SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2016-S1
Fecha: 07-Abr-2016
III.6. Análisis del caso concreto
En el presente caso, las accionantes denunciaron que los demandados Fernando Peña y Zobeida Verduguez Rojas, vulneraron su derecho a la propiedad privada, debido a que, ingresaron y avasallaron su propiedad agrícola, sin su autorización, menos de autoridad competente, ejerciendo desde ese momento actos de hostigamiento y amenazas, perturbando su tranquilidad e impidiéndole desarrollar su trabajo.
Del análisis y contrastación de la documentación aparejada por las partes en calidad de prueba detallada en las Conclusiones del presente fallo se puede advertir que en el expediente cursan: Titulo Ejecutorial SPP-NAL-060893 expedido por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a favor de Marciala Peña de Castro y Nelvi Castro Peña, sobre la pequeña propiedad ganadera, con una superficie de 4 9953 ha, ubicada en el Cantón La Angostura, Sección Cuarta de la provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz; siendo registrado en DD.RR. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con Matrícula 7.01.4.02.0000229 bajo el Asiento A-1 desde el 8 de enero de 2009, de lo que se infiere que, el bien inmueble mencionado se trata de un predio rural; y, en aplicación de la Ley 477 de avasallamientos y la Fundamentación Jurídica III.4 y III.5 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, son los jueces agroambientales los llamados a dilucidar la protección de derechos cuando de avasallamientos en el área rural se trata; como en éste caso, en el que la propiedad avasallada, sobre la que se estuviera cometiendo medidas de hecho; de acuerdo a los datos aportados en el expediente que están ampliamente desarrollados en las Conclusiones del presente fallo, es un inmueble rural, ubicado en el Cantón Angostura, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz; por lo que, esta problemática de avasallamiento debe ser planteada ante la vía idónea; es decir, ante las autoridades jurisdiccionales agroambientales quienes tienen la potestad jurisdiccional de administrar justicia en controversias, como en el caso en análisis, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 477; consiguientemente, este Tribunal se encuentra exento de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 10
- III.3. El derecho a la propiedad privada vinculados al avasallamientos de acuerdo a la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013
- el plazo oportuno y la competencia.
- siendo su admisión en el día y se señalará en el plazo de veinticuatro horas día y hora
- 9. Otros que le señalen las leyes
- el elemento que determina cual es la jurisdicción que conoce de las acciones personales, reales y mixtas, es el carácter agrario de la propiedad, posesión o actividad; a este objeto al momento de determinar la jurisdicción se tomaba en cuenta la ubicación del inmueble objeto del litigio o el lugar de la actividad desarrollada; en este sentido, si el objeto del litigio o la actividad se desarrollaba en el área urbana, le eran aplicables las normas del Código Civil, en consecuencia la acción era de competencia de la jurisdicción ordinaria, en cambio si el objeto o la actividad era desarrollada en el área rural se aplicaban las normas de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la acción era de competencia de la jurisdicción agraria; situación que es determinada por las ordenanzas municipales que delimitaban el área urbana civil, con la condición de que estas sean homologadas por el Poder -ahora Órgano- Ejecutivo, mediante una resolución suprema en cumplimiento al art. 8 de la Ley 1669’;
- Bajo ese mismo razonamiento, si bien es la Ley 477, que le otorga una nueva competencia a los jueces agroambientales, no será posible que un juez agroambiental, por cuestiones de competencia pueda resolver situaciones donde se evidencien medidas de hecho vinculadas al avasallamiento, cuando se traten de predios o inmuebles donde no se advierta que el destino de la propiedad y las actividades desarrolladas no sea agroambiental, este mandato emerge de la propia jurisdicción agroambiental estatuida en el capítulo tercero, de la Ley Fundamental, otorgando como potestad exclusiva de administrar justicia agraria al Tribunal Agroambiental y sus juzgados en aquellos conflictos propios de la jurisdicción agroambiental. A contrario sensu los jueces agroambientales podrán obrar con la competencia otorgada por la ley de referencia aun cuando el predio en cuestión se encuentre dentro del radio urbano, siempre y cuando se advierta que el destino del mismo sea agroambiental
- siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- III.6. Análisis del caso concreto
- REVOCAR