SCP: 1259/2013-L de 13 de diciembre

El accionante indica que es propietario de unos terrenos rústicos con una extensión superficial de 26 ha, ubicados en el Ayllu Originario Huancollo, una parte otorgados mediante adjudicación y otra, adquirido en calidad de compra venta de sus hermanos María Asunta y Wilfredo Grover, ambos Cortez Chávez. En la gestión 2009-2010, fue designado Sullka Mallku del referido Ayllu, así como Sullka Mallku en la Sub central Zona Centro de Tiahuanaco, habiendo cumplido sus funciones a cabalidad, hecho que provocó que su hermano Mario Donato Cortez Chávez por envidia levante a toda la comunidad en su contra, llegando al extremo de amenazarlo de muerte en presencia de sus otros dos hermanos así como de agredirlo físicamente, no obstante su delicado estado de salud y su condición de autoridad que le impedían reaccionar.

Este hermano suyo organizó una “camarilla” compuesta por los ahora demandados, para confabular en su contra, y aprovechando que el mismo se encontraba a la cabeza del Comité de Agua Potable de la comunidad, desde hace cinco años extorsionó a los “hermanos campesinos” para favorecerse ilícitamente, y con relación a su persona se ha borrado su nombre de la lista como socio del agua potable, por lo que no cuenta con este líquido elemento, pero lo que es más, con la intención de quedarse con sus bienes y sus terrenos, que son colindantes con el de su hermano, ha instigado su expulsión de la comunidad, y sin permitirle hablar ni ejercer su derecho a la defensa, fue objeto de discriminación y sometido a torturas graves, tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes pues fue encerrado bajo llave (se entiende por los ahora demandados) situación en la cual no se le permitió ni siquiera realizar sus necesidades biológicas primordiales, más aún tomando en cuenta su delicado estado de salud, por lo que ingresó en estado de “sock”, y finalmente lo han sancionado con la expulsión de su comunidad, otorgándole tres meses para que abandone sus terrenos, sanción que se extendió para que no participe como candidato en las elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que su conducta se adecúe a alguna falta o infracción, y lo sancionan en base a un proyecto de Estatuto y Reglamento Interno, que es contradictorio y violatorio a las normas supremas.