SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0455/2013-L
Fecha: 10-Jun-2013
I.1.1.
El 6 de mayo de 2009, en audiencia oral y pública, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, concedió la cesación a la detención preventiva del accionante, imponiéndole entre otras medidas sustitutivas, la fianza “real” de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), haciendo constar que cumplidas las mismas, se libraría el mandamiento que corresponda; dicha fianza, posteriormente fue modificada a Bs45 000.- (cuarenta y cinco mil bolivianos). Habiendo cumplido con las medidas sustitutivas impuestas, por memorial de 6 de julio de 2011, se hizo conocer el cumplimiento de las mismas, pidiendo se libre mandamiento de libertad, habiendo el Tribunal dispuesto por proveído de “fs. 104”, que previo a librarse dicho mandamiento, se oficie a la entonces Corte Suprema -ahora Tribunal Supremo- de Justicia, a objeto que informe sobre el estado actual de la presente causa.
Cumpliendo este requerimiento, se presentó una certificación emitida por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se informó que el proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de asesinato, se encontraba esperando turno, con priorización para considerar la admisión o inadmisión del recurso de casación interpuesto por el imputado, y que los Ministros de las Salas Penales, no tenían atribución para conocer y resolver solicitudes de extinción de la acción penal; pidiendo al mismo tiempo, se libre mandamiento de libertad a favor de Herland Limón Sánchez, habiendo dispuesto las autoridades demandadas, por decreto de 16 de julio, sin fundamento alguno, que se esté a lo señalado en el proveído de “fs. 104” del cuaderno procesal, aspecto que “violenta su propio decreto” (sic) y vulnera los derechos del accionante, pues ya conocen el estado actual del proceso, situación que demuestra la intencionalidad de privar de libertad a su representado.
- acción de libertad
- I.1.1.
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- El informalismo
- III.2. El debido proceso, sus elementos y el principio de celeridad en la acción de libertad
- la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados
- derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas
- celeridad
- conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones
- la celeridad en las actuaciones judiciales es un principio que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, al disponer que toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas que se traduce en el cumplimiento de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico; por lo que, el principio de celeridad adquiere una connotación especial en los procesos en los cuales se encuentra vinculado el derecho a la libertad, en el entendido de que este último, es uno de los derechos primarios protegidos por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos humanos y por lo tanto merece especial y prioritaria atención por parte de los administradores de justicia.
- El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación
- el principio de celeridad, encuentra su fundamento en el derecho al debido proceso que debe operar sin dilaciones indebidas y que por mandato de la Constitución debe primar en toda actuación judicial con la finalidad de materializar los principios constitucionales que rigen la administración de justicia y determinan que la misma sea pronta, oportuna y eficaz,
- III.3. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
- Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad»'”
- implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…
- de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 28
- CONFIRMAR