SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2016-S1
Fecha: 07-Abr-2016
concedió
La Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 148 de 3 de diciembre de 2015, cursante de fs. 137 vta. a 142 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que los demandados Fernando Peña y Zobeida Verduguez Rojas, entreguen el inmueble a las accionantes en el plazo de cincos días desde el pronunciamiento de la resolución, bajo alternativa de ordenarse la emisión de mandamiento de desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública; y, que los terceros interesados Carlos Cuchallo García y Angelita Castro Carrasco no interfieran el derecho propietario de las mismas, bajo los siguientes fundamentos: a) Marciala Peña Vda. de Castro y Nelvi Castro Peña demostraron ser propietarias del fundo reclamado, a través del Certificado emitido por DD.RR., registrado con Matrícula 7.01.4.02.0000229; b) Los demandados y terceros interesados, no acreditaron su posesión, menos estos últimos presentaron documentos de una supuesta transferencia de su abuela, para declarar su derecho propietario sobre predio objeto de ésta acción tutelar; y, c) Las pruebas presentadas demuestran que en el caso hubo avasallamiento, que vulneró el derecho a la propiedad privada de las accionantes.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 10
- III.3. El derecho a la propiedad privada vinculados al avasallamientos de acuerdo a la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013
- el plazo oportuno y la competencia.
- siendo su admisión en el día y se señalará en el plazo de veinticuatro horas día y hora
- 9. Otros que le señalen las leyes
- el elemento que determina cual es la jurisdicción que conoce de las acciones personales, reales y mixtas, es el carácter agrario de la propiedad, posesión o actividad; a este objeto al momento de determinar la jurisdicción se tomaba en cuenta la ubicación del inmueble objeto del litigio o el lugar de la actividad desarrollada; en este sentido, si el objeto del litigio o la actividad se desarrollaba en el área urbana, le eran aplicables las normas del Código Civil, en consecuencia la acción era de competencia de la jurisdicción ordinaria, en cambio si el objeto o la actividad era desarrollada en el área rural se aplicaban las normas de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la acción era de competencia de la jurisdicción agraria; situación que es determinada por las ordenanzas municipales que delimitaban el área urbana civil, con la condición de que estas sean homologadas por el Poder -ahora Órgano- Ejecutivo, mediante una resolución suprema en cumplimiento al art. 8 de la Ley 1669’;
- Bajo ese mismo razonamiento, si bien es la Ley 477, que le otorga una nueva competencia a los jueces agroambientales, no será posible que un juez agroambiental, por cuestiones de competencia pueda resolver situaciones donde se evidencien medidas de hecho vinculadas al avasallamiento, cuando se traten de predios o inmuebles donde no se advierta que el destino de la propiedad y las actividades desarrolladas no sea agroambiental, este mandato emerge de la propia jurisdicción agroambiental estatuida en el capítulo tercero, de la Ley Fundamental, otorgando como potestad exclusiva de administrar justicia agraria al Tribunal Agroambiental y sus juzgados en aquellos conflictos propios de la jurisdicción agroambiental. A contrario sensu los jueces agroambientales podrán obrar con la competencia otorgada por la ley de referencia aun cuando el predio en cuestión se encuentre dentro del radio urbano, siempre y cuando se advierta que el destino del mismo sea agroambiental
- siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- III.6. Análisis del caso concreto
- REVOCAR