AUTO CONSTITUCIONAL 0310/2015-CA

         Respecto al recurso directo de nulidad, la necesidad de desarrollar el fundamento jurídico-constitucional radica principalmente en que el recurrente demuestre a la jurisdicción constitucional la existencia de uno de los supuestos que a continuación se detallan: a) La presencia real de un acto específico y concreto, entendido conforme a lo preceptuado por el art. 144 del CPCo, que sea emergente de una persona u Órgano público en franca usurpación de funciones que no le competen; b) El ejercicio de una jurisdicción o potestad que no emane del imperio de la Constitución Política del Estado y las leyes; y, c) Finalmente, la evidencia de la existencia de actos impartidos por personas o autoridades que ejercieron jurisdicción, competencia o potestad, pero que al momento de emitir el acto o resolución habían cesado o fueron suspendidas.

 
La explicitación y acreditación de uno de los supuestos antes mencionados y que sean trasuntados en un “acto”, constituye materia de análisis y consideración del recurso directo de nulidad; y por ello, configuran condiciones de admisibilidad del mismo. Entonces, el recurrente tiene la obligación de identificar cualquier acto siempre que sea abstraído en uno de los supuestos antes referidos a efectos de activar el presente recurso directo de nulidad; sin embargo, la exigencia anterior también será entendida como incumplida cuando el recurrente, en lugar de identificar un acto concreto, abunde en alegaciones imprecisas y genéricas que impidan a este Tribunal, adquirir convencimiento y certeza respecto a la importancia y necesidad de emitir un fallo de fondo, sobre una situación o acto claramente identificado y que se pretende se declare su expresa nulidad.

Por lo expuesto y en virtud a lo establecido por los arts. 26 y 27 del CPCo, a los fines de decidir sobre la admisibilidad del recurso directo de nulidad, esta jurisdicción, a través de la Comisión de Admisión, debe cumplir con la labor de examinar cuidadosa y exhaustivamente la concurrencia de los requisitos de admisibilidad para que el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, compulse adecuadamente los antecedentes y emita la respectiva Sentencia Constitucional Plurinacional ingresando a fondo.