SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1465/2015-S2

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 57 de 29 de julio de 2015, cursante de fs. 83 a 86, por la cual concedió en parte la tutela solicitada únicamente en cuanto al derecho de la propiedad privada, no así respecto a los derechos del trabajo, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso por no existir elementos de convicción ni indicios de vulneración a los mismos, en consecuencia se dispuso que los demandados y quienes se encontraban en posesión ilegal, desocupen el inmueble en el plazo de tres días bajo prevención de emitirse el mandamiento de desapoderamiento y lanzamiento de rigor con el auxilio de la fuerza pública, fallo que fue dictado en base a los siguientes argumentos: 1) Los arts. 128 y 129 de la CPE establecen la naturaleza jurídica y la procedencia de la acción de amparo constitucional, en el caso presente Nancy Cortez de Terrazas -accionante- es una persona natural que tiene su derecho de propiedad debidamente acreditado e inscrito en DD.RR. con número de matrícula correspondiente según documentación original; 2) La acción de amparo constitucional está sujeta a condiciones y elementos fundamentales para su activación: a) El principio de inmediatez, en el presente caso se establece que el hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2014 y la acción de amparo constitucional fue planteada el 4 de marzo de 2015; es decir, dentro de término; y, b) El principio de subsidiariedad siempre que no exista otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos vulnerados, suprimidos o amenazados; -hace una relación del procedimiento realizado desde la denuncia interpuesta por la accionante a efectos de considerar su respectiva resolución-; 3) La parte accionante no demostró que hubiere tenido una posesión corporal del predio, aunque el Código Civil establece que la posesión vale por el título, mismo que fue legalmente acreditado; 4) En cuanto la petición de tutela respecto al derecho al trabajo, tampoco fue acreditado puesto que no se trataría de una relación laboral, y respecto al debido proceso y a la “seguridad jurídica” tampoco se demostró que existiere litigio; y, 5) Conforme establece la jurisprudencia constitucional en la SCP  “414”/2015 del 30 de abril, la finalidad única es resguardar los derechos de quién acude buscando tutela, empero no puede omitirse considerar el resguardo y la materialización de los principios ordenadores de la administración de justicia es decir la subsidiariedad, consagrada por la SC 239/2014-RCA de 17 de septiembre, en la que se establece una excepción al principio de subsidiariedad prescindiendo de esta naturaleza supletoria ante una posible lesión a través de medidas de hechos que provoquen un daño irreparable mereciendo una protección inmediata.