1346/2014

Corresponde, a la luz de las consideraciones de orden jurídico-constitucional recogido en el fundamento 1, establecer que el Juez de garantías debió evaluar, que la accionante sufrió agresión física, corroborado este extremo por certificado médico forense y fotografías aparejadas al proceso; elementos que indican que  existe  un riesgo  a su integridad personal y la de su hijo NN; ahora bien estos hechos sindica que fueron cometidos por los denunciados, en ese entendido, ellos, tienen el deber de respetar los derechos de  quienes son sus vecinos y en consecuencia, de abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos. Aspecto recogido ampliamente en el fundamento 2 de la presente.

Por ello era deber del Juez de garantías, toda vez que fue invocado el principio de favor debilis, considerar con especial atención a la parte accionante que, en su relación con la otra o denunciados, se halla situada en inferioridad de condiciones y de esa manera establecer si existe algún grado de debilidad, no siempre la discapacidad;  también ingresa dentro de estas consideraciones el hecho de ser mujer, madre soltera, estar enferma, etc., que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por su grado de vulnerabilidad manifiesta, merecen una protección diferenciada.

Más aun, cuando ese grado de vulnerabilidad o desigualdad está incidiendo directamente en su derecho a la locomoción, pues se encuentra impedida de salir de su propio domicilio, por temor a que suceda nuevamente otra agresión que ponga fin a su vida; lo que no le permite procurar alimento para sí y para su hijo, aspecto que pone nuevamente en riesgo ambas vidas; situación que amerita  sea  tutelada en aplicación del principio favor debilis desarrollado en el fundamento 3,  con el objetivo de restablecer los derechos considerados amenazados por los denunciantes; dado que al tratarse además de amenazas frecuentes y que estas son difícilmente demostrables; en ese sentido no se puede esperar a que ocurran nuevamente  y con mayores consecuencias, para otorgar una tutela dirigida a proteger la vida y la integridad de los que la solicitan.