SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0234/2016-S1
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0234/2016-S1

Fecha: 18-Feb-2016

a)

Delia Illanes Choquetijlla, Directora Departamental a.i. de Régimen Penitenciario de La Paz presentó informe escrito, cursante de fs. 52 a 55, refiriendo que: a) El 12 de junio de 2015, ingresó por ventanilla de recepción de esa Dirección carpeta con documentación de Ronald Alberto Horna Aranda, y el 27 de julio de igual año, ingresa nuevamente la carpeta observada, adjuntando certificado 1532, e informe emitido por el personal de dependencia del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), los cuales también son observados y devueltos a través del Cite: DDRP-IND-072/2015 pidiéndose que se presente certificación del proceso de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que indique si cuenta o no con sentencia; observaciones que fueron realizadas por la anterior Dirección; b) El 6 de octubre de 2015 la carpeta fue remitida nuevamente y devuelta el 23 de idéntico mes y año, ya que el certificado de permanencia y conducta de la Penitenciaria de San Pedro de Chonchocoro, indicaba que el accionante se encontraba con detención domiciliaria, pero se reporta que el 30 de junio de 2003, se lo trasladó al Centro de Rehabilitación Productiva Santo Domingo de Cantumarca en cumplimiento a un mandamiento de traslado dentro la presunta comisión de un delito relativo a la misma Ley; y, c) La Responsable del Área de Asistencia Legal del Recinto Penitenciario de San Pedro, elevó informe mencionando todos los antecedentes del caso, señalando los documentos arrimados, indicando que el accionante tuviera un “mandamiento de cumplimiento de condena de 6 de junio de 2012, expedido por el Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas” (sic) y que el referido fue trasladado al Centro de Rehabilitación Productiva Santo Domingo Cantumarca por órdenes del Juez Cuarto de Ejecución Penal del departamento de La Paz por un delito de la aludida Ley, de lo que se concluye que el accionante contaría con una sentencia ejecutoriada del que no se sabe de qué delito se trata, ni de cuanto fue la pena.