Sentencia: 1116/2013 de 17 de julio

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, ha establecido tres situaciones excepcionales en las que atreves de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a efectos de evitar que la acción de libertad se convierta en un medio alternativo y paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

b)      En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso  del inicio de  la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección  a sus derechos. De no ser así, se estaría  desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

a)      Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano o etapa procesal, no obstante a ello no se activa la competencia del Juez Constitucional mientras no se agote las vías pertinentes, por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal donde emerge la acción tutelar.

b)      En ese entendido, y de acuerdo al presente caso de autos existiendo un Inicio de Investigación y consecuentemente una Imputación Formal ante el juez de Instrucción Primero  en lo Penal, aunque se haya recurrido inicialmente a esta vía corresponde denunciar estos actos la autoridad jurisdiccional que ya asumió el conocimiento del inicio de investigación, para que en ejercicio de sus facultades conferidas por los arts. 54.inc.1) y 279 del CPP, realice el correspondiente  control juridicial y se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la restricción al derecho a la libertad.

Sin embargo el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, moduló el entendimiento asumido por la precitada SC 0080/2010-R, respecto a la primera parte del primer supuesto; es decir, referida a que tanto las arbitrariedades cometidas por la Policía como por la Fiscalía, relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción de las personas, debían ser denunciadas al juez cautelar de turno; entendimiento jurisprudencial que fue cambiado, puesto que ahora no es necesario acudir previamente ante esta autoridad, por cuanto, ella no tiene competencia al no haber conocido aún del inicio de la investigación. En ese sentido, dicha Sentencia estableció: “…el Juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido siquiera el inicio de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en una cuestión ajena a un delito, y porque, además, constituye un deber de las personas y servidores públicos, y en especial de las fuerzas del orden público así como de la autoridad fiscal, cumplir con la Constitución Política del Estado y respetar en consecuencia, el derecho a la libertad física de las personas, derecho que sólo puede limitarse en los casos y formas establecidas por la ley y en virtud de una orden emanada por escrito de autoridad competente; consecuentemente, no puede considerarse, de ninguna manera, excepto en los casos en los que se haya dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de un delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por un juez cautelar de turno, asignándole a la acción de libertad un carácter subsidiario que no corresponde a su naturaleza y que, en el caso descrito, carece de fundamento constitucional y legal.

En ese mismo orden, con relación específicamente a la presunta lesión del derecho a la libertad personal por causa de un indebida privación de libertad; es decir, cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54 inc. 1) del CPP, establece que entre las competencias del juez de instrucción en lo penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el juez de instrucción en lo penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación.

Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.