I.
El problema jurídico constitucional formulado emerge de la dilación en la resolución de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por lo accionantes por parte de las autoridades demandadas; toda vez que, siendo planteada dicha excepción ante su Tribunal, señalaron que debía aguardarse a que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emita un nuevo Auto Supremo conforme dispuso la SCP 0756/2017-S2 de 31 de julio, omitiendo tramitar y resolver la misma según establece el Código de procedimiento penal por tratarse de un recurso de previo y especial pronunciamiento, máxime si la causa deviene desde hace más de nueve años, tornando su situación jurídica en incierta.