La suscrita Magistrada presenta Voto Disidente a la SCP 0047/2018 de 1 de octubre, por lo que en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo) exponen los motivos que la sustentan.

En cuanto al art. 40.III de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial de 6 de abril de 2017, que establece: “Sin perjuicio de la denuncia penal, en el marco de la autonomía y de los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas y la presente Ley Municipal, en caso de incumplimiento de la sanción de Demolición, por los infractores, el subalcalde deberá emitir la autorización a los Servidores Públicos Municipales para el ingreso al predio o edificaciones donde se haya verificado la comisión de una infracción, a fin de ejecutar la sanción legalmente determinada, sin que sea necesaria la intervención de la autoridad judicial”. En efecto, al tratarse de derechos fundamentales, y siendo que se otorga a la autoridad administrativa facultades de coacción debiera condicionarse a que se lo realice en observancia del debido proceso y los derechos fundamentales de todo ciudadano y no declara su constitucionalidad sin que sea analizada el debido proceso, como dispone el fallo constitucional objeto de la presente disidencia; en ese sentido la DCP 0129/2015 de 30 de junio, estableció: “El art. 115 de la CPE, establece que: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’.

Ahora bien, el órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal goza de la potestad sancionatoria administrativa propia e inherente a la facultad ejecutiva, de la cual este órgano es titular; sin embargo, la aplicación de toda medida sancionatoria debe regirse por las garantías jurisdiccionales establecidas por la norma constitucional.