DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2018-S4

Con el propósito de determinar la norma en consulta, así como los hechos y circunstancias que definieron la emisión de la Resolución de 25 de junio de 2018, en el marco del sistema normativo del Ayllu Tauca Urinsaya; la Sala Cuarta Especializada, solicitó a la Unidad de Descolonización de la Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, la realización de un estudio socio-cultural en la Comunidad San Pedro de Opoco, Nación Killacas del departamento de Potosí; habiéndose remitido a la Relatoría, el Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/005/2018 (fs. 568 a 643), anexando el Estatuto Orgánico y copias fotostáticas de otros documentos referentes la utilización de terrenos en proximidades de la referida comunidad y otras aledañas.

Como resultado del trabajo de campo, el referido informe expone que la TCO “Asociación comunitaria indígena de los Ayllus Tauca Urinsaya y Qhasa Aransaya” se encuentra en el municipio Tomave, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí. En la actualidad, la población de esta región “…está organizada a partir de pequeñas comunidades o estancias familiares que tienen pequeñas parcelas de pastoreo y de cultivo, cuya rotación de áreas es asumida por consenso de la familia con la aprobación de las autoridades originarias locales. La forma de tenencia de la tierra es colectiva, comúnmente llamada proindiviso, quiere decir, que no existen títulos individuales de propiedad, la propiedad es colectiva en la cual las familias tienen definidas por la memoria oral sus áreas de pastoreo y de cultivo, los cuales se transmiten generacionalmente”.

Entre los años 1979 a 1980, ingresó a la región un proyecto ganadero denominado como “Granja Río Mulatos” (o Proyecto ovino Jach’uma), que fue administrado por la Corporación de Desarrollo de Potosí (CORDEPO) en una extensión de 5400 ha, ubicándose en el linde entre los Ayllus Tauca (del municipio de Tomave) y Huatacalla (del municipio de Uyuni); emprendimiento que al no poder concretarse, devolvió sus instalaciones a los municipios de Tomave y Uyuni, entre tanto las comunidades obtengan sus personerías jurídicas; sin embargo, en la gestión 2012, se concluyó que estos terrenos estaban baldíos y no se les dio utilidad, por lo que retornaron a poder del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.

Refiere el Informe que, el Ayllu Tauka Urinsaya (conformado por las comunidades de Quisa Vinto, Jachuma, Alto Río Mulato, Jankomarka y Wuacoma Qhasa Aranzaya), optó por su titulación como Tierra Comunitaria de Origen (TCO); como así también, el Ayllu Qhasa Aranzaya (compuesto por las comunidades de San Pedro de Opoco, Puntura, Carlos Machicao y Jachioco); constituyendo entre ambas TCO’s, la “Asociación Comunitaria Indígena de los Ayllus Tauka Urinsaya y Qhasa Aranzaya”, cuya superficie colinda con el Ayllu Huatacalla de Coroma, que aún no cuenta con título de saneamiento. De allí que, parte de los terrenos cedidos para el proyecto “Granja Río Mulatos” o “Jach’uma”, no componen la superficie de las referidas TCO y esto ha generado discordia entre estos Ayllus, que reclaman estos predios como suyos, llegando inclusive a trabajar clandestinamente en algunos lugares que aún continúan alambrados; no obstante que, como refiere el Informe, habría una orden de paralizar labranzas informales en el área y que el municipio de Tomave, al presente, pretende a través de una demanda de delimitación municipal, recuperar esos terrenos para el Ayllu Tauca de Urinsaya de San Pedro de Opoco, Nación Killacas del departamento de Potosí.

En el caso específico de la estancia Jankomarka, sobre la que versa la Certificación emitida por el Jilacata del Ayllu, contenida en el Acta de Determinación Ayllu Tauca de Urinsaya de San Pedro de Opoco, Nación Killacas del departamento de Potosí, de 25 de junio de 2018; da cuenta de la intención de refrendar la titularidad sobre dicho predio, haciendo uso de documentos que procuran legitimar la posesión ancestral de la tierra, resultando que la norma comunitaria que sustenta esta certificación, es que “todos los comunarios poseen la tierra en tanto y en cuanto son descendientes de poseedores ancestrales, son familias que cumplen con los servicios a la comunidad, son contribuyentes y respetan el derecho de posesión de las otras familias del Ayllu” (Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/005/2018; fs. 580).

Sin embargo, de acuerdo a los datos recabados por la Unidad de Descolonización de la Secretaría Técnica y Descolonización de este Tribunal, en la Resolución de 25 de junio de 2018 –remitida a objeto de la Consulta que se revisa–, no existe aplicación de justicia indígena originaria campesina como tal, puesto que no hay infracción al estatuto o a las normas de convivencia de la comunidad; tratándose más bien, del “ejercicio de una norma comunitaria de orden administrativo al interior del Ayllu y no de una norma jurídica que determine una sanción (…) sino el ejercicio de las facultades y atribuciones que tienen las autoridades originarias de certificar quienes son sus comunarios estantes y/o residentes, quienes están cumplimiento la función social y sus costumbres (…). Fue una acción personal que realizó la autoridad originaria a solicitud expresa de los interesados (Braulio y sus hermanos Cristóbal y Zacarías)”.