SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0908/2013-L
Fecha: 19-Ago-2013
concedió
La Jueza Primera de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 13/2011 de 23 de diciembre, cursante de fs. 15 a 17 concedió la tutela, disponiendo la inmediata libertad sin perjuicio de que los representantes legales de la Clínica Señor de Mayo inicien las acciones legales correspondientes para el cobro de lo adeudado por la atención médica a la accionante y a su hija, en base a los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE refiere “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguid, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción libertad y acudir, de manera oral o estricta, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; b) Del informe de “la Acción Directa dentro del Caso signado con el N° 1984/2011 de la Fiscalía asignada a la División de Accidentes del Organismo Operativo de Tránsito” (sic), se verifica que Flora Flores Quenaya y la menor AA, el 21 de noviembre del precitado año, como consecuencia de un accidente de tránsito consistente en atropello con persona fallecida y heridos, fueron trasladadas por efectivos policiales a la Clínica Señor de Mayo para recibir atención médica; c) Según el informe de 19 igual mes y año, el demandado indicó concretamente en relación a la accionante que habría sido dada de alta una semana antes de dicho informe, es decir el 12 del mismo mes y año y que la misma no habría cancelado los gastos de atención médica; y, d) En función a los dos documentos acompañados, es evidente la vulneración al derecho a la libertad personal y de locomoción de Flora Flores Quenaya y AA, consagrados por los arts. 21.7, 117.III y 125 de la CPE, que prohíbe expresamente la privación de libertad por deudas, concordante con el art. 6 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), más aún si una de las personas retenidas resulta ser una menor de tres años de edad, cuya protección de sus derechos y garantías es prioritaria para el Estado.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- concedió
- Fragmento 3
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad';
- su finalidad, conforme manda la Constitución Política del Estado, es resguardar el derecho a la vida cuando fuere puesta en peligro, el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y en su caso restituir el derecho a la libertad cuando fuere indebida o ilegalmente limitada.
- se advierte que las características de la acción de libertad, se mantienen: el informalismo, relativo a la ausencia de requisitos formales en su presentación, ampliando la posibilidad de su presentación oral de este medio de defensa; la inmediatez, por la urgencia de los derechos que resguarda; la sumariedad, dado que la (CPE) y la (LTCP), establecen que deberá ser resuelta en el plazo de veinticuatro horas de interpuesta la acción -art. 126 de la CPE y art. 68.1 de la LTCP-; la generalidad, porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, pudiendo interponerse contra la autoridad o persona denunciada que -art. 125 de la CPE y art. 68.2 de la LTCP-; e inmediación, porque requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad, en el entendido que el Juez o Tribunal de garantías que conozca la acción, debe disponer que el accionante sea conducido a su presencia o acudir al lugar de la detención -art. 126.I de la CPE concordante con el art. 68.5 de la LTCP-, con la finalidad de tener contacto con el accionante o verificar las condiciones en que se encuentra, en suma hacer efectivo el principio de inmediación que rige la actividad procesal.
- 'La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona considere que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal'.
- «No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley» mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos norma internacional que al tenor del art. 410.II de la CPE integra el bloque de constitucionalidad en su art. 7.7 establece que “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios' normas que se encuentran desarrolladas en el art. 6 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), que establece: 'en los casos de obligaciones de naturaleza patrimonial, el cumplimiento forzoso de las mismas podrá hacerse efectivamente únicamente sobre el patrimonio del o los sujetos responsables…'.
- '…nuestro ordenamiento jurídico no tiene inserta ninguna disposición que faculte a una autoridad que dirija un centro hospitalario a retener a un paciente por no cubrir los gastos que ha demandado su curación…',
- Fragmento 13
- ii)Los hospitales o clínicas, para el cobro de deudas emergentes de internación y honorarios médicos; es decir, de los gastos realizados en un nosocomio, cuentan con las vías procesales adecuadas para su cobro; por lo que, ante la falta de cancelación de dichos adeudos, no es posible que procedan a la privación de libertad de un paciente, puesto que resulta ser una medida de hecho, que desde ningún punto de vista es aceptable, ya que implica la vulneración del derecho a la libertad, que es tutelado por la justicia constitucional.
- III.3. Análisis del caso concreto
- Fragmento 16
- CONFIRMAR