AUTO CONSTITUCIONAL 0180/2013-CA

Dentro de la acción de inconstitucional concreta, es elemental que se formule una fundamentación jurídico constitucional que explique en qué medida la resolución a ser dictada depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto legal cuestionado. Al respecto, se ha dictado el AC 0045/2004 de 4 de mayo, reiterado por el AC 0026/2010-CA de 25 de marzo, señalando que: “`…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada´” (las negrillas nos corresponden).

Sin embargo, en el caso concreto no se advierte una adecuada fundamentación jurídico constitucional, que justifique el control de constitucionalidad, pues la accionante no explica las razones o motivos por los cuales, en su criterio el precepto legal cuestionado contradice el texto constitucional, limitándose a citar argumentos con relación a la doble instancia y el derecho a la impugnación. En consecuencia, la inobservancia de éste requisito hace inviable el ejercicio de un verdadero control                  de constitucionalidad, dado que no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se consideran estarían siendo infringidas, sino que es imprescindible que se exprese el razonamiento que le conduce a cuestionarlas; es decir, los motivos o razones de la inconstitucionalidad. Empero, la accionante se limita a realizar una puntualización de los derechos supuestamente vulnerados, sin relacionarlos con los hechos expuestos y tampoco formula con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado, incumpliendo el art. 24.4 del CPCo.