencia a una comunidad indígena originaria campesina en cuyo caso podrán pedir ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, una visita de campo destinada a constatar dicho aspecto; ii) La precisión de la problemática; y, iii) La norma sobre la cual existe duda en su constitucionalidad y su posible aplicación en el caso concreto.

         En ese escenario, previamente a referirse materialmente a la Consulta la Sala Especializada, deberá pronunciarse sobre la viabilidad o no, en ese marco, si los elementos antes glosados resultan inteligibles o el objeto de la consulta es distinto al objetivo por el cual existe en el ordenamiento procesal constitucional, la Sala Especializada declarará la Consulta como improcedente.