AUTO CONSTITUCIONAL 0166/2014-CA

De la revisión de los antecedentes aparejados al expediente, se evidencia que la acción de inconstitucionalidad concreta fue promovida de oficio dentro de un proceso contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Agroambiental interpuesta por Jorge Jesús Barahona Rojas Viceministro de Tierras; en la que el Tribunal judicial consultante cuestionan la constitucionalidad de la Disposición Final Vigésima del DS 29215 y el inc. f) del art. 110 del DS 29894.

Al respecto, con relación a la denuncia de inconstitucionalidad de la Disposición Final Vigésima del DS 29215, se aclara que, el Tribunal Constitucional Plurinacional por SCP 1548/2013 de 13 de septiembre, resolvió declarar la constitucionalidad de la normativa citada, lo que inviabiliza una nueva revisión de la misma, de conformidad a los arts. 14 y 84.I del CPCo, concordantes con el art. 78.II.1 del referido cuerpo legal, concurriendo la causal de rechazo prevista en el art. 27.II inc. a) del ya citado Código, que hace mención a la cosa juzgada constitucional.

Por otro lado, la Comisión de Admisión verificó que la presente acción a la vez refiere como inconstitucional el art. 110 inc. f) del DS 29894, indicando que otorga una atribución sin dimensionamiento y demasiado general al Viceministro de Tierras para interponer demandas contencioso administrativas, sin observar la normativa especial; es decir, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y su reglamento, vulnerando el debido proceso, la seguridad jurídica y la irretroactividad de la ley. En dicha demanda se observa que contiene una adecuada fundamentación-jurídico constitucional, planteándose la duda razonable en torno a la constitucionalidad de la norma cuestionada.

Asimismo, se ha constatado que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental por los fundamentos expuestos señaló domicilio procesal y como medio alternativo de comunicación inmediata el fax 6912166, identificando la disposición legal y las normas impugnadas, así como los artículos constitucionales que se consideren infringidos, formulando con claridad los motivos por los que considera serían contrarios a la Constitución Política del Estado.