La suscrita Magistrada manifiesta su disconformidad con los fundamentos contenidos en la SCP 0041/2018 de 22 de octubre, por lo que en el plazo establecido, habiendo sido notificada con la referida Resolución, expresa su disidencia, bajo los siguient

En ese entendido, en el presente caso debe considerarse que la SCP 0042/2017 de 25 de septiembre que a su vez recondujo el entendimiento de la SCP 0017/2015 de 4 de marzo, estableció que: “De lo anterior, se advierte que la SCP 0060/2016 cambió el entendimiento de la SCP 0017/2015 de 4 de marzo, concluyendo que los conflictos de competencias jurisdiccionales pueden suscitarse en cualquier estado del proceso, de conformidad al principio de pluralismo jurídico; sin embargo, el señalado fallo constitucional no consideró que el principio de preclusión se encuentra estrechamente vinculado al principio de seguridad jurídica que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo -art. 178 de la CPE-, articula de la economía plural en el modelo económico boliviano -art. 306.III de la Norma Suprema- y se encuentra cimentado en el principio de legalidad, el cual se traduce en la aplicación objetiva de la Ley, teniéndose que la conclusión de una etapa procesal genera en las partes procesales certeza sobre los actos consecutivos a ser desarrollados en el proceso, por lo que plantear un conflicto de competencias jurisdiccionales en etapa de juicio oral o cuando ya se tenga emitida una Sentencia, no solo provocaría a las partes incertidumbre sobre la conclusión y resolución del proceso sino un despliegue innecesario de la administración de justicia, el cual despliega la actividad del Órgano Judicial, erogando diversos recursos; razones por las cuales, la SCP 0017/2015 sostuvo la necesidad de identificar el momento oportuno para plantear un conflicto de competencias jurisdiccionales, determinando que  las autoridades indígena originario campesinas, dentro de un plazo razonable y tan pronto como tomaron conocimiento de la sustanciación del proceso por parte de una autoridad que consideran incompetente, deben suscitar el conflicto de competencias jurisdiccionales y no consentir pasivamente que el proceso continúe su desarrollo, dejando de esa manera precluir etapas procesales -en materia penal: preliminar, preparatoria, intermedia, juicio oral y contradictorio, recursiva y de ejecución-, puesto que de no actuar así se entenderá la tácita aceptación de la competencia de la autoridad que inicialmente asumió el conocimiento del proceso, lo que de ningún modo implica el desconocimiento de los derechos a la libre determinación y a la autonomía de la JIOC, por cuanto cada caso debe ser analizado” (las negrillas son nuestras).

En el caso concreto, se advierte que el conflicto de competencias jurisdiccionales fue interpuesto por la AIOC cuando el proceso penal incoado ya se encontraba en etapa de juicio oral, aspecto que denota de forma evidente que la presentación de dicha controversia no fue realizada en un plazo razonable, dejando por el contrario transcurrir el proceso en sus diferentes etapas y recién plantear dicho conflicto cuando el aparato estatal ya llevó adelante un conjunto de actuaciones tendentes a la determinación de la culpabilidad o inocencia del encausado, aspecto que permite concluir que dichas autoridades consintieron pasivamente que el proceso continúe su desarrollo aceptando tácitamente la competencia de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, por lo que no se debió ingresar al análisis de fondo del conflicto de competencias planteado y por el contrario se debió determinar su improcedencia.