SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0509/2015-S3

El Tribunal Constitucional transitorio, respecto de las resoluciones, dictó la SC 0977/2010-R de 17 de agosto, indicando que: “… deben ser debidamente fundamentadas, apreciando y valorando cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, en correlación con el hecho o los hechos fácticos que se endilga, para que en definitiva sobre la base de dicha valoración y análisis de las normas aplicables al caso, se imponga una sanción así sea esta en el ámbito meramente administrativo”.

También, el Tribunal Constitucional dictó la SC 1774/2004-R de 11 de noviembre, estableciendo que: “…de conformidad a la norma prevista por el art. 89 del CPP el Juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia (del imputado o procesado), declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido; en concordancia con dicha norma el art. 91 del mismo cuerpo legal dispone que, cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real (las negrillas son nuestras). De las normas procesales referidas se infiere que el mandamiento de aprehensión expedido, como consecuencia de la declaratoria de rebeldía, tiene como única finalidad el conducir al imputado o procesado rebelde ante el juez o tribunal del proceso para ponerlo a su disposición a objeto de que prosiga la sustanciación del proceso; queda claro que, el Juez o Tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido ante su despacho el imputado o procesado, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica”.

Significando que, dentro del proceso penal, la autoridad judicial a cuyo cargo se encuentre la causa, ante la justificación de inasistencia a un acto procesal presentada por el imputado -certificado médico particular o de médico forense-, deberá dictar una resolución debidamente motivada y fundamentada, por la cual explicará de forma razonada la credibilidad o no de ese documento, apreciando y valorando la prueba de descargo, en correlación con el hecho fáctico -impedimento de asistir a audiencia de medidas cautelares- y la decisión de declarar la rebeldía e imponer la sanción -mandamiento de aprehensión-, lo contrario, daría como resultado la vulneración del derecho a la libertad.