SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1588/2014
Fecha: 19-Ago-2014
III.5. Análisis del caso concreto
La problemática que plantea la presente acción de amparo constitucional está principalmente referida, a que los accionantes alegan vulneración a sus derechos a la estabilidad laboral, a un salario justo, equitativo y satisfactorio al habérseles procedido a la entrega de memorándums de preaviso por los que la entidad ahora demandada concluyó unilateralmente la relación laboral, a partir del 20 de junio del 2013; sin embargo, no existe causal de despido conforme a las previsiones de art. 16 de la LGT constatándose la existencia de despido injustificado.
Los trabajadores precisamente en resguardo de los derechos laborales que les asisten optaron por la vía de la Reincorporación, denunciando despido injustificado e infracción a leyes sociales por ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; en mérito a los antecedentes que se tienen expuestos, la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz emitió Conminatoria de Reincorporación, disponiéndose la restitución inmediata de los trabajadores a su fuente laboral, así como el pago de los sueldos devengados, y demás beneficios sociales que les corresponden al cumplimiento efectivo de su reincorporación; no obstante las reiteradas solicitudes de cumplimiento a la conminatoria dispuesta, la entidad demandada no dio efectivo cumplimiento, bajo el argumento de haberse planteado Recurso Jerárquico en la vía administrativa contra la Resolución Administrativa 265/2013 de 30 de agosto de 2013 expedida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz; para no dar cumplimiento a la conminatoria dispuesta.
En mérito a los antecedentes que se tienen expuestos, y conforme establece la SCP 1262/2013 de 1 de agosto: “La problemática planteada se circunscribe a determinar, si la institución del preaviso establecido en el art. 12 de la LGT, en relación a la comunicación que hace el empleador para rescindir las actividades laborales, es aplicable en vigencia de la nueva constitución que por regla es más garantista, además de consagrar el derecho fundamental a la estabilidad laboral, cuyo alcance de protección tiene como regla general otorgar un carácter permanente a la relación laboral, y como excepción el despido pero por una causa legal justificada y no por la sola voluntad del empleador; bajo estos parámetros el preaviso establecido en el art. 12 de la LGT, por constituir una atribución unilateral del empleador para rescindir o poner término a una relación contractual sin que medie ninguna de las causales previstas en el art. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento, ciertamente contraviene esta garantía; en tales antecedentes, al haberse rescindido por la entidad accionada la relación laboral que sostenían con los trabajadores, ahora accionantes aplicando el art 12 de la LGT, incurrieron en despido injustificado; máxime si persistieron en su decisión al no dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, vulnerando con ello el mandato de protección contenido en el art. 46.I.2 de la CPE y en consecuencia lesionaron su derecho al trabajo y la estabilidad laboral”.
Por lo expuesto precedentemente, la situación que se tiene planteada se encuentra precisamente dentro de las previsiones y los alcances de la acción de amparo constitucional; consiguientemente, en mérito a los razonamientos que se tienen relacionados, corresponde en derecho conceder la tutela demandada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- “De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE”.
- “La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela”
- “El Derecho del Trabajo tiene características particulares que hacen que se diferencie de otras ramas del Derecho; es así que contiene normas de orden público y normas tutelares o protectivas a favor de las trabajadoras y trabajadores, se estructura fundamentalmente sobre el reconocimiento de ciertos principios de carácter normativo que surgen con los nuevos conceptos sociales cuya tendencia, es la de preservar las garantías de los derechos
- Con este antecedente, en la doctrina se han formulado diversas definiciones sobre los principios del Derecho del Trabajo, pero de manera casi coincidente en cuanto a sus alcances se refiere, relievan su importancia en el sentido de que su aplicación permite hacer más eficaz la intervención del Estado en las relaciones de trabajo y ofrecerles a los administradores de justicia laboral mecanismos que les permitan dirimir estos conflictos con mayor certeza, llamadas 'líneas directrices que inspiran el significado de las normas laborales con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho'
- El principio protector.
- El principio de la estabilidad laboral.
- 'Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad Laboral'.
- 'En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo'. Incluyendo a su vez los parágrafos IV y V en el art. 10 de la citada norma, con los siguientes textos:
- V. Sin perjuicio de los dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”
- No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio'.
- 'La afiliación sindical, la representación de los trabajadores, las quejas o reclamos ante la autoridad administrativa del trabajo. También, las referidas a la raza, el color, el sexo, el estado civil, la religión, la opinión política y las responsabilidades familiares, vinculadas estas últimas con el embarazo, la maternidad'.
- 'Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada'”
- Fragmento 22
- Fragmento 23
- 'tiene por objeto
- Fragmento 25
- no sólo es una conquista de los trabajadores, sino se constituye en una función esencial del Estado, por cuanto contribuye a la construcción de una sociedad armoniosa con justicia social, en tal virtud nuestra norma fundamental prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral; existiendo para su defensa, instituciones encargadas de velar por su vigencia y cumplimiento como son: la judicatura laboral, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y por disposición del DS 0495, que modifica en parte el DS 28699, la vía constitucional a través de la acción de amparo constitucional, por considerase la vía más idónea y eficaz para garantizar la vigencia de esta derecho fundamental.
- De lo anterior, advertimos que la estabilidad laboral en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral'”
- III.5. Análisis del caso concreto
- REVOCAR en todo